30 de diciembre de 2021
El debate sobre la Ley de leyes y la firma del acuerdo con las provincias revelan el papel crucial de los impuestos en la construcción de una sociedad más justa.
Casa Rosada. «Estamos dando un paso para garantizar un crecimiento equilibrado», dijo el presidente tras el encuentro con los gobernadores.
TÉLAM
El fallido intento de aprobar la Ley de Presupuesto despertó las más variadas críticas tanto dentro del oficialismo como de la oposición, que en apariencia había logrado un triunfo político al bloquear la llamada Ley de leyes que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán. No es un tema menor dejar a un Gobierno sin la normativa que estipula cuánto se gasta y, fundamentalmente, en qué se gasta. Por eso el debate posterior sirvió para mostrar el alcance y la profundidad de lo que se discute no solo en la Argentina actual sino en todo el mundo: los impuestos y cómo se construyen sociedades menos desiguales. La firma del Consenso Fiscal fue un segundo capítulo en esta saga por los recursos en la que los gobernadores, incluso de origen radical, pudieron corregir aquel desliz de mediados de diciembre –que en verdad los perjudicaba– y aprobaron la iniciativa presentada por el presidente Alberto Fernández.
El gran debate con el pacto firmado por 23 provincias fue, otra vez, el compromiso que habían asumido algunos dirigentes opositores de no aumentar impuestos. La estrategia de los «libertarios» locales y el ala más dura dentro de Juntos por el Cambio recuerda al movimiento Tea Party en el Partido Republicano de los Estados Unidos, cuyo fin desde su origen es reducir el pago de impuestos a su mínima expresión. De hecho, el nombre de ese grupo hace referencia a un acto fundacional, la rebelión de 1773 en Boston contra un impuesto al té establecido por la corona. Y a la manera del Tea Party, el ala más dura de la coalición opositora arrastra al resto a extremar las tensiones con el oficialismo, pero básicamente a esmerilar la gobernabilidad.
Los platos rotos
«Estamos dando un paso en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina», dijo el presidente tras la firma del Consenso, rodeado por los mandatarios provinciales en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. En octubre pasado, los legisladores de JxC habían jurado no votar aumentos de impuestos. A ese entendimiento interno se aferraron los críticos del acuerdo con el Gobierno, alegando que se incrementarán las tasas a nivel provincial.
Sin embargo, el documento no contempla específicamente aumentos, aunque tampoco los impide. Tanto los diputados Martín Tetaz como Ricardo López Murphy fueron los más feroces censores de esta versión 2022 del acuerdo fiscal. Todavía malheridos por la aprobación de la reforma al impuesto a los Bienes Personales, aspiraban a mantener la asfixia sobre Hacienda en un momento clave para las negociaciones con el FMI.
«El Pacto Fiscal los habilita a crear nuevos impuestos, pero también a renegociar deudas cruzadas entre la Nación y las provincias, y obliga a no hacer juicios en los conflictos que hay entre ambos», justificó el senador por Mendoza Alfredo Cornejo. El gobernador mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés –provenientes de la UCR– se reunieron tras la firma del documento con Horacio Rodríguez Larreta para asegurar que no iban a aumentar impuestos. El alcalde porteño fue el único que no estuvo presente en el acto presidido por Fernández. Fue su forma de mostrar una imagen de liderazgo en contra de un tema tan delicado para las aspiraciones del sector ultra de la oposición.
La cuestión impositiva es clave no solo por lo que implica para igualar los tantos dentro de una sociedad sino por cualquier acuerdo que se pueda lograr con el Fondo. De lo que se trata es de quién pagará los platos rotos del voluminoso préstamo que el organismo financiero le dio al Gobierno de Mauricio Macri. Aunque la pelea, a largo plazo, es por el sentido de las cargas fiscales. Cualquier ciudadano de a pie rechazaría instintivamente el pago de un impuesto y eso hasta puede resultar un incentivo para el voto hacia un candidato determinado. Pero la reducción impositiva impulsada por el neoliberalismo como la panacea para el crecimiento ha demostrado en todo el planeta que solo sirvió para enriquecer cada vez más a ese 1% que atesora tantos bienes como el 99% restante de las sociedades.
Un detalle no menor es que el Consenso Fiscal establece que las provincias podrán sancionar un impuesto sobre la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones o anticipos de herencia. Como pocas propuestas, la sola mención de este tributo generó escozor en sectores conservadores. Para el diputado Javier Milei, representante del antiestatismo, cobrar un impuesto a la herencia «es inmoral, porque te están quitando el fruto de tu trabajo y cómo vos lo querés asignar. ¿Quién es el Estado para penalizarte porque decidís dejarlo como regalo cuando uno se muere?». Es bueno recordar que ese impuesto estuvo vigente en nuestro país desde 1923 hasta 1976, cuando fue eliminado por el ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz.
En la raíz de las desigualdades está la baja de los impuestos, como bien registró el economista francés Thomas Piketty. Pero también las inequidades son fomentadas por los herederos de las grandes fortunas, sus usufructuarios directos. El argumento del neoliberalismo es que las fichas cayeron de una determinada manera para cada individuo por las actitudes de sus padres.
El pobre, según esta categorización, lo es porque sus ancestros no hicieron mucho para salir de una situación de pobreza. De acuerdo con Piketty, el sistema actual mantiene al heredero pobre en la pobreza por más esfuerzo que realice, mientras que el heredero rico seguirá siendo rico por más incapacidad que manifieste. A menos que se establezca algún elemento que equilibre los tantos.
