11 de enero de 2024

Florencia Vidal

La ampliación de políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva fue clave en la reducción de la fecundidad de niñas y jóvenes. La ESI y el nuevo Gobierno.

Aunque para nada homogéneo sino con evidentes desigualdades territoriales, en los últimos diez años, la fecundidad global de Argentina registró el índice más bajo de su historia con un descenso de un 34%. La tendencia es aún más marcada en el caso de los embarazos en menores de 20 años, con un 55%, lo que significa un avance importante ya que de 10 embarazos que se dan en esta franja etaria, 7 son el resultado de accidentes, abusos o falta de recursos y no de una libre elección.
«Se trata de una buena noticia porque el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana se traduce en inequidad social y de género que, desde esta perspectiva, se entienden como causa y consecuencia de la vulneración de derechos que limitan la libertad de decisión de niñas y adolescentes en torno a su trayectoria vital», explica Celeste Leonardi, oficial en Salud Sexual y Reproductiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Argentina. Entre esos derechos se destacan principalmente el acceso a una educación de calidad, a trabajos e ingresos dignos, a la salud sexual y reproductiva que incluya métodos anticonceptivos eficaces y a una vida libre de violencia de todo tipo.
El estudio Milena, realizado por este organismo, muestra cómo un embarazo no intencional en la adolescencia o en la niñez afecta la calidad de vida, ya que impacta negativamente en una multiplicidad de aspectos. Las investigaciones señalan que las niñas menores de 15 años tienen una probabilidad 4 veces mayor de mortalidad materna que las mujeres de entre 20 y 24 años. Con respecto a la salud mental, se observan tasas más altas de síntomas de depresión y ansiedad en las adolescentes durante el embarazo y el posparto que en la población adulta.

Implicancias económicas
En el plano de la formación, Leonardi asegura que influye en las trayectorias educativas por la alta deserción, lo que a su vez conduce a una inserción laboral más precaria, que repercute en el desarrollo de los países y en la reproducción intergeneracional de la pobreza. «Las brechas en la participación laboral, el empleo y las remuneraciones que enfrentan las mujeres que tienen su primer hijo o hija en la adolescencia respecto de las que posponen su maternidad a la primera década de su vida adulta, no solo tienen implicancias económicas negativas sobre aquellas y sus grupos familiares, sino que generan costos socioeconómicos para la sociedad».
Pero, ¿cuáles son los factores que incidieron en la significativa reducción de la tasa de fecundidad adolescente, TEFA, y qué rol jugaron los feminismos al respecto? «Los movimientos feministas fueron y son clave en la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos. El movimiento Ni una Menos logró poner en agenda pública y visibilizar la violencia de género y dio impulso a legislaciones como la Ley Micaela o la de Interrupción Voluntaria del Embarazo», explica Leonardi.
En este sentido, la representante de las Naciones Unidas afirma que, si bien se trata de un fenómeno multicausal, la ampliación de políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva, que se llevó a cabo en los últimos 20 años, y especialmente el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, Plan ENIA, están íntimamente relacionados con estos avances.
El Plan ENIA es la primera política pública de Argentina que plantea la intervención integral e intersectorial sobre esta problemática mediante la articulación de los servicios de salud con las escuelas para brindar información, contención en el ámbito de consejerías y accesibilidad a métodos anticonceptivos, especialmente a aquellos gratuitos y de larga duración, como los implantes subdérmicos. El programa designa a un representante del sector de salud que es el responsable de visitar un número de escuelas, ser el nexo entre los alumnos, las alumnas y los centros y propiciar que se acerquen a hacer consultas.
Datos oficiales indican que desde su puesta en marcha, hace seis años, la TEFA temprana –es decir la de las menores de 14 años– bajó 42,9% y la TEFA tardía –entre los 15 a los 20 años– descendió 45,1%. Si se compara con las provincias donde se implementó con aquellas donde aún no, se observa que la caída de la TEFA es más pronunciada en las primeras.
«Este Plan se sostuvo en dos gestiones de Gobiernos disímiles, comenzó en 2017 y, con el cambio de Gobierno en 2019, no solo se continuó sino que se amplió. Por eso resulta prioritario continuar los logros alcanzados y superar desafíos, porque recordemos que, aunque la TEFA en Argentina es inferior a la media regional, existen diferencias territoriales significativas y algunas provincias presentan indicadores tres veces superiores a la media nacional, con niveles similares a los registrados en las regiones menos desarrolladas del mundo», aclara Leonardi. En Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Catamarca, San Juan, Jujuy, Entre Ríos y Tucumán los índices se ubican sobre la media del país.

Sostener lo que se hizo
Por su parte, la médica, referente feminista y presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, no duda en la necesidad de promover que el Plan ENIA continúe funcionando con la nueva gestión. «Significaría sostener todo lo que ya se hizo, pero además seguir ampliando, porque es un programa preventivo que ha dado muy buenos frutos para mejorar la vida de muchas de nuestras niñas y adolescentes. Necesitamos que se llegue a todos los rincones del país para que no haya ninguna chica menor de 18 años sin ser acompañada en algún momento por este programa en la escuela, para que puedan decidir tener o no hijos», enfatiza.
En cuanto a la Educación Sexual Integral (ESI), Leonardi afirma que desde 2006 se aplica de manera diversa en las distintas jurisdicciones del país, aunque han habido diferentes avances legislativos para promover su implementación efectiva y establecer la obligatoriedad de realizar jornadas anuales sobre ESI y prevención de violencias o instituir los núcleos prioritarios de aprendizaje.
«Pese a esto, aún continúa habiendo desafíos para lograr que llegue a todas las escuelas y puntos del país, tanto a nivel formal como no formal. Las adolescencias y juventudes sostienen en agenda la ESI y la necesidad de que se adapte a sus inquietudes, señalando que es una herramienta para tomar decisiones informadas y prevenir situaciones no deseadas», explica Leonardi.
A pocos días de que representantes de los sectores más reaccionarios del país asumieran el Poder Ejecutivo, no faltan motivos para pensar que el futuro de las políticas públicas relacionadas con estas cuestiones es aún incierto. Durante la campaña, Javier Milei definió a la ESI como un «adoctrinamiento» que «destruye a la familia» y Ramiro Marra, que fue su candidato a jefe de Gobierno, expresó: «A los chicos les digo que miren pornografía». La misma plataforma de La Libertad Avanza es concluyente al respecto cuando propone «eliminar la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza». A partir de ahora, estos temas quedan bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y afuera de la defensa que se haga de los derechos adquiridos.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de 2013 expresa que la promoción y la protección de los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para el logro de la justicia social. «En una sociedad justa todas las personas deberíamos tener el derecho de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas», concluye Leonardi. 

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