2 de agosto de 2022

La Aduana lanzó un operativo de fiscalización que implica el envío de intimaciones a unas 500 empresas que importaron mercadería al dólar oficial, luego de que solicitaran y obtuvieran cautelares judiciales. Si la Aduana comprueba ilícitos en la tramitación, las empresas que los cometieron serán eliminadas del registro de importadores y exportadores. Las compañías tendrán que justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial. A los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otros elementos. También tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido; en este último caso, deberán informar el valor de venta en el mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes.