25 de enero de 2017
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpela a la ciudadanía respecto a quién tiene el «derecho» a vivir y transitar dignamente por ella. El presupuesto y los anuncios recientes muestran que solucionar el déficit habitacional no está entre las prioridades, aunque sí las grandes obras que auspician procesos de recualificación urbana en zonas de altos ingresos.
En este marco, se presentó la obra «Paseo del Bajo» en la intersección de las avenidas San Juan y Alicia Moreau de Justo. Esta fue licitada internacionalmente y adjudicada a las empresas Corsan Corviam Construcción S.A. por $1.500 millones, a Green-CEOSA por $1.600 millones y a las empresas IECSA-Fontana Nicastro de Calcaterra (primo de Macri) por $3.183 millones (más del 50% del presupuesto). La inversión total, de $6.283 millones, será financiada en parte con fondos propios de la Ciudad y de la Nación, y el mayor porcentaje provendrá de un préstamo internacional de US$ 340 millones del Banco de Desarrollo de América Latina. Se suma la mega obra «Red de Expresos Regionales del Obelisco», donde confluirán subtes, colectivos, combis y ferrocarriles y que estipula una inversión de US$ 1.800 millones en 8 años.
La contracara de estos proyectos: más del 10% de la población de la ciudad sigue dentro de los parámetros de déficit habitacional. En materia de construcción autogestionada de la vivienda (Ley 341) y de emergencia habitacional, para tomar dos ejemplos, los montos asignados en el presupuesto 2017 son $233 millones y $192 millones, respectivamente, cifras que distan muchísimo del presupuesto asignado a grandes obras. Otra vez afirmamos que estamos frente a un modelo que tiene una práctica sistemática de expulsión de la población imposibilitada de pagar los altos costos de vivir en esta ciudad.
