12 de marzo de 2026
El exjuez Roberto Pompa advierte sobre los efectos que tendrá la ley recientemente sancionada, a la que considera «un instrumento para la destrucción de derechos de los trabajadores».
«Me temo que esta reforma laboral conspire contra la paz social», advierte el exjuez Roberto Pompa, una voz más que autorizada para analizar la «Ley de modernización laboral» que impulsó el Gobierno de Javier Milei y aprobó el Congreso de la Nación. La normativa, que para este exmagistrado «nos retrocede al siglo XIX» y provocará «despidos masivos», entró en vigencia este 6 de marzo.
Con 49 años de experiencia en el fuero laboral, Pompa fue integrante de la Cámara Nacional del Trabajo hasta el año pasado y actualmente preside la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y es cocoordinador del Foro para la Defensa del Derecho del Trabajo y la Justicia Social. En un extenso diálogo con Acción, el prestigioso jurista analizó la reforma impulsada por La Libertad Avanza y los escenarios que se abren con la judicialización de la norma. Explicó que la nueva ley es muy nociva para los trabajadores porque destruye derechos históricos, pero también adelanta que va a ser perjudicial para el empresariado ya que provocará mucha litigiosidad por ser inconstitucional.
«En 63 países que hicieron reforma con reducción de derechos ninguno consiguió resolver el tema del desempleo, sino que, por el contrario, lo agravó.»
–¿Cómo evalúa la «reforma laboral» que impulsó el Gobierno?
–Nos retrocede al siglo XIX. No es una reforma laboral sino un instrumento para la destrucción de derechos de los trabajadores.
–¿Por qué?
–Porque por imperio de nuestra Constitución, si fuera una reforma, tendría que ser para aumentar derechos. Por el contrario, viola el principio de progresividad que está en la Constitución, en el artículo 75 inciso 19. Pero además está en los tratados internacionales que consagran que en las legislaciones de los países se tienen que aumentar los derechos de los grupos más vulnerables, y no disminuirlos. Por eso, esta reforma va en contra de ese principio de progresividad y de otro principio que es el de «no regresividad», que implica que si una norma alcanzó un determinado piso de derechos, la reforma puede aumentarlos, pero no retrocederlos.
–¿Considera que la reforma es inconstitucional?
–La reforma tiene numerosos aspectos inconstitucionales e inconvencionales. Vulnera el artículo 14 bis y el 75 inciso 19 de la Constitución, los pactos internacionales y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) así como disposiciones que están contenidas en organismos internacionales como, por ejemplo, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la número 27 del año 2021, que señala que exigir un número elevado de trabajadores que deban ir a trabajar en una huelga es romper el derecho de huelga, que es lo que ocurre con esta reforma cuando impone que en determinadas actividades tengan que ir entre el 50% y el 75% de los trabajadores a su lugar de trabajo. Eso es romper la huelga. Por lo tanto, sí, nosotros hemos señalado desde el foro que ninguna de las disposiciones de esta reforma es para mejorar las situaciones de los trabajadores y que en sus más de 200 artículos está plagada de reformas regresivas y por lo tanto inconstitucionales.
«Si lo que se buscaba era obtener certeza jurídica, yo puedo asegurar que va a incrementarse notoriamente la litigiosidad porque lo que se viene acá es una ola masiva de despidos.»
–¿Cuáles son, a su criterio, los artículos más problemáticos de la reforma?
–Desde el foro decimos que todos los artículos son problemáticos. Están los más conocidos, como otorgar las vacaciones fuera del período ordinario de descanso o el tema del banco de horas o el del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con la indemnización por despido. Pero la reforma tiene una letra chica que va a afectar prácticamente la totalidad de los derechos de las personas que trabajan. En la ley se habla de modernización laboral, pero, ¿cuáles son las actividades más modernas en el ámbito laboral? Los trabajadores de plataformas digitales. Y a ellos se los incorpora a la ley laboral, pero para decirles que no son trabajadores con derechos. Los últimos tres convenios de la OIT, el 190, el 191, el 192, hablan del acoso en el mundo de trabajo, de un entorno seguro de trabajo y de los riesgos biológicos en el mundo del trabajo. Ninguna de estas disposiciones está en la reforma. Es decir, lo último, lo más actual, no está. ¿La inteligencia artificial está en este proyecto? Ni siquiera se habla. Por lo tanto, hablar de modernización laboral es una falsedad, es una mentira. Dicen que van a regularizar el empleo porque hay desocupación, porque las personas que trabajan no están registradas. ¿Y la respuesta es sacar las indemnizaciones que sancionaban el trabajo no registrado? Y hay algo más. Según la ley «el Estado va a volver a la neutralidad en las relaciones de trabajo». Esto implica que el Estado se retira y deja que el trabajador, «sujeto vulnerable», negocie «libremente» con el empleador que es el que tiene los poderes. Ahí no hay libertad porque en el ámbito del derecho laboral, la libertad está condicionada por el estado de necesidad. Por eso nosotros decimos que estamos volviendo al siglo XIX.
–Uno de los argumentos que utiliza el Gobierno para sostener la reforma es que viene a combatir el trabajo informal. ¿Es así?
–La OIT tiene un informe sobre el trabajo decente, traza una perspectiva del empleo en el mundo y ha dicho que en 63 países que hicieron reforma con reducción de derechos ninguno consiguió resolver el tema del desempleo, sino que, por el contrario, lo agravó. Y nosotros vemos que desde la asunción del presidente a la fecha aumentaron las pérdidas de puestos de trabajo, el cierre de fábricas, el aumento del subempleo con el incremento del monotributo, con lo cual lo que hay es una búsqueda de precarización continua de las relaciones laborales. ¿Para qué? Para someter a la parte más débil de la relación. Con la reforma creo que lo que se busca es oprimir a la clase trabajadora y en definitiva que no haya un marco de resistencia frente a la imposición de esta reforma. Por eso también el ataque a la Justicia del trabajo y la opresión a la organización sindical. En definitiva, lo que se está buscando es generar los cimientos para una reforma constitucional donde estos conceptos de «justicia social» desaparezcan.
