10 de agosto de 2026
La explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en las islas argentinas es, en la actualidad, un proyecto en marcha. Búsqueda de nuevas fuentes de producción por un lado y débiles reclamos diplomáticos nacionales.
Soberanía. A 44 años del conflicto bélico, el eje central del debate no es solo el control militar del Atlántico sur, sino que juegan cada vez más fuerte los recursos energéticos.
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La explotación petrolera en torno a las Islas Malvinas dejó de ser una promesa para transformarse en un proyecto con obras en marcha, financiamiento asegurado y un cronograma definido. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum avanzan en el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, con el objetivo de iniciar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. La respuesta diplomática argentina continúa apoyándose en comunicados y en el rechazo jurídico a una actividad que el país considera ilegal, aunque sin lograr modificar el rumbo de un emprendimiento que gana escala año tras año.
Las compañías sostienen que la primera etapa demandará una inversión cercana a los 1.800 millones de dólares para alcanzar una producción inicial de 55.000 barriles diarios. Sin embargo, los planes presentados a sus accionistas muestran un horizonte mucho más ambicioso. La meta es expandir el desarrollo hasta llegar a 180.000 barriles diarios mediante nuevas fases de inversión, una cifra que equivale aproximadamente a una quinta parte de la producción petrolera total de Argentina.
La evolución del proyecto va en línea con un momento en el que el Reino Unido busca nuevas fuentes de producción hidrocarburífera ante la declinación de los históricos yacimientos del Mar del Norte. El Financial Times recordó que la producción británica en esa zona cayó alrededor de un 80% desde 2000 y destacó que Sea Lion podría transformarse en una de las principales fuentes futuras de ingresos petroleros para el país. En ese contexto, Sea Lion aparece como uno de los desarrollos offshore más importantes para Londres en las próximas décadas y, al mismo tiempo, como un nuevo foco de tensión en la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido.
La explotación petrolera en Malvinas representa mucho más que una discusión comercial. Desde la reforma constitucional de 1994, la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas constituye un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino. La presencia de inversiones multimillonarias, infraestructura permanente y futuras exportaciones de hidrocarburos introduce nuevos factores económicos que pueden fortalecer la posición británica sobre el territorio en disputa.
A 44 años del conflicto bélico de 1982, la controversia ya no gira únicamente alrededor del control militar del Atlántico Sur. También involucra recursos naturales, inversiones energéticas y una carrera por consolidar hechos económicos que, una vez materializados, resultan mucho más difíciles de revertir mediante reclamos diplomáticos. En ese escenario, el avance sostenido de Sea Lion expone la distancia entre la posición jurídica sostenida por Argentina y la velocidad con la que las empresas involucradas convierten un proyecto cuestionado en una futura plataforma de producción petrolera de alcance internacional.
Producción off shore. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum avanzan en el desarrollo del yacimiento Sea Lion a 220 km de las islas.
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Una operación ilegal
Desde el descubrimiento del yacimiento en 2010, Argentina denunció en reiteradas ocasiones la exploración y explotación hidrocarburífera en las aguas circundantes a las islas por considerar que viola la legislación nacional y las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a ambas partes a negociar la cuestión de soberanía. La Ley 26.659, sancionada en 2011, prohíbe expresamente la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Estado nacional.
Sobre esa base jurídica, el Gobierno argentino declaró ilegales a Rockhopper, Navitas y otras empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Las primeras sanciones comenzaron en 2012 y posteriormente fueron ampliadas durante 2022. Sin embargo, esas decisiones no impidieron que el proyecto continuara avanzando.
El punto de inflexión llegó en diciembre de 2025, cuando ambas compañías adoptaron la denominada Decisión Final de Inversión (DFI), el paso mediante el cual una empresa confirma definitivamente que ejecutará un proyecto petrolero. A partir de ese momento comenzaron las contrataciones, el cierre del financiamiento y la planificación detallada de las obras tanto en el mar como en Puerto Argentino.
El 2 de abril último, coincidiendo con la conmemoración de la guerra de Malvinas, Rockhopper difundió un nuevo informe técnico independiente elaborado por la consultora Netherland, Sewell & Associates. El estudio certificó que las fases iniciales del proyecto cuentan con 313,8 millones de barriles de petróleo económicamente recuperables, una reclasificación que permitió dejar atrás la categoría de recursos contingentes para convertirlos en reservas comercialmente explotables. Según el mismo trabajo, las reservas podrían ampliarse hasta 408 millones de barriles durante las etapas posteriores y el potencial geológico del área alcanzaría hasta 845 millones. Según informó Navitas, «está previsto que las obras de perforación y terminación comiencen a principios de 2027» y que «se sigue esperando que la primera extracción de petróleo de la fase 1 se produzca en el primer semestre de 2028».
La importancia estratégica del proyecto trasciende el plano energético. Distintos análisis sostienen que, una vez iniciada la producción, los ingresos por regalías e impuestos podrían modificar profundamente la economía de las islas.
En el plano jurídico, al menos en lo formal, Cancillería continúa rechazando oficialmente cada avance del proyecto y reitera que toda actividad hidrocarburífera realizada sin autorización argentina constituye una violación de la legislación nacional y de los derechos soberanos sobre la plataforma continental. Sin embargo, los hechos muestran que el desarrollo petrolero continúa avanzando con escasos obstáculos prácticos. Las sanciones administrativas argentinas no alcanzaron para impedir el financiamiento internacional, la contratación de infraestructura ni la ejecución de las obras.
