11 de agosto de 2024
Desde proyectos de ley y decretos hasta el otorgamiento de prisión domiciliaria, las iniciativas del Gobierno para sacar de la cárcel a los genocidas, que recibieron a diputados oficialistas, son variadas.
Mano a mano. Diputados oficialistas reunidos con responsables de crímenes de lesa humanidad en Ezeiza.
Foto: NA
Lourdes Arrieta, una de las seis diputadas de La Libertad Avanza (LLA) que visitó a los genocidas presos en la Unidad 31 de Ezeiza, presentó una denuncia penal ante la Justicia federal de Lomas de Zamora que expone, en parte, la trama de cómo se busca impunidad para los crímenes de la última dictadura. Abogados defensores, exjueces, diputados y un cura son parte de los sectores que se reúnen en secreto y buscan alternativas para que las causas se caigan. En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, abogan públicamente por la prisión domiciliaria.
En menos de un mes, Arrieta pasó de reivindicar a los represores de la última dictadura a pasearse con un ejemplar del Nunca Más por el Congreso. La mendocina de 31 años posó justo en el centro de la foto para inmortalizar el cónclave que se llevó a cabo entre diputados y genocidas el 11 de julio pasado en la cárcel de Ezeiza. A sus costados estaban Beltrán Benedit –el organizador de la excursión–, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra Ugalde. Más atrás, sonreía con satisfacción Alfredo Astiz o asomaba su cabeza Raúl Guglielminetti.
Desde que el 16 de julio La Política Online reveló el encuentro, buena parte de la discusión política giró en torno a los legisladores que empatizan con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron. En LLA le atribuyeron a Rocío Bonacci, la única diputada que no participó de la foto de familia, la filtración del evento. Arrieta inicialmente había dicho que quería conocer la verdad «de primera mano» en un chat interno en el que defendió la visita al penal de Ezeiza. Después pareció haber cambiado de opinión y hasta denunció haber sido coaccionada ante el juzgado federal que subroga Ernesto Kreplak en Lomas de Zamora.
El episodio no tuvo, por ahora, respuesta institucional desde la Cámara de Diputados. Allí, el oficialismo pretende que se vote una declaración lavada de repudio –junto con los sectores afines– mientras que Unión por la Patria (UxP) tiene proyectos para crear una comisión investigadora y avanzar con la expulsión directa. El Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT) quiere que se investigue.
Amigos son los amigos
A partir de la denuncia de Arrieta –y de los chats que aportó– se puede ver la confluencia de diputados oficialistas con defensores en causas de lesa humanidad –como María Laura Olea o Ricardo Saint Jean– y con exjueces como Eduardo Riggi, que hasta el año pasado integró la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Todos ellos convocados por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida Jorge Olivera, que solía reunirlos en un palacete de la calle Montevideo al 871.
La del 11 de julio no fue la única visita a los genocidas. El 7 de marzo, el ministro de Defensa, Luis Petri, mandó a dos de sus funcionarios, el subsecretario Guillermo Madero y el director de Derechos Humanos Lucas Erbes, a la Unidad 34 de Campo de Mayo. El 15 de marzo, fueron los diputados Benedit y Ferreyra Ugalde. Los encuentros son, en todo caso, exteriorización de un tendido de puentes entre el afuera y el adentro.
Bonacci contó que el 11 de julio Benedit recibió un sobre de papel madera de mano de Guglielminetti, exagente del Batallón de Inteligencia 601. Según la diputada, había papeles con ideas para lograr la prisión domiciliaria de los represores que están presos. Se trata de 134 personas, según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH).
Los intentos para conseguir que los criminales de la dictadura salgan de la cárcel se iniciaron conjuntamente con el Gobierno de LLA. El 11 de diciembre, un día después de que asumió Javier Milei, los abogados Olea y Saint Jean –dos de los letrados que solían reunirse con los diputados oficialistas– se presentaron ante la Cámara de Casación para pedir que el tribunal fijara un criterio para el arresto domiciliario para mayores de 70 años: pretendían que dijera que era un beneficio automático.
El 22 de marzo, la Casación rechazó el pedido de Olea y Saint Jean. Para entonces, ya circulaba un proyecto de decreto sobre el plazo razonable para juzgar un delito. Establecía como plazo máximo los 25 años, lo que haría que no se pueda perseguir ningún crimen cometido entre 1976 y 1983. Según relató Arrieta en su denuncia, se discutió mucho sobre ese tema porque no querían llevar una alternativa que hiciera prescribir la causa por el atentado contra la AMIA.
Causa popular. Cada 24 de marzo se expresa masivamente el compromiso con las políticas de memoria, verdad y justicia.
Foto: NA
En busca de una «solución»
El proyecto de decreto –que todo indica que fue redactado por el grupo que se reunía alrededor de Olivera Ravasi– llegó a manos de funcionarios de Defensa y de integrantes de la Cámara de Diputados. Allí, se lo transformó en proyecto de ley, pero se bajó el plazo a 20 años. No parece ser esta la alternativa con mayor empuje dentro del oficialismo.
La domiciliaria –que, en todo caso, debe ser otorgada por el Poder Judicial– pica en punta. Bullrich salió a plantearla como opción. «Hay personas de 90 años con enfermedades terribles en la cárcel», dijo durante una visita a la provincia de Mendoza. Coincidió allí con el ministro de Justicia, que dijo que la justicia se había tornado en venganza y que estas personas merecerían morir en sus casas con una tobillera electrónica.
Al asumir en Justicia, Cúneo Libarona debió renunciar a la defensa de Enrique Barre, segundo jefe de la brigada de Banfield –más conocida como Pozo de Banfield–. Bullrich ya se había comprometido en campaña para encontrar una «solución» para los militares «injustamente presos». Su nombre apareció en los chats que ofreció Arrieta: hay un mensaje que dice que Benedit habló con ella para tener un «pase libre» para ver a los que ellos llaman «presos políticos».
Bullrich maneja las cárceles. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) es también el que puede decir que no tiene facilidades para tratar determinada dolencia y, de esa forma, favorecer la externación de algunos represores. En medio de este escándalo, Bullrich fue invitada para el próximo miércoles 14 de agosto a exponer en la Cámara de Casación sobre la situación carcelaria.
Hay una tercera opción que algunos integrantes del oficialismo ven con simpatía: los indultos –aunque no está claro que Milei pretenda pagar tal costo político–. En el último mes, hubo una reivindicación de los indultos que firmó Carlos Menem. El primero en hacerlo fue Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de Milei y exministro de Justicia de Menem. En las últimas horas, se sumó Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado que también definió como «presos políticos» a los represores de la dictadura.
El dato por estas horas es el silencio de Victoria Villarruel, que milita hace más de 25 años en organizaciones pro-militares y que solía visitar las cárceles. Según el marido de la activista Cecilia Pando, Pedro Mercado, fue Villarruel quien lo llevó a conocer al dictador Jorge Rafael Videla cuando estaba en arresto domiciliario.
El proceso de verdad y justicia está bajo asedio a 18 años de la reapertura de los juicios. Aunque hubo una buena señal ante el desagrado generalizado que se vio por el cónclave entre diputados y genocidas. La pregunta es cómo lo metabolizará el sistema político.
