11 de mayo de 2026

Los acontecimientos de las últimas semanas días, que nos advierten sobre el próximo devenir, están marcados por un elemento político determinante, muy propio de la historia de nuestro país: la emergencia de la ciudadanía, del pueblo, en calles y plazas. En ese sentido, el acontecimiento bisagra fue el 24 de marzo, cuando se expresó en toda la geografía del país, inclusive en los lugares más pequeños, superando las identidades partidarias, un claro sentimiento de oposición al plan económico del mileísmo. Nadie duda de que esas multitudes ratificaron en dicha jornada la voluntad democrática de las mayorías en relación a los temas de derechos humanos, sintetizados en la consigna de «memoria, verdad y justicia».

Además, en varias provincias se despliegan protestas por temas muy diversos, fundamentalmente en defensa del trabajo y del salario, que cada vez pierde más frente al aumento de los precios. Justamente, se anunció un nuevo golpe al bolsillo popular: un incremento en el transporte público, que alcanza a los colectivos y los trenes. En el caso de estos últimos, la suba implicará un daño severo a la economía de los usuarios: 18% desde el lunes próximo, 15% en junio, 13% en julio, 12% en agosto y 10% en septiembre.

Mientras tanto, crece el desempleo -con la consecuente preocupación por perderlo de los que lo conservan-, se sostienen jubilaciones y pensiones que a esta altura no habría que trepidar en considerarlas miserables, y todas las prestaciones que brinda el Estado, entre ellas, el PAMI, medicamentos, hospitales, ayudas a los núcleos más humildes, educación, cultura, ciencia, infraestructura, están deterioradas por la política manifiestamente pública de destrucción del Estado.

En este marco también hay que mencionar la evocación del 1º de mayo realizada por la CGT, que convocó a la militancia gremial y política a pesar de las críticas que sufre su conducción por sus ambigüedades frente a las políticas que vulneran a su propia base social, recortando sus derechos adquiridos.

En defensa de la educación pública
Sin embargo, lo más trascendente de esta coyuntura seguramente serán las manifestaciones de la comunidad universitaria, que una vez más expresará su notable energía en defensa de la educación y la universidad pública. El antecedente de las movilizaciones de 2024 y 2025 marca el camino: desbordaron todas las ciudades del país, e incluso generaron una fractura en el consenso de sectores sociales, incluyendo a los que aún tienen expectativas con respecto al Gobierno nacional. Como ya ocurrió, la 4ta marcha federal universitaria concitará también el apoyo de amplias franjas del pueblo democrático, superando identidades partidarias, religiosas y sociales, con el consecuente impacto en el Congreso Nacional. En este punto, las movilizaciones precedentes lograron que se ratifique la aplicación de la ley de financiamiento universitario, e incluso fue derrotado el veto presidencial.

Las complicaciones del Gobierno se potencian con las denuncias de actos de corrupción que involucran no solo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya que anteriormente habían llegado al propio presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en el marco de la investigación del caso de la criptomoneda $Libra.

En síntesis, la conjunción de la afectación a los sectores humildes y las clases medias como consecuencia del modelo económico, junto a la propagación de las impugnaciones por supuesta corrupción, va generando una situación de pérdida de legitimidad del presidente y su Gobierno ante la ciudadanía.

Estrategias
La ya célebre cascada de Adorni, construida con recursos bajo sospecha, va alimentando una ola que en realidad expresa descontento y bronca por la pérdida de derechos económicos y sociales y sus implicancias en la calidad de vida de la ciudadanía, que se expresa en altos niveles de endeudamiento financiero para sobrevivir, en muchos casos, la imposibilidad de afrontar el pago de alquileres y, también, de tener que atender a familiares mayores abandonados por el Estado nacional, entre otros graves problemas cotidianos.

Frente a este cuadro de crisis integral, los núcleos del poder permanente, una vez más, reelaboran sus estrategias en la búsqueda de alternativas para la continuidad del modelo más allá del destino de este Gobierno. Por su parte, los sectores populares y progresistas se enfrentan al reto de construir un proyecto político esperanzador que interpele a las diversidades sociales y culturales y vaya articulando una propuesta programática que exprese las demandas actuales de las mayorías sociales. 

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