20 de agosto de 2026
La informalidad y la precariedad laboral crecen a paso firme desde hace años. Durante los últimos 30 meses la vulnerabilidad de los trabajadores se incrementó de la mano de las apps de reparto.
Pedidos. Durante el primer trimestre de este año, el valor promedio se ubicó en 3.924 pesos.
Foto: Jorge Aloy
La informalidad laboral alcanzó un récord del 44,2% en el primer trimestre de este año, el nivel más alto registrado. Alcanzó a 5,9 millones de personas en los grandes aglomerados urbanos y casi diez millones de trabajadores si se proyecta el dato al total país. En ese contexto, en los últimos años, el reparto por aplicaciones se convirtió en una de las principales salidas laborales para quienes pierden un puesto registrado o necesitan completar ingresos, pero la expansión de la actividad no se traduce en mejores condiciones de trabajo. Un informe de la Fundación Encuentro calculó que, «en marzo de 2026, un repartidor necesitó realizar 453 pedidos brutos en el promedio del mercado para alcanzar la Canasta Básica Total de una familia tipo». En Rappi, la cifra ascendió a 596 entregas y en PedidosYa fue de 366. Ninguno de esos cálculos toma en cuenta combustible, mantenimiento, telefonía, monotributo ni otros costos necesarios para trabajar.
La cifra permite observar cómo la crisis del empleo formal se desplaza hacia las plataformas. La motocicleta y el teléfono funcionan como puertas de entrada a una actividad sin contrato de trabajo, salario mínimo ni garantía de ingresos, mientras las empresas definen las tarifas y las condiciones de acceso mediante algoritmos. El fenómeno de la informalidad recoge dos procesos que suelen analizarse por separado: la búsqueda de ingresos en una actividad de incorporación inmediata y la pérdida de empleos con derechos laborales.
Para las plataformas, representa una oferta creciente de personas disponibles para conectarse. Para los trabajadores, es una forma de sostener el consumo diario en un mercado que ofrece menos puestos registrados y exige más horas para obtener el mismo ingreso. La idea de que cada repartidor es un pequeño empresario queda tensionada por una estructura en la que la aplicación determina buena parte de las reglas, el precio del viaje y la continuidad del vínculo.
El costo de llegar a tiempo
El coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), elaborado por la Fundación Encuentro, permite traducir el ingreso de un repartidor a una unidad concreta: la cantidad de pedidos que debe completar para cubrir distintos gastos. «El promedio general de 453 entregas mensuales para alcanzar la Canasta Básica Total equivale a unos 15 pedidos diarios si se trabaja todos los días del mes. En Rappi, los 596 pedidos representan casi 20 por día durante treinta días, o cerca de 23 diarios si se consideran 26 jornadas. Son cálculos brutos, antes de pagar el combustible y el resto de los insumos de la actividad», señala el informe.
La diferencia entre plataformas es relevante porque muestra que no existe un único mercado de reparto. El informe ubicó en 3.924 pesos el valor promedio del pedido en la competencia durante el primer trimestre de 2026, mientras que Rappi mantuvo congeladas sus tarifas desde octubre de 2025. Esa falta de actualización amplió la cantidad de viajes que debe realizar quien trabaja en esa aplicación para alcanzar los mismos objetivos de ingreso. La tarifa puede presentarse como el resultado de una elección entre empresas, pero para el repartidor la decisión está condicionada por la cantidad de pedidos disponibles, la zona en la que trabaja y la posibilidad de quedar fuera del sistema.
Lo informal de lo informal. El alquiler de cuentas somete a los trabajadores bloqueados a una forma de precarización superpuesta.
Foto: NA
El cálculo del APP no contempla propinas, pero tampoco descuenta los costos operativos. Esta aclaración evita confundir facturación con ingreso disponible. Cada viaje supone desgaste de cubiertas, aceite, frenos y transmisión; incluye el costo del seguro, la patente y la reparación de una moto que, además de ser una herramienta de trabajo, puede convertirse en la única fuente de ingreso del hogar. También requiere conectividad, un teléfono en condiciones y tiempo de espera entre pedido y pedido, una parte de la jornada que no siempre aparece reflejada en la tarifa.
En este contexto, la informalidad laboral no es el único indicador de deterioro. El 37,9% de los asalariados no tenía aportes jubilatorios realizados por su empleador, frente al 36,3% registrado un año atrás. Entre los asalariados informales, el 84,5% tampoco realizaba aportes propios al sistema previsional. A su vez, el 15,8% de los ocupados buscaba activamente otro empleo y el 11,1% estaba subocupado, es decir, trabajaba menos de 35 horas semanales de manera involuntaria y quería trabajar más.
La presión total sobre el mercado de trabajo llegó al 29,6% de la población económicamente activa cuando se suman desempleados, ocupados que buscan otro puesto y personas que desean trabajar más horas.
La vulnerabilidad también se observa en el crecimiento del alquiler informal de cuentas. Repartidores que fueron suspendidos por una decisión automática o por una falla del sistema recurren a perfiles registrados a nombre de terceros para poder seguir trabajando. En otros casos, hay usuarios que crean cuentas sin utilizarlas y las ofrecen mediante redes sociales o grupos de mensajería. Algunos avisos incluyen, además del perfil activo y su nivel dentro de la aplicación, una moto para realizar las entregas. El alquiler de cuentas no constituye una elección libre en igualdad de condiciones. Es la consecuencia de un sistema en el que un bloqueo puede interrumpir de un día para el otro el ingreso de una persona, sin una instancia clara de defensa y con respuestas automatizadas. Entre los motivos denunciados por los trabajadores aparecen fallas en el reconocimiento facial, cambios de teléfono, pedidos que desaparecen de la aplicación y sanciones por viajes que no pudieron completarse por desperfectos del vehículo. También se señalaron bloqueos vinculados con la participación en protestas y reclamos por las tarifas. La consecuencia es una forma de precarización superpuesta. Primero, la persona trabaja sin una relación laboral reconocida y asume los costos de la actividad. Luego, si la plataforma bloquea su perfil, puede quedar obligada a pagar por una cuenta ajena y a trabajar bajo una identidad que no coincide con la suya.
En consecuencia, el reparto por aplicaciones no aparece como una actividad aislada ni como una innovación neutral. Funciona como una válvula de escape frente a la falta de empleo registrado, absorbe parte de la fuerza laboral que no encuentra lugar en otras ramas y permite que las estadísticas de desempleo no reflejen por completo la profundidad de la crisis.
