6 de junio de 2025
Víctimas del ajuste. Jubiladas y jubilados reclaman cada miércoles por sus haberes frente al Congreso Nacional.
Foto: NA
El Gobierno nacional está dispuesto a seguir los consejos que provienen del norte desarrollado. En particular, el que brindó en su último informe la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el club que nuclea mayormente a los países ricos: «Para mantener la mejora de los resultados fiscales obtenidos, se requerirán reformas más profundas de impuestos y gastos».
Precisamente, el ajuste permanente es uno de los tres ejes enlazados en que se sustenta el programa libertario, junto al creciente endeudamiento y a la represión sistemática como respuesta a quienes resistan esas recetas.
Así, en 2024 las drásticas podas de más de una cuarta parte del gasto público (-27,5%) permitieron mostrar un superávit primario de 1,8% del PBI. Esfuerzo que, más allá de lo discursivo, no recayó sobre la «casta», sino que castigó a sectores populares.
Los recortes, en realidad, se centraron en rubros como las jubilaciones y pensiones, los planes sociales paliativos de sectores vulnerables y los subsidios económicos, con la contracara de fuertes subas en tarifas de servicios públicos esenciales.
Del mismo modo, se postergaron obras públicas de infraestructura, en desmedro de la calidad de vida en todo el país, y hasta se abandonaron trabajos de mantenimiento y reparación de rutas, con el consiguiente aumento del riesgo vial. Además de desfinanciar los sistemas estatales de salud y de educación.
Aun así, los superávits fiscales de los que se ufana el Gobierno (supuesto antídoto contra la inflación y presunta valla contra la toma de deudas), no se corresponden con la realidad.
Veamos por qué. En rigor, mediante prácticas de «contabilidad creativa» el Tesoro emite deuda cuyos intereses son capitalizados y pasan automáticamente a ser nueva deuda, por lo cual no afectan el resultado fiscal. De haberse contabilizado como gastos, en 2024 y en lo que va de 2025 no habría existido superávit financiero sino déficit. Mientras, una lectura más detallada del rumbo actual deja en claro que la deuda pública en pesos aumentó.
En la semana que pasó ingresaron los fondos relacionados con la adjudicación entre no residentes del Bonte 2030, por 1.000 millones de dólares, a una tasa efectiva que supera el 30%, sin dudas muy significativa y que incrementará el monto de los intereses de la deuda. A mayor pago de intereses, es sabido, mayor será el ajuste del gasto, con tal de mantener el mentado «equilibrio fiscal».
Inocentes
Con el mismo espíritu, el Gobierno confirmó que vetará lo aprobado el miércoles por Diputados en favor del incremento de haberes de jubilados y jubiladas y el marco legal de personas con discapacidad, si el Senado da luz verde a esas iniciativas.
El caso es que la crudeza en la aplicación del plan no garantiza resultados favorables. La misma OCDE advirtió sobre el costado débil del frente externo, al anticipar que «la cuenta corriente se deteriorará».
A dos voces. El titular de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert anuncian el proyecto oficial de Principio de Inocencia Fiscal.
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Frente a lo cual, para mantener estabilizada la cotización del dólar (y la inflación), y como no es suficiente recurrir a un mayor endeudamiento, se busca reforzar las alicaídas reservas monetarias mediante distintos mecanismos para que los residentes «regularicen» sus tenencias de moneda extranjera.
En tal sentido, el proyecto de ley de «Principio de Inocencia Fiscal» apunta a incentivar el uso de los dólares no declarados. El anuncio («todos somos inocentes salvo que ARCA demuestre lo contrario») exhibió una clara postura de denostación estatal, en particular de sus potestades para controlar la evasión y delitos que son penados incluso internacionalmente.
Un tema adicional es la actualización de los montos del régimen general a considerar como evasión simple (de los actuales 1,5 millones de pesos a 100 millones) o agravada (pasará de 15 millones de pesos a 1.000 millones), que difícilmente esté apuntando a que la «gente» saque los dólares del colchón.
Las batallas en el Parlamento y las masivas protestas de cada vez más sectores apuntan a revertir reformas regresivas en curso o en carpeta. Para lo cual, la clave sigue siendo avanzar en la construcción de la unidad del campo popular para torcer el proyecto ultraliberal.
