28 de junio de 2026
La Ciudad de Buenos Aires tiene un problema de sobrepoblación carcelaria en comisarías. Organizaciones de derechos humanos vinculan el fenómeno con una política de detenciones para «limpiar» el espacio público. Derechos vulerados y advertencia de la ONU.
La ONU advirtió a la Argentina por la cantidad de presos en comisarías. Lo hizo a través del informe del Comité Contra la Tortura (CAT) elaborado a fines del año pasado en el cual se detectó una situación espacialmente alarmante en la Ciudad de Buenos Aires, en donde en la actualidad se encuentran privados de su libertad 2.200 reclusos en dependencias policiales y alcaidías. Además, estos lugares sufren una sobrepoblación de alrededor del 70%, ya que la capacidad máxima es de 1.300 plazas.
«El hacinamiento extremo se traduce en: falta de luz natural y ventilación; acceso limitado a agua potable y alimentación insuficiente; y ausencia de espacios de educación, trabajo o recreación», alertó el organismo internacional.
Cabe recordar que ya de por sí las detenciones en comisarías están prohibidas en nuestro país desde 2005 de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, además de una red de leyes procesales y tratados internacionales.
Precisamente en las Observaciones Finales del séptimo informe de la CAT, producido junto con una serie de organizaciones locales, se aclaró que «estos espacios estan diseñados para permanencias provisorias» y que «las comisarías carecen de la infraestructura necesaria para la vida digna», alertando al Estado argentino para su pronta solución.
Si bien es una problemática generalizada, ya que a nivel nación también hubo un aumento del 50%, según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (Inecip), esto se dio en un período de 10 años; mientras que en CABA el acrecentamiento llegó a casi el triple en tan solo cuatro años.
Este severo aumento en la Ciudad tiene variadas causas. Por un lado, comenzó durante la pandemia, cuando el Servicio Penitenciario Federal frenó el acceso de nuevos internos debido al cuidado sanitario y luego se extendió por la falta de cupo.
Macarena Hofmann, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien participó del informe de la CAT, hace un repaso de la situación: «En este tiempo, cuando las personas empezaron a quedar detenidas en las comisarías de la Ciudad, primero se reclamó al Servicio Penitenciario Federal que absorbiera a esas personas, algo que hasta el momento no sucedió. Y, por otro lado, se generaron algunas alcaidías y convirtieron algunas comisarías en una suerte de pseudocárceles, de manera muy precaria, sin respetar ninguno de los estándares necesarios para alojar personas de forma permanente. Además, esas personas están custodiadas por la policía, que no está preparada para estas funciones. En parte esto explica la cantidad de fugas que hubo en 2025». Y recuerda que la Ciudad debería hacerse cargo de esta problemática, ya que su Constitución exige un sistema penitenciario propio. Sin embargo, recién a principios de este año se promulgaron leyes al respecto, con la construcción de una unidad penitenciaria en Marcos Paz que todavía está en proceso.
Sin embargo, para Hofmann existen otras causantes de este aumento: «Desde 2024, las personas que han quedado detenidas pertenecientes a la Justicia nacional aumentaron un 8% y son la mayoría. Pero aparte hay una cuestión que nos resulta bastante obvia a quienes vivimos en la Ciudad y es que hay una política de mayores detenciones; y, sobre todo, que estas se utilizan para desalojar la calle. Eso tiene un impacto en los niveles de detención y es evidente».
Exclusión
Ezequiel Paulucci, secretario ejecutivo del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo (MLPT) de CABA, respalda esta hipótesis: «Se observa de manera recurrente la presencia de personas con trayectorias marcadas por la exclusión habitacional entre la población alojada en comisarías y alcaidías. Según los relevamientos realizados, en diciembre de 2025 casi el 10% de las personas detenidas se encontraba en situación de calle al momento de su detención».
Y agrega que: «Los monitoreos muestran que las situaciones de extrema vulnerabilidad social aparecen de manera cada vez más frecuente en los relatos de las personas entrevistadas. Esto evidencia la estrecha relación existente entre las condiciones de exclusión social, las dificultades de acceso a derechos básicos y las trayectorias que terminan atravesando el sistema penal».
Otra de las organizaciones que viene siguiendo el tema desde 2025 es El Mapa de la Policía, quienes relevaron once comisarías hasta el momento. Según su investigación, esta situacion se debe a una «política de limpieza» de espacios públicos: «Manteros, vendedores ambulantes y gente en situación de calle. Por otro lado, se justifica el accionar represivo con más personas encerradas. Por último, Jorge Macri arrancó la campaña y quiere ser más duro que los duros», analiza Cecilia Samanes, consultada por Acción.
Según su análisis, estiman que la mayoría de los detenidos no tiene condena firme y, si bien los plazos de detención promedian entre 3 a 6 meses, han detectado casos de hasta 18 meses en esta condición.
Al cotejar el informe del MLPT, publicado en la web de la Defensoría del Pueblo, se puede establecer que la estimación es correcta: «Al 1 de junio de 2026, el 49,5% de la población alojada se encontraba procesada; el 37,8% aún no contaba con una resolución de su situación procesal; y el porcentaje restante correspondía a personas condenadas».
Paulucci finalmente alerta sobre cómo el perfil más punitivista de los Gobiernos solo empeora la situación: «Las políticas orientadas a un mayor uso de la prisión tienen un impacto directo sobre los niveles de encarcelamiento. Las reformas que endurecen las penas, amplían el uso de la prisión preventiva o restringen mecanismos de egreso suelen traducirse en un aumento sostenido de la población privada de libertad».
En resumen, la sobrepoblación en comisarías tiene consecuencias claras, inmediatas y penadas por la Constitución Nacional. Falta de visitas e intimidad, problemas para higienizarse con duchas limitadas o que están por fuera de la celda, condiciones de salubridad pésimas, sin ventilación ni luz. Es decir, condiciones inhumanas que pueden llegar a presentar un riesgo para la vida de las personas.
