Los pueblos originarios de la Patagonia tuvieron una reivindicación en la Justicia: un fallo puso en negro sobre blanco la política de criminalizarlos y estigmatizarlos como una amenaza de seguridad, impulsada por la ministra Patricia Bullrich.
22 de mayo de 2019
Bariloche. Una de las marchas de protesta por el asesinato del joven mapuche. ( ALEJANDRA BARTOLICHE/TÉLAM)
Pocos antecedentes hay en la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial de un fallo como el que denunció la desmedida injerencia de los funcionarios de Seguridad de Cambiemos en el caso por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. Lo hizo la Cámara Federal de General Roca al revocar la decisión del juez de primera instancia respecto del cabo Francisco Javier Pintos y determinar que debe ser juzgado por el homicidio de «Rafita», como le decían, además de esperar el juicio en la cárcel. El 25 de noviembre de 2017, dos días después del violento desalojo del territorio recuperado del Lof Lafken Winkul Mapu en el sector de Parques Nacionales de Villa Mascardi, una patrulla del grupo Albatros de la Prefectura ingresó al predio y disparó contra los jóvenes que habían regresado. Tal como es su costumbre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que se había tratado de un «enfrentamiento armado» y acusó sin pruebas a los mapuches de poseer armas de fuego. La intención era clara: encubrir al autor material de esa muerte. Con tal horizonte el Gobierno se cargó la división de poderes y las garantías del debido proceso operando en forma directa en el expediente judicial y activando la campaña mediática de demonización de los mapuches.
En esta perspectiva, el fallo de la Cámara rionegrina coloca los hechos en su lugar y aporta una brisa de esperanza para revertir la criminalización de los pueblos originarios que se convirtió en un plan sistemático en la Patagonia, tal como afirma Sonia Ivanoff, abogada del referente de Cushamen encarcelado en Chile, Facundo Jones Huala. Y lo hace sin medias tintas. El camarista Barreiro destacó que el Gobierno defendió el accionar de las fuerzas de seguridad en «innumerables episodios, sin aguardar el pronunciamiento judicial, o respaldó el uso de la “mano dura” con invocaciones a la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, apuntalando la construcción del enemigo interno».
Desde aquel día en que Fausto Jones Huala junto con Lautaro González bajaron del cerro el cuerpo moribundo de Rafita, y sin pausa durante un año y medio, el Gobierno desplegó su doble estrategia, en los medios y en el expediente. Si bien solo fueron secuestradas boleadoras y lanzas, y el perito Enrique Prueger caminó toda la zona sin encontrar rastro alguno de disparos de arma de fuego, la ministra Bullrich dijo en televisión que del lado aborigen hubo armamento, porque «los árboles fueron arrancados de cuajo», pero resultó que no era cierto. Los árboles estaban en perfecto estado y así lo resaltó la Cámara un año y medio más tarde en esta resolución.
Por la espalda
Rafael Domingo Nahuel Salvo había logrado escapar de un destino de marginalidad y de pobreza, denominador común en el Alto Bariloche para los jóvenes, cuando abrazó el regreso a su origen mapuche, aprendió un oficio y la lengua, y comenzó a soñar con construir su ruca (casa) en el territorio que sus hermanos estaban a punto de recuperar. Como recalcaron los camaristas Mariano Lozano, Richar Gallego y Ricardo Barreiro, son tierras públicas. «El Gobierno tiene que pagar por lo que pasó con Rafita, perdimos la vida de nuestro hijo, fue todo planeado. Macri y Bullrich tienen que hacerse cargo de su culpa», dijo su mamá, Graciela Salvo, al conocer el fallo que modificó la carátula de «exceso en legítima defensa» a «homicidio calificado». En su voto, el juez Barreiro reveló la articulación entre los jueces Gustavo Villanueva y Leónidas Moldes con la ministra de Seguridad y los abogados de los prefectos acusados; describió la gestión del Ministerio como desmesurada, sin respeto por la división de poderes y artífice de la construcción del enemigo interior; transcribió todos los artículos periodísticos donde el ministerio fijó posición proclamando la inocencia de Pintos, antes de que se conocieran detalles de la causa para anticiparse con sus versiones y ganarse la opinión pública. ¿División de poderes? Esa te la debo. Matar por la espalda es un delito agravado, aunque el Gobierno promueva lo contrario.
