31 de mayo de 2024
Rectora y pedagoga, reflexiona sobre el deterioro del presupuesto universitario, motor del conflicto que se expresó en la marcha del 23 de abril.
Flavia Terigi es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, entre otros títulos de una calificada trayectoria como pedagoga y referente académica. Es también rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Desde su despacho, con ventanales hacia el campus, desgrana aspectos del conflicto por el presupuesto y sus consecuencias en la cotidianeidad universitaria.
–Finalmente, el Gobierno actualizó el aumento presupuestario a todas las universidades como lo había hecho con la UBA. ¿Es suficiente?
–No hace más que poner a todas las universidades nacionales en igualdad de condiciones frente al discriminatorio aumento que se había otorgado a una sola de ellas. Que sea suficiente dependerá de la dinámica inflacionaria. Por otro lado, la discusión presupuestaria no es solo sobre gastos de funcionamiento, quedan por resolver becas, salarios, obras, fondos para ciencia y tecnología. El Poder Ejecutivo comunicó un cronograma de pagos y para que eso se concrete debe haber una resolución que lo convierta en un gasto exigible luego. Hasta que no haya resolución y no se produzcan las transferencias, estamos prácticamente en la misma situación. Es un avance que los temas sustantivos hayan comenzado a ser discutidos y que haya salido de la escena la dinámica de provocaciones. Falta mucho.
–Falta avanzar con el tema salarial.
–El plenario de CONADU ratificó el paro de 48 horas y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) lo está resolviendo. Sí quiero destacar que el ingreso de Francos a la UNA no solo es intimidatorio, sino que pretende instalar que el problema está solucionado, y desacreditar el reclamo salarial.
–Usted es egresada de la UBA y profesora en esa institución. ¿Qué sintió tras el acuerdo del Gobierno con esa universidad?
–Por la historia que tiene, por su importancia, porque muchos profesores de las universidades del Conurbano provenimos de la UBA, debería haber tenido y sostenido una posición de defensa al conjunto del sistema universitario. Escuché en estos días a sus autoridades decir que esa universidad había liderado una suerte de reacción contra la política presupuestaria del Gobierno. Por supuesto que la UBA ha sido muy importante en esa reacción, pero lo fue en realidad el conjunto del Consejo Interuniversitario. La marcha del 23 de abril estuvo conformada por parte de la ciudadanía que, sin tener relación directa con la universidad, quiso sumarse porque sintió que ahí se estaba tocando un bien preciado; por las otras universidades de la ciudad, por las del Conurbano, que en una enorme medida fuimos las que contribuimos al volumen de la marcha. Un Gobierno que venía diciendo que las universidades tenemos dinero, pero lo gastamos mal, que no hacía falta el incremento, pero se lo reconoció a la universidad más grande de Argentina. Y retroactivo a enero. Eso te coloca en otro piso para discutir el presupuesto de 2025.
–Tanto la ministra Pettovello como el bloque de senadores radicales reconocieron que el primer acuerdo de la UBA fue a cambio de votos para la Ley Bases.
–El Comunicado del CIN, del que integro el comité ejecutivo, fue muy claro al rechazar esta metodología. Nosotros no leemos entre líneas, es algo dicho. Los rectores rechazamos completamente esta idea de que hay estudiantes de primera y estudiantes de segunda, estudiantes que tienen derecho de ir a universidades en las cuales la luz se puede encender o el laboratorio puede tener insumos para poder investigar, o lo que fuere. Es un mensaje bastante paradojal por parte de un Gobierno que ha insistido en que parte de su base electoral está en los jóvenes. Los defendía y ahora el mensaje es: algunos tienen derecho a estudiar en ciertas condiciones, otros no. Es muy grave.
Desfinanciamiento
Durante 2024, la UNGS, como el resto de las universidades nacionales, recibió un incremento del 70% en marzo (tomando como referencia la cuota de marzo de 2023) y el anuncio –solo el anuncio– de otro incremento del 70%. A todas luces un monto insuficiente comparado con la enorme inflación. Terigi ejemplifica: «La factura de la energía eléctrica de febrero fue de 4.700.000 pesos y en marzo pasamos a pagar más de 14 millones».
