28 de mayo de 2021
Hasta mediados de los 90, la Argentina tenía la navegabilidad de sus ríos interiores sometida a las leyes nacionales. En 1995, el menemismo otorgó la concesión del dragado, balizamiento y mantenimiento de la vía fluvial a Hidrovía S.A., una alianza entre la empresa nacional EMEPA y la belga Jan de Nul. El contrato era por 10 años, pero se fue prorrogando hasta la actualidad. Ante el vencimiento de la concesión y el llamado a una licitación internacional, lo que para sus objetores implica renunciar de hecho a la soberanía sobre el río Paraná y el Mar Argentino, el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana, solicitó que se invite al ministro de Transporte, Mario Meoni, para que informe al respecto. En los considerandos, el excanciller pide saber cuáles son las razones por las cuales se desestimó la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado y señala haber tomado conocimiento de que las empresas exportadoras manifestaron su oposición a la creación de esa empresa. Los canales fluviales a los que se refiere Taiana son navegados anualmente por unas 4.600 embarcaciones que trasladan el 75% de las exportaciones del país. Poco antes de finalizar su presentación, el legislador puntualizó: «La República la Argentina ha concesionado esta estratégica vía fluvial sin los adecuados controles que defiendan el interés nacional».
