La profunda crisis económica ponía en jaque al primer gobierno democrático luego de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. «Acción» reflejó la complejidad de ese escenario acuciante.
11 de enero de 2017
Políticas de ajuste. El IMFC advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales.
Desde su origen, el Instituto Movilizador fue una entidad atenta no solo al devenir del ámbito cooperativo, sino también a los sucesos políticos, sociales y económicos del país y del mundo. Frente a cada hecho trascendente de la realidad, emitió su opinión, siempre en consonancia con los ideales de solidaridad y distribución equitativa de la riqueza. En junio de 1989, ante la inminencia del fin anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín, desde las páginas de Acción se brindaba una mirada acerca del proceso iniciado en 1983, reseñando las definiciones clave que el IMFC había reflejado en sus documentos y declaraciones emitidas durante los casi 6 años de gobierno alfonsinista.
«Las turbulencias y vendavales que mencionó el presidente Alfonsín en su discurso de renunciamiento no son el producto de un cataclismo imprevisible de la naturaleza, sino la consecuencia de una política económica deliberada y consciente que privilegió los compromisos con la banca acreedora y los grupos monopólicos locales», afirmaba la Declaración del IMFC del 13 de junio de 1989. Fiel a sus ideales, el Instituto se pronunciaba ante una situación social acuciante. «En esa política ajustada a las tendencias estructurales iniciadas durante la dictadura y continuadas en el periodo constitucional (endeudamiento del país, concentración económica, regresividad en la distribución del ingreso), es donde radican las causas del malestar social y la angustia que golpea a millones de hogares argentinos», precisaba, revalidando los análisis formulados en sus principales documentos emitidos entre 1983 y 1989.
«Por eso –continuaba–, ante el panorama doloroso de tantas familias carenciadas, el IMFC y sus cooperativas asociadas han respondido, fieles a su esencia doctrinaria, con la acción y el gesto solidarios. Pero dejando en claro que si no se modifica el rumbo perverso seguido hasta ahora por la orientación económica, podría haber pan para hoy, pero continuarán el hambre y las penurias el día de mañana».
Conducta coherente
«Llegamos así a la culminación de un periodo constitucional que finaliza con una transición difícil y conflictiva. Con hiperinflación y estado de sitio. A lo largo de este proceso, el Instituto Movilizador ha mantenido una conducta coherente con una ética de la acción cooperativa, que se orienta a los valores de la participación, la democracia, la honradez y el amor al prójimo. Lamentablemente, se han cumplido muchas de las advertencias formuladas por el movimiento sobre las consecuencias negativas que, tanto en el plano de la economía como en el económico y social, traerían aparejadas las orientaciones de la administración que concluye su mandato».
«Nuestro país –dice luego– padece una profunda crisis económica y social que en los últimos meses se ha agudizado hasta alcanzar niveles inéditos y dramáticos. Cerca de un tercio de la población argentina sufre de carencias que la ubican por debajo del límite de la pobreza, generando situaciones de extrema gravedad». En este punto se mencionaba un hecho sin precedentes en el país hasta ese momento: el saqueo de supermercados. Al respecto, el documento expresaba que era «un desenlace largamente anunciado y, por cierto, previsible, ante la cruel paradoja de la población hambrienta en un país extraordinariamente dotado de alimentos y rico en toda clase de recursos. Tal contradicción solo es posible como resultado de las políticas económicas aplicadas a lo largo de las últimas décadas, cuyo diseño ha respondido a las necesidades de los grupos monopólicos locales y transnacionales».
Soberanía y futuro
Ya el 3 de julio de 1983, al renovar las críticas a la política económica implantada desde 1976 por la dictadura, el Instituto denunciaba en un acto público en el Luna Park que se pretendía «generar riqueza a través de la concentración, la explotación de los trabajadores y la especulación financiera», lo que afectaba y ponía en peligro «la soberanía y el futuro como nación independiente». Dos años después, en Rosario, se afirmaba que «el futuro de la democracia, la estabilidad institucional, la vigencia de las libertades públicas y los derechos humanos dependen de que se adopte una política que comience por reactivar la economía, liquidar la inflación, generar ocupación y finalmente emprender el camino que esperamos desde hace 50 años, el del progreso social y la liberación».
Renuncia. Salida anticipada de Alfonsín.
Poco después, el gobierno puso en marcha el Plan Austral y fue el IMFC el que, ahondando en el análisis, advirtió sobre las consecuencias económicas y sociales que acarrearía: «De proseguirse este rumbo se consolidará la expansión de los sectores monopólicos extranjeros y locales en vinculación con el mercado externo y las áreas más rentables de las empresas públicas, marginando este proceso al grueso de las pequeñas y medianas empresas, a los asalariados y a vastas zonas del país de menor desarrollo relativo». Esto, tristemente, terminó confirmándose pocos años después.
La lucha inclaudicable del Instituto dejó otro testimonio en el documento «El cambio pendiente», difundido en 1987 y en la denuncia de la preocupante situación socioeconómica hecha en el acto del Día de la Cooperación ese mismo año, denuncia luego reiterada y actualizada en la Memoria del ejercicio cerrado en 1988. La crisis continuó agravándose y el 29 de mayo de 1989, frente al conjunto de medidas implementadas por el Ministerio de Economía, el IMFC sostuvo en un comunicado que ellas convalidaban «la fabulosa transferencia de recursos producida en los últimos meses desde los asalariados y las pymes hacia los sectores más concentrados del poder económico. Los costos del ajuste no recaen sobre aquellos sectores que se han beneficiado como consecuencia de la dolarización de sus patrimonios e ingresos, tales como los exportadores, los tenedores de divisas y títulos de la deuda interna, y las empresas monopólicas formadoras de precios. Los aumentos dispuestos en materia de salarios, asignaciones familiares y pasividades (jubilaciones) son absolutamente insuficientes para cubrir la brutal declinación del poder adquisitivo de estos ingresos».
El 13 de junio se emitía la última Declaración antes del cambio de gobierno. «Se inicia
–afirmaba– una nueva etapa y con ella se renuevan los anhelos de cambio y las esperanzas. Su realización dependerá del curso que adopten las futuras autoridades. Por nuestra parte seguimos insistiendo en que la democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social».
