24 de julio de 2026
Moodys. Expresión de la mirada de Wall Street, advierte que para los mercados, la democracia es una molestia.
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Uno de los grandes riesgos de la economía argentina, según evaluó la semana pasada la calificadora Moody’s, es político, «de cara a las elecciones generales de 2027». Por eso, el texto que justificó la decisión de subirle la nota al país remarca la necesidad de «un ajuste macroeconómico continuo, hasta que se materialice una mayor proporción de los proyectos del sector externo» para el año próximo.
En líneas generales, la calificadora coincidió con las definiciones antes realizadas por las otras dos mega compañías colegas del ramo, Standard & Poor’s y Fitch (las tres con sede en Manhattan, Nueva York, aunque la última duplica su casa central en Londres).
La evaluación de Moody’s fue clara: «Aumentó la probabilidad de continuidad de las políticas y de ganancias sostenidas en liquidez externa y capacidad de pago de la deuda», sostuvo.
En un lenguaje similar al que utilizan el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, los respaldos al Gobierno libertario apuntan a evitar sobresaltos en el clima social y financiero local, a fin de asegurar la continuidad de las reformas estructurales, tanto en el corto plazo, como para después de las elecciones presidenciales de 2027.
Tolerancia
Las calificadoras coinciden en que las buenas notas se mantendrán en la medida que persista la tolerancia del ajuste que recae sobre la mayor parte de la población. En caso contrario, un eventual cambio de modelo impactaría negativamente en la calificación.
Por cierto, como es evidente que los esfuerzos demandados no tienen las contrapartidas correspondientes a la vista, el viceministro de Economía, José Luis Daza, no deja de formular pronósticos optimistas y hasta reiteró un viejo argumento. Aquel que dice avizorar los «brotes verdes» de una supuesta recuperación.
Lo que se promete, sin embargo, no difiere de otras ilusiones repetidas en distintas gestiones neoliberales para ocultar sus propósitos de beneficio para unos pocos grupos empresarios y en desmedro de pymes, trabajadores y jubilados.
De momento, lo que hay es un cuadro de enfriamiento productivo: el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec mostró para mayo niveles similares a los de febrero de 2025, tras registrar una caída mensual (la segunda consecutiva) del 0,5%.
Para pintar la realidad con colores más positivos, el ministro Luis Caputo resaltó que el EMAE «acumuló un crecimiento del 1,7% en los primeros cinco meses del año, en relación con igual período de 2025», lo cual exhibe como mucho un dinamismo escaso.
La estimación de crecimiento de la actividad realizada por el Fondo Monetario para todo 2026 es del 3,5%. Pero para que se cumpla ese pronóstico la tasa de crecimiento de los próximos meses debería ser del 1% mensual en promedio, objetivo que parece bastante difícil de lograr.
Daza. El viceministro de Economía avizora «brotes verdes» de una supuesta recuperación que no llega a la mayoría de la población.
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Sectores
Un análisis más fino sobre la marcha de la actividad permite ver que la mayor expansión en mayo se observó en los rubros Explotación de Minas y Canteras (15,7% interanual); Electricidad, Gas y Agua, 8%; y Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, 4,6%.
En el sentido opuesto, la Industria Manufacturera cayó 5,6% y el Comercio tuvo un retroceso del 4,3%, lo cual explica la pérdida de puestos laborales en sectores que van dejando de ser grandes demandantes de mano de obra.
Esa tendencia se traduce en menos ingresos de los sectores populares, una baja de la demanda, con el consiguiente achicamiento del mercado interno y un aumento de la incertidumbre de micro, pequeñas y medianas empresas
El ritmo de baja de la inflación, siempre que no impacte algún shock externo, no es suficiente, mientras los tomadores de crédito tienen reducida capacidad de repago y la morosidad no deja de aumentar.
Completan el panorama el derrumbe que marcan los indicadores sobre consumo de productos masivos, la captación de fuertes franjas del mercado por parte de la importación (desde alimentos hasta autos) y el desproporcionado incremento del precio de servicios como la electricidad, en buena parte por la quita de subsidios estatales.
Un comentario final sobre la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal que promueve el Gobierno. De aprobarse el proyecto se eliminarían los tres impedimentos para ingresar fondos al sistema financiero: límite de 1.000 millones de pesos, 10.000 millones en patrimonio y no calificar como grandes contribuyentes según ARCA. Un cambio que, según los funcionarios, colaboraría para mejorar las cuentas externas. Lo inocultable es el favor que se les haría a los grandes patrimonios y empresas evasores de impuestos y fugadores de capitales al exterior.
