25 de octubre de 2017
«Bienestar» fue alguna vez una palabra política. Acompañaba –y calificaba– a conceptos con fuerte contenido y tradición, y trazaba un horizonte de lo posible y lo deseable en sociedades que, como la Argentina de la segunda mitad del siglo XX, confiaban en la utopía del pleno empleo a través de la intervención en la economía de un Estado que, a su vez, aspiraba a la ampliación de los derechos sociales de los ciudadanos. Estado de bienestar, bienestar social, bienestar común: en todas estas expresiones –que al neoliberalismo le resultan incómodas y ajenas– el bienestar se ubicaba en la escena de lo público.
En nuestro país, la palabra nombró a un ministerio: el de Bienestar Social, que conservó esta denominación entre 1966 y 1981. La dictadura lo rebautizó como Ministerio de Acción Social en 1981 y, luego de otras modificaciones, se convirtió en Ministerio de Desarrollo Social en 1999.
Hoy no hay rastros de la palabra bienestar en el organigrama de la burocracia estatal. Ni direcciones ni secretarías parecen encargarse de un tema que, al parecer, dejó de ser una cuestión pública y es remitida desde diferentes ámbitos al mundo de lo privado. En efecto, a partir de 2015, el gobierno nacional adscribe a una concepción de bienestar basada en el desarrollo individual. Desde el Estado neoliberal se insta a que los ciudadanos lo gestionen a través prácticas de «management del yo» –en palabras de la socióloga Cecilia Arizaga–, con la ayuda de gerentes y gestores de felicidad. Es lo que se viene proponiendo de la mano del asesor presidencial Alejandro Rozitchner, el filósofo que dicta talleres de entusiasmo y positividad inteligente. En tanto, el viejo bienestar, vinculado con los derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda, queda cada vez más en manos del mercado.