–No es casual el ataque a la Justicia del trabajo…
–No es casual y tampoco es algo original. La Justicia del trabajo empieza a crearse en 1943 y se consolida en 1945. Esta Justicia, con sus pro y sus contras, ha sabido defender los principios fundantes del derecho del trabajo. Por lo tanto, para las economías de mercado, la Justicia del trabajo es vista como un escollo para el desarrollo de sus políticas. No puede haber esta reforma laboral regresiva con una Justicia del trabajo que defienda la Constitución.
–¿Cómo vislumbra la etapa de la judicialización de la reforma? Es de esperar que haya planteos para pedir la inconstitucionalidad de toda la ley. ¿Puede la Justicia ser receptiva a esos planteos? Hay quienes sostienen que solo podrían prosperar los litigios que se den «caso por caso».
–Creo que se van a dar los dos casos. Que va a haber amparos que van a presentar las centrales de trabajadores por intereses colectivos homogéneos que afectan a la totalidad de los trabajadores. Y luego habrá cada persona que va a litigar, que va a tener que presentar en su demanda algún planteo de inconstitucionalidad.
–La CGT, la CTA y sindicatos puntuales judicializarán la ley. ¿Un escenario posible es que se puedan ir declarando inconstitucionales aspectos parciales de la ley y no la ley en su totalidad?
–Es probable. Yo creo que sí. Lo que me animo a afirmar es que va a haber numerosos planteos de inconstitucionalidad generales de la norma, principalmente, de los sindicatos.
«Con la nueva ley apuntamos al empobrecimiento para disciplinar, para hacer un modelo de exclusión, que es lo que creo que es el verdadero objetivo de todas estas reformas.»
–¿Por qué cree que el Gobierno decidió realizar esta reforma?
–Para lograr la eliminación de los derechos sociales y generar un enriquecimiento de las empresas y disciplinar al movimiento obrero, especialmente la clase sindical. Y estoy convencido de que se apunta a una reforma constitucional.
–¿La definiría como una ley proempresa y antiobrera?
–No sé si le diría proempresa. Porque esta reforma le va a generar muchos perjuicios a los empresarios.
–¿Por qué?
–Porque se va a judicializar todo. Y cuando el día de mañana en una demanda los jueces tengan que aplicar una solución y esa solución no esté en la norma porque desapareció de la legislación ¿qué sucederá? Van a dar racionalmente lo que un juez piense, lo que piense el otro, y entonces no va a haber previsión. Si lo que se buscaba era obtener certeza jurídica, yo puedo asegurar que va a incrementarse notoriamente la litigiosidad porque lo que se viene acá es una ola masiva de despidos. Desaparecieron las normas que sancionaban a quien tenía una persona sin registrar y se incorporaron causas de despido.
–¿Considera necesaria una nueva legislación laboral?
–Creo que es necesario discutir el tema laboral. Porque es cierto que es una ley de 1974. Pero acá con la nueva ley no hubo discusión. Se presentó un proyecto del Gobierno, en extraordinarias, donde no se pudo discutir otra alternativa. Creo que tenemos que hablar de los nuevos convenios de la OIT, del acoso en el mundo del trabajo, el trabajo de cuidados, el trabajo en un entorno seguro, los riesgos biológicos, la inteligencia artificial, por supuesto que tenemos que hablar de una adecuación de la norma laboral, pero hablemos del salario mínimo. ¿Puede el salario mínimo estar por debajo de una canasta alimentaria? Hablemos de que el mundo va a una reducción de la jornada laboral. Las leyes ya en un estado social de derecho no se consideran válidas porque emanen únicamente del poder encargado de dictarla, del poder legislativo. Son válidas en la medida que se correspondan con la Constitución.
«El trabajo es fuente para la paz. Si no hay trabajo, no hay paz social. Y yo me temo que estas reformas conspiren contra la necesidad de paz social.»
–¿Cómo es la normativa laboral de los países vecinos?
–El mundo en general va a la reducción de la jornada de trabajo y a que el trabajo de plataforma se considere bajo relación de dependencia, con lo cual estamos a contramano. En otras cosas, va con el mundo que se está tornando a la derecha. Pero Argentina ha sido un país que se destacó por el reconocimiento de los derechos, por el avance de su legislación, por la sindicalización. Nosotros tenemos un promedio del 40% de sindicalización, Perú tiene el 3%. Perú tiene el 80% de sus trabajadores fuera de registración. Lo mismo ocurre con Paraguay. Entonces, ¿hacia dónde apuntamos? Con la nueva ley apuntamos al empobrecimiento para disciplinar, para hacer un modelo de exclusión, que es lo que creo que es el verdadero objetivo de todas estas reformas.
–¿Imagina una reacción de los trabajadores?
–Hay tanto despido e informalidad que ese escenario lo aleja. En épocas de crisis la tendencia es a conservar el empleo y a veces se renuncia a mayores derechos para conservar el trabajo. Estoy convencido de que a partir de la nueva ley va a haber despidos masivos. La reacción de los trabajadores va a tener que darse en la calle. Veremos el resultado de la judicialización. Y si no prospera entraremos en un contexto de conflicto. El trabajo es fuente para la paz. Si no hay trabajo, no hay paz social. Y yo me temo que estas reformas conspiren contra la necesidad de paz social.
