13 de agosto de 2026
La reducción de personal y financiamiento en la CNEA amenaza uno de los desarrollos tecnológicos más avanzados del país. Especialistas advierten sobre pérdida de soberanía científica y creciente dependencia externa.
Junio. Marcha en Bariloche contra los despidos y el achicamiento del sector.
Con un recorte de casi el 60% en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Gobierno nacional pone en jaque a un área estratégica. En total ya son más de 100 los despedidos desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, entre personal administrativo y técnicos con gran formación.
La medida, que comprende el cierre de diferentes unidades organizativas, además, implica la reducción de un tercio de los fondos para el funcionamiento y desarrollo de investigaciones, y un atraso salarial del 40%. Esto último ha generado el éxodo de 400 profesionales hacia empresas privadas, luego de décadas de formación en el sector público.
La justificación del reciente decreto de achique que esgrime el Gobierno habla de una estructura funcional «sobredimensionada». Sobre este punto, Carolina Ayala, trabajadora de la sede de Bariloche y delegada gremial de ATE aclara: «Eso es mentira. Estamos trabajando por debajo de la planta mínima del organismo. Para dar un ejemplo, veníamos reclamando por salarios dignos, ya que estamos cobrando todos de un millón de pesos para abajo y somos todos profesionales con título de grado y doctorados. En mi laboratorio éramos diecisiete y quedamos cinco. Se empezó a ir la gente por los salarios y quienes quedamos solo por el amor a la ciencia, porque es lo que estudiamos, ahora estamos en emergencia».
Además, el Gobierno entra en contradicción, ya que al mismo tiempo se han realizado alrededor de 15 nombramientos políticos en cargos jerárquicos. El más conocido fue el caso de Felipe Randle, funcionario vinculado a Manuel Adorni: «Solo cuenta en su haber con un título de bachiller y está designado como gerente, incumpliendo las estrictas normas de contratación por concurso», revela Ayala. En la misma línea se puede mencionar el nombramiento del tuitero libertario Ezequiel Acuña, conocido en redes como @elpasante, quien con 23 años y sin antecedentes técnicos, fue designado en abril de 2026 como subgerente.
Cabe recordar que la CNEA forma científicos desde hace más de 75 años y desarrolla investigación, tecnología e innovación para usos pacíficos de la energía nuclear, con impacto directo en la salud, la industria y la producción de energía. Mariela Kramm, también delegada, explica por qué esta lucha debería ser una causa nacional: «La gente debería saber que hacemos radioisótopos para la quimioterapia. O que sirve para darte la luz que tenés en tu casa. O marcadores para una densitometría. También para hacerte una placa, estamos ahí; para irradiar plagas; para preservar alimentos por una mayor cantidad de tiempo. Entonces tan ñoquis no somos, ¿no?», reflexionó en declaraciones a FM El Chalet de Santa Fe.
Carem. Así se veía en octubre de 2022 el proyecto desarrollado íntegramente en el país frenado por la gestión libertaria.
Foto: Argentina.gob.ar
Sin reactor
Además, la medida afecta especialmente al desarrollo del reactor Carem, ya que 40 de los últimos 62 despedidos formaban parte de este proyecto, entre ellos la totalidad de la gerencia del sector. Según los especialistas, la Central Argentina de Elementos Modulares (Carem) posee una gran relevancia para nuestro país ya que tiene un diseño y desarrollo exclusivamente nacional. Se trata de un reactor modular pequeño de generación de energía eléctrica que se caracteriza por ser más económico y rápido de poner en funcionamiento que las centrales tradicionales. Argentina es uno de los ocho países en el mundo que cuenta con esta producción, entre ellos China, Rusia y Estados Unidos, la cual ya está desarrollada casi en un 80% y cuenta con gran parte de los insumos, componentes y servicios provistos por empresas argentinas.
Nicolás Malinovsky, especialista en energía y autor del libro Crítica de la energía política, lo destaca: «La importancia de diseñar un reactor nuclear coloca a la Argentina en una vanguardia internacional de poder tener capacidad de desarrollo de este tipo de tecnologías. Pensemos que era el único país de América Latina y el Caribe que estaba construyendo un reactor de este tipo».
Malinovsky analiza además cuales pueden ser los intereses detrás de este desmantelamiento: «Quien está interesado en frenar ese proyecto es Estados Unidos. Viene de larga data este intento y eso lo podemos visualizar sobre todo en los documentos firmados últimamente por el Gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, la asociación de Argentina al programa First de Estados Unidos, que es el programa que diseñó ese país para vender tecnología nuclear a países en vías de desarrollo particularmente. Ahí vemos cómo el Carem entorpecía esa dinámica». Y agrega: «A su vez, el acuerdo bilateral de libre comercio que se hizo con Estados Unidos este año le prohíbe a la Argentina adquirir tecnología nuclear de ciertos países y eso claramente tiene que ver con Rusia y China. Hay que recordar que Argentina iba a hacer su cuarta y quinta zona nuclear financiada con China y la cuarta iba a ser un modelo de potencia one on one de tecnología China que actualmente ha sido cancelado por el Gobierno nacional».
Intereses estadounidenses
De esta manera, al desguazamiento del proyecto Carem se lo relaciona con la presentación que en junio de este año hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, con la empresa estadounidense Meitner Energy, para la construcción de un reactor de similares características para operar en la central de Atucha junto a Invap. Sectores gremiales y de la oposición cuestionan la operación ya que además de la pérdida de soberanía energética, se realizará con el traspaso de conocimiento técnico público hacia una estructura de capitales privados.
La crisis del sector alcanza también a Nucleoeléctrica Argentina, la firma estatal que opera las centrales nucleares Atucha I y II y Embalse. Malinovsky, quien también trabajó allí, cuenta el panorama: «A modo de ejemplo, actualmente la gerencia de ingeniería de la institución perdió el 30% de los trabajadores, a causa de bajos salarios y falta de proyectos. Hay malestar dentro de la institución porque hay persecución política y de toda índole. Con lo cual nadie quiere seguir atravesando esa situación o por lo menos los que encuentran nuevos horizontes, se van». Cabe recordar que las intenciones del Gobierno nacional para con dicha empresa quedaron claras cuando en 2024 se aprobó la Ley Bases que en su artículo 8 pone sujeto a privatización el 49% de las acciones.
