Juan Carlos Junio

Tras la salida del cuestionado funcionario, el Gobierno apuesta a sancionar reformas que incluyen beneficios extraordinarios para el capital concentrado, cambios tributarios regresivos y modificaciones electorales.

Mientras la crisis golpea los ingresos populares, el Gobierno avanza en un esquema de beneficios para corporaciones extranjeras y locales. El caso Adorni puso en crisis el discurso anticorrupción.

Taty Almeida deja un legado de memoria, verdad y justicia y la convocatoria a la unidad para enfrentar un tiempo de retroceso político y cultural. En tanto, el caso Adorni profundiza la crisis de credibilidad del Gobierno.

Privatizaciones, ajuste y beneficios para sectores concentrados conviven con una creciente reacción social y cultural que comienza a construir en las movilizaciones masivas una respuesta al rumbo oficial.

El Gobierno asegura que la crisis es una invención mediática mientras se evidencian señales de deterioro económico y social. Entre las brumas del modelo y las manifestaciones de rechazo a las políticas oficiales.

El acuerdo con Estados Unidos, la hidrovía y el RIGI reavivan debates sobre recursos estratégicos y soberanía. La rebaja de retenciones contrasta con la quita de subsidios al gas y profundiza la inequidad gubernamental.

Mientras se suceden movilizaciones masivas en defensa de derechos básicos, como educación, trabajo y salud, el presidente endurece su retórica de confrontación. Políticas de mano dura en Nación y en la Ciudad de Buenos Aires.

Las consecuencias sociales de la política económica neoliberal y las denuncias de corrupción alimentan el descontento hacia el Gobierno. La gran movilización universitaria y la crisis integral del modelo. 

El desgaste del Gobierno y el crecimiento de la protesta social aceleran búsquedas de opciones de recambio por parte del poder económico para 2027. El desafío opositor de construir una alternativa.

Las consecuencias sociales de las políticas económicas erosionan el apoyo al presidente y alimentan la conflictividad. El Gobierno ratifica su agenda regresiva.

El Gobierno celebra nuevos fondos por parte del FMI, mientras crecen la inflación, la tensión social y el malestar por denuncias de corrupción. Un respaldo financiero que llega con condiciones.

Mientras sectores empresarios respaldan el rumbo económico, crece la preocupación por la reacción social ante las consecuencias del modelo, en un clima de conflictividad y desgaste político.

A pocos meses del triunfo electoral en las legislativas, el Gobierno no logra revertir el desacople entre la narrativa oficial y la tensión social por el impacto cotidiano de su política económica.

Un tribunal neoyorquino desestimó las acusaciones contra la expropiación de la petrolera nacional. En medio de tensiones económicas y sociales, el Gobierno intenta reordenar su agenda.

A 50 años del comienzo de la dictadura cívico-militar que instauró el terrorismo de Estado, la sociedad sostiene mayoritariamente los valores democráticos y el reclamo de juicio y castigo a los culpables.

La contradicción entre el discurso presidencial y la situación de millones de argentinos se puso en evidencia en Wall Street. Un modelo celebrado en los mercados con su contracara de recesión y deterioro social.

El Gobierno profundiza su confrontación política mientras crecen la recesión, los despidos y el deterioro de los salarios, en un clima social signado por la preocupación. Las grandes movilizaciones.

En el Congreso se celebraron «virtudes» del modelo; afuera crece la preocupación por el deterioro de salarios y jubilaciones y la pérdida de fuentes de trabajo. Un mes de movilizaciones. 

El Congreso debate un proyecto de reforma laboral regresiva con el telón de fondo del deterioro de la situación social como consecuencia de las políticas oficiales: caída de la actividad económica, cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.

Sindicatos, partidos políticos y otros sectores se manifiestan contra la reforma laboral. Acuerdo con Estados Unidos y manipulación del índice inflacionario.

Mientras continúan los incendios en la Patagonia, avanza en el Congreso un conjunto de leyes que mutilan derechos sociales. Preocupante incremento de la mortalidad materno-infantil.

El objetivo fiscal del Gobierno se impone sobre la función social de los servicios públicos mediante la eliminación de los aportes estatales en las tarifas. El nuevo esquema profundiza la desigualdad.

La agresión militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro de su presidente marcan un quiebre del derecho internacional y el sistema de convivencia entre los pueblos del mundo.

El Congreso aprobó un presupuesto signado por el ajuste de las partidas sociales y la desfinanciación de la educación pública, la ciencia y la tecnología. Debate entre dos modelos de país.