6 de diciembre de 2024
El caso del legislador entrerriano, interceptado en un paso fronterizo paraguayo junto con su secretaria y 200.000 dólares en efectivo, causó revuelo en el ámbito político. Sus aliados libertarios toman distancia.
Acusado. La Justicia del país vecino imputó a Kueider por contrabando en grado de tentativa.
Foto: @EdgardoKueider
Un senador nacional ingresa a un país vecino acompañado por su secretaria y al ser interceptado en un supuesto control de rutina por autoridades de esa nación se detecta que porta una mochila con 200.000 dólares que pretende introducir ilegalmente y es inmediatamente demorado y posteriormente detenido.
El suceso, que podría formar parte del argumento de una novela policial de poca monta, se produjo realmente en la vecina República del Paraguay y tuvo como protagonista al miembro de la Cámara Alta Edgardo Kueider, un hombre que se caracteriza por su eclecticismo político.
Kueider comenzó su carrera en el peronismo entrerriano como concejal de la ciudad de Concordia y fue escalando posiciones hasta consagrarse como senador nacional por su provincia en las elecciones de 2019. Se considera que fue «el dueño de la lapicera» del Partido Justicialista local en la confección de las listas que lograron la reelección del entonces gobernador, Gustavo Bordet.
Este año se fue del bloque y se acercó a las huestes de Santiago Caputo, el funcionario en las sombras del Gobierno, quien lo adoptó como uno de los aliados preferidos, al punto de que antes de su caída tenía grandes planes para él, ya que pensaba nombrarlo embajador en Uruguay y después utilizarlo para dividir al peronismo entrerriano y evitar la eventual victoria del PJ en 2025. Los libertarios también intentaron que presidiera la bicameral que controla los servicios de inteligencia, pero una alianza entre los radicales de Martín Lousteau y Unión por la Patria frustró esa ilusión.
Posicionamientos
Su voto fue decisivo para la aprobación de la ley Bases –que se resolvió en el Senado con el desempate ejercido por la vicepresidenta Victoria Villarruel– y sus adversarios aseguran que no fue un servicio gratuito. La propia Cristina Fernández de Kirchner lo sugirió al caracterizar al régimen actual como una «democracia tarifada», con una metodología con la cual «se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación».
Por cierto, no es la primera vez que Kueider tropieza con obstáculos judiciales. Actualmente, según lo reveló el portal La Política Online, enfrenta una investigación judicial en los tribunales de Entre Ríos por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en la compra de departamentos y cocheras en un lujoso edificio de Paraná que están a nombre de su secretaria, con quien compartió la excursión paraguaya, y de una empresa a la que está vinculado. Se abrió también una causa en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado.
Las repercusiones del escándalo fueron dispares. Mientras el bloque de Unión por la Patria solicitó su exclusión del Senado por «inhabilidad moral», la bancada del PRO se lavó las manos y propició una profunda investigación por parte de la Justicia, actitud que compartió Villarruel, quien sostuvo: «Somos respetuosos de las leyes y del orden institucional, la Justicia dirimirá responsabilidades y aseguro que tomaremos todas las medidas que tengamos que tomar para que se paguen los actos delictivos que se hayan cometido».
Pelota afuera
En tanto, la situación planteada cayó como una bomba en el interbloque Las Provincias Unidas (LPU), inventado por Santiago Caputo con el fin de albergar a los peronistas libertarios, y al que pertenecía Kueider. Sus miembros mantuvieron largas discusiones destinadas a encontrar una manera de zafar. Solo consiguieron elaborar un comunicado en el que se expresa la «firme voluntad de que la Justicia investigue los hechos hasta el esclarecimiento».
En verdad, son muchos –por escepticismo o complicidad– los que apuestan a que el hecho se vaya desvaneciendo considerando los antecedentes de otros casos cajoneados en la Justicia local o negociados con otros países. Por lo pronto, las autoridades paraguayas han incautado el dinero y el automóvil. Según la legislación local, la pena por contrabando va hasta los cinco años, pero se reduce en el caso de tentativa. El senador y su secretaria, Iara Guinsel Costa, fueron imputados como «coautores de contrabando en grado de tentativa» y quedaron bajo prisión preventiva por pedido de los fiscales ante el peligro de fuga. En el acta de imputación se menciona la posibilidad del pago de una garantía, pero el problema reside en que ambos carecen de residencia y no están asentados en Paraguay.
Kueider solicitó licencia al Senado, lo que abre interrogantes acerca de la suerte que correrá su pedido si el Gobierno y sus socios continúan tirando la pelota afuera.