«Las universidades públicas hemos dado muestra a lo largo de muchísimo tiempo de nuestra contribución a la sociedad, a la educación de una enorme cantidad de gente.»
–¿Cómo lo resolvieron?
–Tuvimos que cancelar actividades importantes: la universidad no abrió ninguna cohorte nueva de carreras de posgrado, ninguna diplomatura en formación continua, tenemos un programa de becas de gestión académica y servicios a la comunidad que debían comenzar este año y no comenzaron. Proyectos que ganaron convocatorias y no pudieron recibir el dinero, jóvenes que invirtieron tiempo y muchas expectativas. La beca que sí otorgamos es la de ayuda económica. Tuvimos poco menos de 500 solicitudes y las otorgamos a un valor que fue solo el 30% más que el año pasado. Se ha empobrecido respecto de la inflación.
–¿Qué dificultades perturban la gestión y la vida universitaria?
–Teníamos una licitación para construir el edificio de la escuela secundaria, pero nos informaron que ya no podíamos contar con el crédito. La obra no se hizo. Y el otro caso es directamente un escándalo: tenemos un edificio que es de laboratorios y de aulas para ciencia y tecnología que está edificado al 95%. La obra está paralizada porque el Gobierno no paga ninguno de los certificados de obra ni redeterminaciones de precios. Y si esto es poco escándalo, lo incremento: en el marco de programas de ciencia y tecnología (quiero destacar, además, la desinversión en Ciencia y Tecnología: su ejecución está cercana a cero) esta universidad compró equipamiento por 150.000 dólares que está en una caja, no lo podemos instalar porque el edificio no está terminado y no tenemos los insumos. Mientras tanto corre la garantía. Entonces, eso es mal uso de los fondos públicos.
–¿Lo plantearon? ¿Cuál fue la respuesta?
–Presentamos notas superformales, no hay respuesta prácticamente para ningún tema. Hay más de 400 trámites interrumpidos en la Dirección General de Gestión Universitaria porque hasta hoy, que nos llegó finalmente la comunicación, no se había designado al funcionario de esa Dirección. La verdad es que creo que se ha hablado poco de los problemas de gestión que ha generado este Gobierno.
–¿Se trata de una política deliberada? ¿De impericia? ¿Sospecha acerca de una política de arancelamiento?
–Lo del arancelamiento pudo haber sido al comienzo, a esta altura creo que les queda claro que eso no es posible. Para mí, expresa mucho desconocimiento, mucha tozudez y prejuicio. La posición ideológica respecto de lo público lleva a construir prejuicios sobre cómo funcionamos las universidades públicas. En el plenario de rectores y rectoras, el subsecretario de Políticas Universitarias (N. de R.: Alejandro Álvarez), cuando hablaba de adoctrinamiento, llegó a decir: «Me sorprendí porque la primera denuncia de adoctrinamiento que recibí fue de una universidad privada». Me quedo pensando: de verdad que tiene el prejuicio de que en lo privado anda todo bien y en lo público todo mal y lo tiene al punto tal de que lo dice al conjunto de los rectores.
«La marcha del 23 de abril estuvo conformada por parte de la ciudadanía que, sin tener relación directa con la universidad, quiso sumarse.»
–¿Hay una política de desvalorización de la educación pública?
–A mí me resulta, casi diría doloroso, tener que estar explicando estas cosas. Las universidades públicas hemos dado muestra a lo largo de muchísimo tiempo de nuestra contribución a la sociedad, a la educación de una enorme cantidad de gente, termine o no termine la carrera, porque pasar por la universidad te cambia la vida. Hay que estar explicando que las cosas que dice el Gobierno no son reales, porque afirma: «Ya acordamos con los rectores y otorgamos un 70% sobre el incremento del 70% que ya habíamos otorgado», y eso fue antes de la marcha. En verdad, quisiera dejar de hablar de gastos de funcionamiento y volver a hablar de política universitaria.
