15 de agosto de 2026
A 25 años de la vigencia de la ley que protege los derechos de las comunidades, en Neuquén se organizó un debate para analizar el estado de situación. Extranjerización de la tierra en la mira.
El centro del conflicto. En Neuquén hay 70 comunidades, de las cuales 30 se encuentran en las cercanías de la formación geológica de Vaca Muerta.
Foto: Juan O. Ramírez
Cuando en 2003 la Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 2.439 que habilitaba la creación de la Municipalidad de Villa Pehuenia (en el noroeste provincial) dentro del territorio de las comunidades mapuches Catalán, Puel y Plácido Puel, sin haber realizado el procedimiento de consulta al que el Estado está obligado, se inició un conflicto que, en principio, pareció resolverse en abril 2021, con un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
En ese entonces, la Corte falló a favor de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la comunidad Catalán por la creación inconsulta de ese municipio, al afirmar que el Gobierno neuquino había vulnerado los derechos indígenas y ordenar la puesta en marcha de una mesa de diálogo que adecuara el funcionamiento municipal a la normativa indígena. Se había citado el Convenio 169.
Ese convenio es el principal tratado internacional vinculante que reconoce los derechos colectivos, culturales, territoriales y de participación de los pueblos originarios frente a los Estados y fue adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo. En Argentina, fue aprobado por la Ley 24.071 en 1992 y entró en vigencia en julio de 2001.
Además de los capítulos dedicados a los derechos culturales y de salud y educación, que propician el respeto a las prácticas, costumbres y cultura originaria, los capítulos más importantes, y que cobran actualidad ante el debate por la ley de extranjerización de la tierra, son los relacionados a los territorios y la consulta previa, ya que la ley reconoce los derechos sobre la tierra y los recursos naturales que usan y ocupan los pueblos originarios. Además, obliga a los Gobiernos a consultar a las comunidades antes de hacer leyes o proyectos que puedan afectarlas.
En Neuquén, este marco jurídico posee rango constitucional y legal y es de gran relevancia para el reconocimiento de las comunidades mapuches, su preexistencia territorial y los procesos de consulta previa; pero a pesar de semejante marco jurídico, son muchas las denuncias por violación del Estado a los derechos de las comunidades.
Derecho. El 10 de agosto se realizó la mesa debate sobre el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, que protege a estas naciones.
Foto: Gentileza Kamañ Media
Discusión actual
En ese contexto, el lunes 10 de agosto se constituyó una mesa debate sobre el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT en la Patagonia norte al cumplirse 25 años de su vigencia formal en Argentina. Se realizó en el Salón Azul de la sede central de la Universidad Nacional e Intercultural del Comahue en Neuquén capital y la discusión se centró en el conflicto del Estado con el pueblo Mapuche en Neuquén y Río Negro.
Expusieron Fernando Croxato, obispo de Neuquén; Lorena Higuera, vicerrectora de la Universidad Nacional del Comahue; Leftraru Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén; Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz; Manuel Tufró, integrante del CELS; y Orlando Carriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Manuel Tufró, integrante del CELS, se preocupó en aclarar que en los incumplimientos y los intentos de reforma que afectan los derechos de los pueblos originarios se atenta contra el principio de regresividad, es decir, que buscan retroceder en derechos obtenidos. El abogado aclaró también que no se trata solo del Convenio 169 de la OIT, ya que también hay que considerar «todo lo que sucedió después, que complementa al Convenio. Estamos hablando de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, fallos de la Corte Interamericana y convenios internacionales que fueron dando más jurisprudencia a favor de los derechos de los pueblos originarios», dice Tufró.
Leftraru Nahuel, abogado e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, dio cuenta de que, más allá de los pocos logros de la mano del Convenio de la OIT, los derechos de los pueblos originarios son una deuda de la democracia y consideró que, en cuanto al incumplimiento del resguardo de los derechos, particularmente el Gobierno nacional actual es el peor de todos y responsabilizó también al provincial. «Destruyen el registro de las comunidades, destruyen los relevamientos, los espacios de participación y las personerías jurídicas son archivadas o negadas», aseguró.
Nahuel advirtió que los artículos que pasaron a Diputados del llamado proyecto de «inviolabilidad de la propiedad privada» son igualmente graves, por ejemplo, el artículo de los desalojos exprés que aseguró está dirigido a los pueblos que viven en tierras codiciadas por grandes terratenientes nacionales y magnates extranjeros.
Orlando Carriqueo, del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, opinó que la no aplicación del Convenio 169 de la OIT y los convenios internacionales es una ilegalidad que se constituye como prevaricato.
Por su parte, la vicerrectora de la Universidad del Comahue, Lorena Higuera, señaló el cambio de paradigma que queda expuesto. «Pasamos de discutir la propiedad colectiva de los pueblos a la propiedad privada de los individuos», señaló en una clara mención al clima de época que impera en parte de Latinoamérica y Estados Unidos.
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, en videollamada, aseguró que «lamentablemente el Derecho Internacional está sometido a los intereses de las grandes corporaciones». A su turno, el obispo de Neuquén Fernando Croxato instó a no dilatar los conflictos y volvió a comprometer el acompañamiento de la Iglesia de Neuquén a los reclamos por los derechos de los pueblos originarios.
Sin respuesta
En Río Negro se denuncia que la violación de los derechos de las comunidades es «recurrente» y que no hay canales institucionales que aborden los reclamos y den respuesta. En cuanto a la aplicación de la Ley 26.160 de relevamiento territorial, acusan que se observaron solo 64 de las 124 comunidades existentes y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que las censa.
En Neuquén, donde hay 70 comunidades –de las cuales 30 se encuentran en las cercanías de la formación geológica de Vaca Muerta, con 12 en la zona de Añelo–, ellas mismas explican que el Gobierno nacional y el provincial privilegian la actividad extractiva por sobre sus derechos. Su reclamo principal al Gobernador, Rolado Figueroa, es que la provincia les otorgue la personería jurídica.
