23 de abril de 2026
El sistema de discapacidad sufre un escenario de colapso, donde el Estado –por acción u omisión– decide quiénes son arrojados al abismo del desamparo. Testimonios de lucha.
«Basta de ajuste». Personas con discapacidad, en una marcha hacia el Ministerio de Salud, piden por sus derechos.
Foto: Manuel Barrientos
Detrás de los números fríos hay familias, historias de cuidado y un sistema de apoyos que tomó décadas construir y que hoy se desmorona.
María Martínez vive en Lomas de Zamora y es la mamá de Kevin y Brandon, dos jóvenes con discapacidad. Su voz es la de miles de familias que pasaron de la lucha cotidiana contra las obras sociales y las prepagas a una incertidumbre que quita el sueño. «Cada año había que hacer un extra de papeleo burocrático, pero finalmente recibíamos los medicamentos y eran autorizadas las prestaciones. Ahora hay que hacerlo mes a mes, y aún así no está garantizado», cuenta. El cambio no es solo presupuestario, sino ideológico. María siente que el relato oficial criminaliza la vulnerabilidad. «Se instaló desde este Gobierno que las personas con discapacidad son truchas y que no merecen obtener nada», denuncia. Su mirada sobre la gestión de Javier Milei es contundente: «Este Gobierno busca el exterminio de las personas con discapacidad. No le encuentro otra explicación. A este personaje lo veo como Nerón, busca la destrucción total».
La comparación nace de la sensación de que existe un regocijo en la crueldad. María recuerda que, incluso en gestiones anteriores con las que tenían diferencias, como la de Mauricio Macri, existían instancias de diálogo. «Ahora no solo no nos escuchan: se nos ríen en la cara y nos dicen “no nos importa lo que les pase”».
La profundidad del daño
El sistema de la discapacidad se sostiene sobre una red de profesionales e instituciones que hoy trabajan a pérdida. Ebley, musicoterapeuta con cinco títulos y una trayectoria que combina las áreas de salud y educación, describe una jornada laboral que es una carrera de resistencia: siete horas en la escuela y después sigue en el consultorio hasta las 20:30 horas para intentar empatar con una inflación que devora los honorarios.
«El colectivo de discapacidad está siendo vapuleado, las instituciones están cerrando, los recortes son brutales y hay un ensañamiento de parte de la gestión gubernamental», explica. Ebley coordina equipos de salud que, en el mejor de los casos, están percibiendo en abril los honorarios correspondientes a enero, con valores que no cubren los gastos básicos de consultorio.
La profesional advierte sobre la gravedad de la situación actual: «Los profesionales se están empezando a dedicar a otra cosa, porque no pueden sostener sus espacios de trabajo». El descalce es total: mientras una acompañante escolar gana poco más de 400.000 pesos por 20 horas semanales –una cifra que torna imposible la subsistencia–, las obras sociales dejan de aceptar monotributistas sociales, dejando a las familias a la deriva. Ebley enfatiza que una terapia que se interrumpe no es un gasto ahorrado, sino un proceso de desarrollo personal que se quiebra. Es la pérdida de derechos conquistados a lo largo de décadas.
Marcelo Betti, economista e integrante de la Comisión de Discapacidad de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), describe una «asfixia financiera» que afecta tanto a grandes instituciones con décadas de trayectoria como a pequeños prestadores. «La situación es cada vez más crítica, con un Gobierno nacional que paga las prestaciones con demoras cada vez mayores, y sigue resistiendo el cumplimiento de ley de Emergencia», señala. A la falta de fondos se suma una «violencia discursiva sin precedentes» por parte de los funcionarios nacionales. Esta estigmatización busca, según su análisis, silenciar a quienes intentan visibilizar la gravedad de la situación.
Desde el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Eduardo Maidana, con 40 años de experiencia en el sector, señala el «nudo gordiano» de la gestión Milei: el Ministerio de Salud deriva las responsabilidades a Economía. Mientras tanto, programas vitales como Incluir Salud y el PAMI arrastran deudas desde noviembre del año pasado. «Es un Gobierno que no tiene compromiso para que todos los argentinos tengan derecho a la salud y la educación. Estamos frente a un Estado que excluye a los más necesitados», afirma. La falta de pago a los transportistas generó un efecto dominó devastador: los chicos no llegan a los hogares o centros de día, y para muchos de ellos, esa era la única instancia donde recibían una comida completa. Para Maidana, el diagnóstico es político: «Acá lo que prima es la idea de que cada uno se salve como pueda».
Quiénes pueden vivir y quiénes no
Aníbal Zárate, licenciado en Trabajo Social y activista de Unidos por la Discapacidad de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, le pone un marco teórico al colapso. Cita al filósofo Achille Mbembe para hablar de «necropolítica», ese ejercicio del poder que define quiénes son «desechables». «Las actuales políticas hacia las personas con discapacidad en Argentina se alinean con esta lógica de la necropolítica, en la medida en que colocan a miles de ciudadanos ante condiciones de vida cada vez más precarias y riesgosas», explica.
Esa precariedad se palpa en el acceso a los insumos. Sillas de ruedas, pañales, medicamentos y leches medicinales sufren aumentos desproporcionados, mientras las coberturas son rechazadas de modo sistemático. El resultado es el endeudamiento de las familias, a veces en dólares, para comprar oxígeno o sondas que el Estado dejó de proveer.
Incluso donde hubo anuncios de alivio, la realidad desmiente al Boletín Oficial. Darío Corrao, vicepresidente de la Federación de Talleres Protegidos bonaerense (Fetap), relata que el aumento anunciado para los 6.511 operarios –que debía elevar la asignación de 28.000 a 143.890 pesos– es, hasta hoy, una cáscara vacía. No solo no cobraron el aumento, sino que tampoco recibieron su peculio durante los últimos cuatro meses. Para Corrao, el Gobierno «solo quedó bien con el título del anuncio», mientras miles de personas que viven de ese ingreso mínimo son ignoradas.
En Semana Santa, la Conferencia Episcopal envió una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, advirtiendo sobre la crisis terminal de los hogares. El arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, lavó los pies a personas con discapacidad en uno de los hogares Don Orione cuya continuidad peligra, y pareció abrirse una ventana de diálogo.
Pero en los despachos oficiales aún rige la dilación. Y el Ejecutivo envió al Senado un proyecto de modificación de la nunca implementada ley de Emergencia en Discapacidad, que plantea restricciones aún más duras al acceso a las pensiones y suprime el piso mínimo de calidad en las prestaciones. Por eso, esta semana las familias y organizaciones llevaron adelante un cese de actividades y volvieron a movilizarse al Ministerio de Salud para rechazar el proyecto oficial, reclamar por las deudas asfixiantes y la vulneración sistemática de los derechos de las personas con discapacidad.
Desde Lomas de Zamora, María Martínez resume el sentimiento de quienes hoy se sienten perseguidos por el Estado que debería protegerlos: «Esto es robarle al que está más indefenso: como saben la problemática que tienen las familias, que nos cuesta mucho movilizarnos para reclamar, entonces se creen dueños de hacer lo que quieran».
