15 de octubre de 2024
Aunque la compañía revirtió su déficit y genera ganancias, el Gobierno intenta apurar el traspaso a manos privadas a contramano de lo aprobado en el Congreso.
El propósito del Gobierno libertario de deshacerse de Aerolíneas Argentinas (AA) se mantiene sin variantes, aún luego del intento fallido a través del proyecto de Ley Bases, en cuyo texto original se habían incluido 48 empresas estatales que serían privatizadas, aunque quedaron solo 5 tras los debates legislativos que derivaron en su aprobación.
En ese sentido, el decreto 873 desconoce la voluntad del Congreso e insiste en proponer la venta de la compañía estatal, ante la necesidad de «racionalizar la oferta de servicios, expandir las inversiones y disminuir los costos, con la perspectiva de contribuir al incremento de la competitividad de la economía y al mejoramiento de la calidad de los servicios».
Previamente, otro decreto (el número 599, de comienzos de julio), anticipaba la intención oficial al dar luz verde a «personas jurídicas extranjeras» para operar en el mercado aerocomercial nacional.
Se alentó así, bajo la poética promesa de «cielos abiertos», un futuro cercano de «libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles» y de «estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores aerocomerciales y operadores aeroportuarios». Todo eso, en un marco de «desregulación tarifaria y libertad en la determinación de precios».
También se reconoció, para beneficio de los competidores de Aerolíneas Argentinas, la «libertad comercial en la fijación de frecuencias y rutas aéreas»; el compromiso de «limitadas y eficientes» intervenciones de la Administración Pública Nacional; y el «otorgamiento inmediato de capacidad y/o frecuencias solicitadas, salvo estricto y fundado impedimento técnico operativo sujeto a reglamentación transparente».
La meta gubernamental de liquidar AA se procura por distintos medios, empezando por la reducción de su capacidad competitiva. En ese sentido la compañía estatal sufre el torniquete presupuestario general, cuya expresión más mediática se concentra en estos días en el retaceo de la actualización de salarios del personal de la empresa.
El conflicto de la compañía con las Asociaciones de Pilotos y de Aeronavegantes dio lugar a medidas de fuerza en el marco de un plan de lucha que está todavía en curso.
Reclamo. Trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas protestan frente al Congreso en septiembre.
Foto: Getty Images
Vaciamiento
Otras manifestaciones de la erosión y/o vaciamiento de Aerolíneas, propósitos fogoneados sin pausa por la Casa Rosada, son los despidos, retiros voluntarios y prejubilaciones. Por esas vías se desvincularon en lo que va de 2024 a más de 1.300 trabajadores (el 7% de su plantilla). Se aplicó, además, un fuerte recorte (de 81%) en la inversión publicitaria, que bajó de 566.000 dólares mensuales a 103.000.
También en el Parlamento las fuerzas neoliberales empujan el traspaso de la compañía. A tal fin, un plenario de las Comisiones de Transportes y de Presupuesto y Hacienda debatió en la Cámara de Diputados dos proyectos de ley favorables a la privatización. Uno presentado por el legislador del PRO Hernán Lombardi y el otro por su par de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.
El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, propició allí «que el Estado no tenga un rol empresario en la sociedad», tras lamentar que «desde el momento de su reestatización, en diciembre de 2008, todos los argentinos le transferimos a Aerolíneas más de 8.000 millones de dólares. Ese fue el despilfarro de seguir manteniendo una empresa a la que nunca se le limitó el giro discrecional de fondos», cuestionó.
A su vez, Franco Mogetta, secretario de Transporte, sintetizó: «La finalidad (de la venta de la línea aérea) es que operen más empresas para lograr mayor oferta, un mejor servicio y a un menor costo».
Ese supuesto beneficio, a través de la pronta desaparición de la empresa estatal actual, genera sin embargo variados interrogantes de los usuarios habituales de la aerolínea, dadas las experiencias de resultado opuesto en años no tan lejanos.
Gremios y analistas del sector, por otra parte, aclaran que en 2023 Aerolíneas Argentina no requirió fondos del Tesoro nacional para su funcionamiento.
Dicho de otro modo, la compañía, contra lo que afirman libertarios y aliados, no tuvo necesidad de ejecutar el presupuesto que tenía asignado, de 90.000 millones de pesos. Y por primera vez desde su reestatización obtuvo un resultado económico positivo, de 32 millones de dólares (frente a un rojo de 247 millones en 2022), según consta en su Informe de Gestión anual.
La mejora en los resultados de la aerolínea de bandera, ligada en parte al récord de pasajeros (14 millones en 2023, mientras se proyectan 16,4 millones para este año) ya se advertía en la primera mitad del año pasado. Pese a que en ese semestre arrastraba todavía un déficit de 48 millones de dólares, el desbalance ya era un 61% inferior al de 2022 y un 80% más bajo que el anotado en 2019.
Al mismo tiempo, la deuda de la empresa bajó de 946 millones de dólares a fines de 2019 a 368 millones cuatro años después.
Otra duda que se presenta se refiere a la eventual desatención a distintos destinos del país que, en aras del ahorro de recursos presupuestarios, podrían correr el riesgo de verse sin vuelos si avanzan los planes privatizadores.
Pocas veces se menciona cómo gravita sobre Aerolíneas la prestación de servicios a localidades a las que no llegan aeronaves de líneas privadas, dada su escasa o nula rentabilidad.
Aerolíneas Argentinas conecta exclusivamente 42 rutas federales y es la única que llega a 21 destinos de cabotaje: Resistencia, Río Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Paraná, San Juan, Viedma, Río Grande, Río Hondo, Río Cuarto, San Rafael, Bahía Blanca, Mar del Plata, Esquel, Merlo y Reconquista. Los vuelos a esta última ciudad del norte de Santa Fe fueron cancelados desde abril pasado, ante el supuesto «incumplimiento», por parte de las autoridades municipales, de un compromiso de pago originado en un convenio previo, que había posibilitado el servicio hoy interrumpido.
