Sociedad

La salud en debate

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María José Ralli

La provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para reorganizar el sistema sanitario bonaerense. Cómo superar la fragmentación sin perder de vista el derecho a la salud.

Bahía Blanca. El Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna forma parte del sistema sanitario bonaerense.

Foto: Horacio Culaciatti

El sistema sanitario argentino arrastra desde hace décadas un problema que no encuentra solución, se ve agravado por la crisis económica y no logra dar respuesta a un derecho básico como es la salud, a la vez que coexisten múltiples subsistemas que funcionan con poca o nula coordinación entre sí.

Sobre ese diagnóstico se apoya el proyecto de ley que el Gobierno bonaerense presentó para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), una reforma que propone fortalecer la planificación estatal y ordenar la red de atención.

La propuesta, presentada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, busca establecer un nuevo marco institucional para coordinar el funcionamiento de los sectores público, privado y de la seguridad social, históricamente fragmentados, y llega en un momento signado por el desfinanciamiento de distintas políticas sanitarias nacionales, el incremento del gasto de bolsillo de las familias, la desregulación del mercado de medicamentos, la presión económica sobre las obras sociales y una demanda del sistema público que no tiene precedentes.

Con este panorama, el proyecto propone fortalecer el rol del Estado provincial como autoridad sanitaria, dotándolo de mayores herramientas para planificar, coordinar y evaluar el funcionamiento del sistema con la intención de avanzar hacia una mayor articulación entre los distintos actores.

Entre las principales medidas figura la consolidación de una Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud, organizada por niveles de complejidad para ordenar los circuitos asistenciales; la creación del Consejo de Salud de la Provincia y de consejos regionales que incorporen a financiadores, universidades, sindicatos y colegios profesionales; un Registro Provincial de Financiadores de Salud para mejorar la coordinación entre quienes financian las prestaciones, y la puesta en marcha del Instituto Universitario Provincial de Salud «Floreal Ferrara», destinado a fortalecer la formación de los equipos sanitarios.

Al presentar la iniciativa, Kreplak sostuvo que el objetivo es «construir un sistema de salud con reglas claras, que mejore el acceso, la calidad de la atención y garantice plenamente el derecho a la salud», una apuesta para apunta a crear mecanismos de articulación donde hoy predominan circuitos paralelos que muchas veces atienden a la misma población sin compartir información ni coordinar estrategias.


Diagnóstico compartido
Consultados por Acción, distintos actores del sector consideran que el proyecto parte del diagnóstico compartido de la necesidad de coordinar un sistema donde conviven financiadores y prestadores en una desarticulación que reduce la eficiencia del sistema y profundiza desigualdades en el acceso. Y en este sentido, la propuesta es vista como un paso en la dirección correcta.

Por otra parte, la incorporación de espacios institucionales de diálogo entre el Estado, los financiadores, los prestadores, las universidades y las organizaciones profesionales son entendidos como ámbitos necesarios para construir políticas sanitarias de largo plazo, así como la disponibilidad de información integrada, la planificación territorial y la organización de redes asistenciales, centrales para optimizar el uso de recursos.


Construir consensos
Sin embargo, también advierten que la integración del sistema no puede concretarse únicamente mediante cambios normativos y uno de los principales desafíos es la situación del recurso humano. Hoy la escasez de profesionales en especialidades críticas, las desigualdades en las condiciones laborales entre los distintos subsistemas, el pluriempleo y las dificultades para retener trabajadores de la salud representan uno de los principales problemas que cualquier proceso de reforma deberá abordar.

Un punto de partida es la decisión del proyecto de incorporar políticas de formación permanente y de mejora de las condiciones laborales, aunque será necesario avanzar en acuerdos amplios que involucren a todos los actores del ecosistema de salud, generando acuerdos que se mantengan en el tiempo y eleven el nivel de consenso político e institucional. Con el envío del proyecto a la Legislatura, la provincia abre un debate de fondo sobre el futuro del sistema sanitario bonaerense donde se espera que el tratamiento parlamentario abra paso a una discusión que ponga en el centro cómo garantizar un acceso equitativo y de calidad en un escenario de complejidad económica y social.

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