31 de julio de 2026
Las modificaciones exigidas por el FMI contemplan cambios estructurales para el sistema jubilatorio argentino. Edad mínima, unificación de la PUAM y revisión de regímenes especiales.
Edad de retiro. La propuesta del organismo internacional de crédito supone avanzar hacia una equiparación entre hombres y mujeres.
Foto: Jorge Aloy
Tras su visita al país, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se llevó, entre otras cosas, el compromiso del Gobierno nacional de hacer una reforma previsional en pleno año electoral. Ya en la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas, el organismo insistió en la necesidad de avanzar sobre el sistema jubilatorio argentino y detalló cuáles son las modificaciones que espera que impulse el Gobierno para reducir el peso del gasto previsional sobre las cuentas públicas. Entre las modificaciones comprometidas figura modificar la edad jubilatoria, reemplazar el esquema actual por uno proporcional según los aportes, unificar regímenes especiales y ampliar la base de contribuyentes.
El documento técnico aprobado por el directorio del FMI sostiene que el sistema previsional argentino es «fiscalmente insostenible» y considera necesaria una reforma integral que modifique tanto las condiciones de acceso a la jubilación como la forma en que se calculan los beneficios. Si bien el cronograma oficial posterga la presentación del proyecto para diciembre de 2027, el informe deja en claro cuáles son los cambios que forman parte de los compromisos asumidos por la administración de Javier Milei.
La intención oficial de avanzar en esa dirección también fue ratificada públicamente por el propio Fondo, que sostuvo que el Gobierno «planea fortalecer aún más el marco tributario, de pensiones y fiscal».
Las definiciones del FMI se producen luego de que el Gobierno utilizara el gasto previsional como uno de los principales instrumentos para alcanzar el superávit fiscal durante el primer año de gestión. Distintos estudios privados señalaron que buena parte del ajuste del gasto público se explicó por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y por la modificación de la fórmula de movilidad.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el recorte a las jubilaciones y el cambio de fórmula explicaron el 19% del ajuste del gasto durante 2024. CEPA también estimó que hacia mediados de ese año las jubilaciones acumulaban una pérdida real de 12,3% respecto a igual período de 2023.
Cinco puntos
El staff report del organismo identifica cinco ejes principales sobre los que debería avanzar la reforma previsional comprometida por Argentina. El primer cambio consiste en diferenciar claramente las jubilaciones obtenidas mediante aportes, de aquellas prestaciones de carácter asistencial.
El Fondo propone integrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con la jubilación básica y establecer una separación más definida respecto de las prestaciones contributivas. El objetivo, según el documento, es distinguir los beneficios financiados mediante aportes laborales de aquellos sostenidos directamente por recursos del Tesoro Nacional.
Cajas provinciales. Estos regímenes conviven con otros especiales, como, por ejemplo, para jueces, diplomáticos, docentes, investigadores y trabajadores de distintos niveles del Estado.
Foto: Bibiana Fulchieri
El segundo punto consiste en abandonar el requisito actual de 30 años de aportes para acceder a una jubilación plena. En su reemplazo, el Fondo impulsa un sistema proporcional en el cual cada trabajador acumule derechos previsionales de acuerdo con los años efectivamente aportados. En la práctica, esto implicaría que quienes no alcancen los años requeridos ya no accederían a una jubilación equivalente a la mínima mediante mecanismos extraordinarios como las moratorias, sino que percibirían un haber proporcional al tiempo aportado durante su vida laboral.
La propuesta representa uno de los cambios más sensibles del sistema, ya que la elevada informalidad del mercado de trabajo argentino dificulta que una gran parte de los trabajadores complete tres décadas de aportes. Más aún cuando solo un 25% de los varones y un 15% de las mujeres lo alcanzan.
El tercer eje planteado consiste en ampliar la cantidad de trabajadores que realizan aportes al sistema previsional. Para el organismo, esa meta depende principalmente de un incremento del empleo formal. Por esa razón, el Gobierno informó al Fondo que primero buscará implementar la denominada reforma laboral y recién después avanzará sobre las modificaciones previsionales.
El cuarto punto apunta a reducir la fragmentación del sistema previsional argentino. El organismo sostiene que la existencia de más de 200 regímenes jubilatorios diferentes genera desigualdades entre beneficiarios y representa un costo creciente para las cuentas públicas. En el staff report aprobado por el directorio se afirma que la reforma deberá «simplificar el sistema hiperfragmentado» y mejorar «la relación de proporcionalidad entre las contribuciones y los beneficios». El objetivo es avanzar hacia un esquema más homogéneo, con reglas comunes para la mayoría de los trabajadores. En la actualidad conviven regímenes especiales para jueces, diplomáticos, docentes, investigadores, trabajadores de distintos niveles del Estado y múltiples cajas provinciales, además de sistemas específicos para actividades particulares. Cada uno posee requisitos diferentes de edad, años de aportes y cálculo del haber inicial. De acuerdo con los cálculos del Cippec, el gasto previsional representa alrededor de 10 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y una parte significativa corresponde a esos regímenes especiales.
Por último, el quinto punto señalado por el Fondo es probablemente el que genera mayor expectativa y también mayor resistencia política. El organismo plantea «alinear la edad de retiro con las tendencias demográficas» y avanzar hacia una equiparación progresiva entre hombres y mujeres. El documento no fija una edad específica ni establece un cronograma obligatorio, pero deja abierta la posibilidad de modificar los actuales requisitos, que hoy establecen 60 años para las mujeres y 65 para los hombres en el régimen general. El Gobierno evitó hasta ahora confirmar que impulsará un aumento de la edad jubilatoria.
No obstante, el contenido del acuerdo firmado con el organismo deja ese debate incorporado entre las reformas estructurales comprometidas para los próximos años.
