20 de junio de 2026
El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), que actúan como “amicus curiae” (amigos del tribunal) en la causa $LIBRA, pidieron que tramite por separado, de forma más expeditiva, un tramo del caso que atañe específicamente al presidente Javier Milei y al posible delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
“Venimos a propiciar el deslinde del objeto procesal, con el fin de asegurar una investigación más eficaz y expedita respecto de la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación, sin afectar el desarrollo de las restantes líneas de investigación vinculadas con la posible comisión de delitos de estafa a través de medios digitales ni las derivaciones que de ellas pudieran surgir”, dice un escrito firmado por Julián Alfie, titular del INECIP, y Pedro Biscay, de CIPCE, informó Página12. El documento sugiere que el fiscal tiene la responsabilidad de evitar “frenos” y “riesgos de dilación irrazonable” en la pesquisa y que existen compromisos internacionales de Argentina en la lucha contra la corrupción.
La causa lleva quince meses en trámite y es llamativa la demora de la fiscalía en ordenar el peritaje del celular de Novelli y el del exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, dispositivos que tuvo guardados por cerca de siete meses, además de que también tardó todo el verano en darles acceso a las querellas al informe preliminar, y luego un mes para que vieran el informe final. A esto se suma un planteo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), que respondió en abril que no tenía recursos (el software necesario) para reconstruir las transacciones en criptomonedas en fechas relevantes de esta historia, que se sospecha que serían pagos del empresario estadounidense Hayden Davis —creador de $LIBRA— destinados a Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, pero que podrían haber llegado a la Casa Rosada, detalló el matutino.
Tanto CIPCE como INECIP proponen que toda esa reconstrucción, que todavía resta completar sobre posible cohecho o pagos ilegales, más la presunta estafa, siga bajo análisis en forma independiente de la eventual responsabilidad de Milei en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública que, de acuerdo al Código Penal, “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare, en miras a un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
