25 de junio de 2026

Daniel Vilá

A 24 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda la lucha por justicia sigue vigente. Si bien se logró la condena a los autores materiales, familiares de los jóvenes militantes sociales siguen denunciando protección a los responsables políticos.

Darío Santillán tenía 21 años aquel fatídico 26 de junio de 2002. A los 18, cuando la crisis golpeaba fuerte a los sectores populares, comenzó a involucrarse en las luchas sociales y en la conformación de las organizaciones piqueteras. Tres años después fue uno de los constructores de la Coordinadora de Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón y el principal referente del MTD de Lanús. «Por entonces había luchas dispersas, pero los piqueteros fuimos los primeros en poner el pecho. Construimos espacios sociales, bibliotecas para que los compañeros se formaran, bloqueras para que tuviesen materiales para construir sus casas, también hicimos talleres de oficios –herrería, carpintería, albañilería– para que fueran teniendo herramientas y conseguir un trabajo digno. No podemos depositar esperanzas en las migajas que nos tiran, tenemos que lograr trabajo en serio. Nuestros movimientos son autónomos y todo se decide por democracia directa, acá hay compañeros con distintos pensamientos, pero con muchos acuerdos. Sabemos que no vamos a ganar la pelea si peleamos solos, hay que coordinar», decía en uno de los tantos videos que distribuía la prensa alternativa.

También explicaba con claridad los cortes de ruta que eran demonizados por la prensa hegemónica y el poder político y económico: «Son importantes porque logran cortar la circulación de mercaderías. Es la medida más efectiva para presionar y es un símbolo de enfrentamiento directo con el poder. El mismo que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que en los hospitales no haya remedios, que hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerles frente con conocimiento. Ellos pretenden que no lo tengamos. Nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando por supuesto otros métodos de lucha, es de la única forma de que se puedan cambiar las cosas en este país». 

Su hermano Leo lo recordaba así: «Marcado por distintas circunstancias de la vida, hubo una que lo transformó y definió para siempre: las necesidades que padecían los vecinos del barrio. Profundamente solidario, entendía también que debía poner límites, y sabía cómo hacerlo. Juntos pasamos muchísimas adversidades a lo largo de nuestra vida, pero él siempre las enfrentaba, asumiendo las consecuencias. Y miren si no habrá sido así que aquella noche, el día antes de su asesinato, cuando estábamos todos reunidos en el local de Lanús, preparando la marcha del día siguiente, nos miró con toda su serenidad y nos dijo: “Mañana van a matar compañeros”». 

Vanina, una de sus hermanas, evocaba con ternura a Maximiliano Kosteki, un muchacho de 25 años que militaba en el MTD de Guernica. Lo expresaba en una extensa entrevista publicada en el libro Darío y Maxi. 20 junios. «Era un chico al que le gustaba el arte, dibujaba y pintaba. Yo estaba prendida con todo lo que él hacía y tomamos la decisión de empezar a involucrarnos en los comedores de los barrios. Después del 19 y 20 de 2001 nuestra idea era ayudar a otras personas, especialmente a los chicos. El 31 de mayo, día del cumpleaños de mamá, en una larga conversación nos contamos que estábamos en la misma tarea, yo en La Plata y él en Guernica. Ahí, entre otras cosas, le dije: “Tené cuidado, fíjate dónde te metés, con quiénes andás, porque la cosa está candente en lo social y en lo político”. Maxi me respondió: “No pasa nada, si son chicos, les enseño dibujo y les llevé mi horno de barro para que dejen de comer tortas fritas y coman pan”. El 1º de Mayo fue la primera vez que fuimos a una marcha y él estaba fascinado con todo eso». 

El 26 de junio de 2002 por la mañana las organizaciones piqueteras habían convocado a un importante acto en el Puente Pueyrredón al que quienes comandaban las fuerzas represivas habían definido como «acción bélica». Desde temprano Darío fue recorriendo los distintos barrios para ajustar las medidas correspondientes, a unos 23 kilómetros de allí Maxi decidió colaborar con los suyos en tareas de seguridad. A media mañana arribaron pausadamente las columnas desde distintos puntos del conurbano donde los esperaban en posición de combate fuerzas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura, que por primera vez actuarían en conjunto. Se habían agregado agentes de civil, policías retirados y otros pertenecientes a la comisaría de Avellaneda que antes del mediodía atacaron a los manifestantes de manera brutal y haciendo uso de armas de fuego.

A las 12:42, a la altura de avenida Hipólito Yrigoyen al 200, Maxi caía de rodillas sobre la vereda, víctima de una perdigonada, y fue auxiliado por un compañero que lo trasladó hasta la estación Avellaneda. Hasta allí lo persiguieron los represores comandados por el comisario Alfredo Luis Fanchiotti. Al arribar al lugar, Darío, que venía con otros compañeros, se acercó al cuerpo de Maxi que yacía en el suelo, le tomó el pulso y buscó auxiliarlo. En ese instante fue ejecutado a quemarropa y por la espalda cuando intentaba levantarse. Del grupo de asesinos formaban parte, además, los policías Alejandro Acosta, Félix Vega, Carlos Quevedo, Mario De la Fuente, Gastón Sierra, Lorenzo Colman y Celestino Robledo. 

El Gobierno encabezado por Eduardo Duhalde pretendió hacer pasar la criminal acción como «un enfrentamiento entre piqueteros», pero la valiente actuación de los fotógrafos, en especial de Pepe Mateos y Sergio Kowalewski, que registraron la secuencia, desbarató la maniobra y permitió que cuatro años más tarde el Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora condenara a Fanchiotti y Acosta a perpetua como autores materiales y al resto de los efectivos intervinientes a penas que iban de los 10 meses a 4 años de prisión por encubrimiento o usurpación de autoridad.

Una ráfaga de justicia apenas, ya que después de dos décadas Acosta iba a obtener la libertad condicional por un fallo del juez Martín Andrea García Díaz, en el contexto de «un Gobierno negacionista que pretende garantizar la impunidad a los represores», como señalaron los familiares de las víctimas. Alberto Santillán, padre de Darío, puntalizó: «Nadie ha tocado a los responsables políticos ni tampoco los va a tocar. Más allá de que muchos de ellos terminaron como cadáveres políticos, siguen teniendo un gran poder en los gobiernos que los sucedieron».

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