6 de junio de 2025
La situación de los trabajadores de prensa es muy complicada: a los bajos salarios se suma la persecución del Gobierno en las calles y en las redes sociales. Pablo Grillo, una marca de época.
Congreso. Represión policial contra camarógrafos y cronistas durante una marcha en defensa de los jubilados.
Foto: NA
Al cruzar la puerta de la redacción los espera un salario de miseria. Pero no hay tiempo para lamentarse, tienen que salir corriendo a –con suerte– otro medio, a la changa, al Uber. De camino, repasan en redes sociales la furia de los trolls, el más bravucón con banda presidencial. Esa avanzada tiene para un par de ellos la forma de una acusación penal. Si quieren protestar le limitan el derecho a huelga. Si van a cubrir la protesta de otros les arrancan la mitad del cráneo de un golpe de proyectil, los muelen a palos, los lastiman con gas, los llevan presos. Si quieren preguntar en la Casa Rosada, les digitan el acceso, los hacen concursar como en un reality show y hasta les dicen cómo vestirse.
Este 7 de junio las y los periodistas no quieren saludos: quieren salarios dignos, quieren que el trabajo no ponga en riesgo su vida, quieren que el odio sea ya, por fin y de una vez, suficiente.
Detrás de la fábrica de noticias hay un mundo de obreros mal pagos. Un informe reciente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) revela que 7 de cada 10 trabajadoras y trabajadores de prensa cobran un sueldo por debajo de la línea de pobreza. El desglose por sector es desparejo: la peor situación la viven los periodistas de diarios (80,6%), luego los de las radios (66,6%) y después los de la televisión (40,5%).
Sin estar ajenos a la misma realidad que (a veces) reflejan en sus portadas y sus titulares, las tareas de prensa tienen a la precariedad y al pluriempleo como estrellas invitadas. La mitad de los periodistas tiene dos o más empleos para sobrevivir. Y sin embargo, el 43% tampoco supera la línea de la pobreza sumando los sueldos de todos sus empleos. Solo cinco de cada cien (¡cinco de cada cien!) pueden sostenerse con el ingreso de su principal empleo.
Hay otra (y peor) vida fuera de las luces del estudio. Hay mucho sufrimiento fuera del selecto y minúsculo grupo de rostros pétreos, impostura de almidón, sonrisas de oropel. El informe de SiPreBA da cuenta de que un fotógrafo de una agencia es florista, un redactor de un diario es ayudante de albañil, otro de un portal muy importante vende su ropa usada o sus propios electrodomésticos para sobrevivir, decenas de compañeros y compañeras de distintos medios trabajan en Uber, Cabify u otras plataformas de delivery.
El Gobierno de Javier Milei persigue a los periodistas. El odio, ese que según el jefe de Estado nunca es poco, nace en la palabra, se replica en la virtualidad de las redes, ingresa a los Tribunales y, trágicamente, termina con sangre en las calles.
Protesta. Olla popular en un reclamo de periodistas por recomposición salarial, en mayo pasado.
Foto: Rolando Andrade Stracuzzi
Ataques permanentes
El presidente de la nación había denunciado a Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa por el delito de calumnias e injurias. En su presentación, argumentó que dichos de esos periodistas habían afectado su honor y reputación. Recientemente, el juez federal Daniel Rafecas desestimó la imputación, expresando que «utilizar el ámbito penal para perseguir opiniones periodísticas pondría en riesgo el debate democrático». En su fallo usó jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el ámbito internacional, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dio cuenta de «un deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos».
De la tinta y el papel de los expedientes a la sentencia de las pantallas del celular, la violencia contra el periodismo muta sin perder su agresividad. El reporte de SiPreBA exhibe que uno de cada tres trabajadores de prensa padeció amenazas u hostigamiento. De esos episodios, el 80% se dio en el terreno digital. La cara más visible de estos ciberataques fue la de Hugo Alconada Mon. A la horda oficial no le bastó la embestida coordinada en redes. Una de las plumas más relevantes del diario La Nación declaró que diez veces intentaron tomar el control de su cuenta de WhatsApp. También quisieron ingresar a su cuenta en la red social X, recibió insultos y amenazas en su teléfono celular desde cuatro números telefónicos distintos y hasta registraron con su nombre una página pornográfica.
Ya lo había propuesto en 2015: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tiene una obsesión con los «corralitos», no solo para los dólares. Durante el gobierno de Mauricio Macri había procurado alejar de la escena pública (manifestaciones, piquetes, actos) a los periodistas para «cuidarlos». No pudo. Ahora, ante la ya clásica represión a jubilados de los días miércoles, aseguró que el problema de la prensa es que suele estar demasiado cerca del accionar policial. El vocero presidencial Manual Adorni también procura controlar la situación: plantea lanzar en la Casa Rosada un sistema para que, a través de las distintas redes sociales oficiales, la gente que vea las conferencias del vocero pueda votar qué periodista puede preguntar y cuál no. También busca regular estéticamente las tareas, estableciendo un código de vestimenta que, por cierto, no rige para ninguna otra persona que entre por Balcarce 50.
Para terminar de asfixiar la actividad, el Gobierno enmarcó por decreto a la actividad periodística en radio y televisión como «trascendental», obligando a cumplir un servicio con el 50% del personal en caso de huelga. El avance contra el derecho a la protesta fue suspendido ante una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT). Un fallo judicial estableció que «el dictado de la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical».
Pablo Grillo estará en su casa este Día del Periodista. El hospital público le salvó la vida. El reportero gráfico lleva (llevará por siempre) la marca de esta época cruel. Se sabe: en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Por eso el castigo ejemplificador a los que insistan en seguir con los ojos bien abiertos.
