5 de marzo de 2025
Los 40.000 kilómetros de la red nacional están siendo abandonados por un Gobierno que no destina recursos. Los efectos sobre la siniestralidad vial y el reclamo de los intendentes bonaerenses.
Sin caminos. Desde diciembre de 2023, el mileismo desfinanció más de 2.300 obras públicas que, con distintos niveles de avance, estaban en marcha en todo el país.
Foto: @MInfraPBA
Las rutas nacionales de Argentina vienen mostrando los efectos de la retirada del Estado de la inversión en mantenimiento y obra pública, con sus consecuencias económicas, productivas y en materia de seguridad. Desde que llegó al poder, La Libertad Avanza (LLA) no destinó recursos para reparar estos caminos y mucho menos para construir nuevos. Así lo vienen advirtiendo intendentes de la provincia de Buenos Aires, que ya realizaron una petición conjunta ante la Justicia, y dirigentes sindicales del sector vial.
Sostienen que, más allá de la decisión política de un Gobierno que descree de sus responsabilidades en materia de infraestructura, existen fondos recaudados a través de impuestos cuyo destino específico es la conservación de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales.
A esto se suma la decisión presidencial (decreto 97/2025) de privatizar Corredores Viales SA, la empresa estatal que maneja 9.000 kilómetros de los principales caminos del país, paso previo a su disolución.
El 12 de febrero, en Luján, una veintena de jefas y jefes comunales bonaerenses se reunieron para firmar una presentación judicial en reclamo a la Casa Rosada por el desvío de fondos que deben ser destinados al mantenimiento vial en la provincia. La acción, impulsada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis, tuvo como destinatarios a la cartera de Economía que encabeza Luis «Toto» Caputo, al Banco Nación (recientemente transformado por decreto en sociedad anónima), a la Dirección Nacional de Vialidad y a la mencionada Corredores Viales SA.
«¿Dónde están los más de 200.000 millones de pesos del Impuesto a los Combustibles y el billón de pesos recaudados a través del Impuesto PAIS que el Gobierno nacional debió transferir en 2024 para obras e infraestructura?», lanzó Katopodis desde su cuenta de X, con el hashtag #MileiArregláLasRutas. «Cada vez que cargás combustible en la estación de servicio –explicó el funcionario de Axel Kicillof–, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono». En ese sentido, aseguró que «Javier Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución».
Desde diciembre de 2023, el mileismo desfinanció más de 2.300 obras públicas que, con distintos niveles de avance, estaban en marcha en todo el país. A la vez, abandonó el cuidado de las rutas, tanto que los municipios aseguran que no hay recursos ni para cortar el pasto en las banquinas.
Los intendentes que, frente a ese escenario, acompañaron la presentación en los tribunales son Leonardo Boto (Luján), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mauro Poletti (Ramallo), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Mariana San Martín (interina en Mercedes) y Nelson Sombra (Azul). Se sumaron también Iván Villagrán (Carmen de Areco), Marisa Fassi (Cañuelas), Germán Lago (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Darío Golía (Chacabuco), Alberto Gelené (Las Flores), Fabián Jacquet (interino en Mar Chiquita), Julio Marini (Benito Juárez), Matías Nebot (Saavedra), Sergio Bordoni (Tornquist), Marcos Pisano (Bolívar) y Gilberto Alegre (General Villegas).
Arrastre y profundización
José Raúl Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, tiene un mensaje contundente para las usuarias y usuarios de rutas: «Les diría que cada vez tengan más cuidado, que circulen a menor velocidad y que traten de hacerlo de día y no de noche, porque van a correr menos riesgos». Lanza esta advertencia a la luz de una situación que, aclara, viene de arrastre y que se agudizó con la llegada de LLA.
Los 40.000 kilómetros de la red troncal nacional están integrados por autopistas, autovías, caminos rurales, pavimentados y no pavimentados. Rizzo sostuvo que, de ese total, «cuando terminó la gestión anterior había un 60% en estado regular o malo. Pero, además, había un 50% de la red no relevada». Sobre esa base impactó la retirada estatal del mileismo.
Tributos por colectora. El Gobierno no transfirió los más de 200.000 millones de pesos del Impuesto a los Combustibles y el billón de pesos del Impuesto PAIS para obras e infraestructura.
Foto: NA
«No es posible mantener en el tiempo lo de “obra pública cero”. El problema es que este Gobierno sí lo quiere hacer», resumió el dirigente sindical, quien, además de los efectos en la economía y la producción, recordó los escalofriantes números de la Argentina en siniestralidad vial: «Tenemos más de 7.000 muertes por año y alrededor de 80.000 heridos».
Rizzo puso un ejemplo concreto: «Este año aún no hemos hecho una sola licitación para obra de conservación o mejora activa de caminos. La primera licitación de 2025 es para un buffet en la casa central de Vialidad Nacional. No nos interesa eso, nos interesan los caminos».
Desvío millonario
Por sorteo, la presentación judicial de los intendentes bonaerenses recayó en el juzgado federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, a cargo de Oscar Papavero, Secretaría Nº 2.
La demanda, según precisaron desde Infraestructura y Servicios Públicos, es «por el desvío de fondos y el estado de las rutas y sus consecuencias directas sobre el desarrollo productivo de las regiones y la vida de las personas que transitan en ellas».
El territorio bonaerense cuenta con nueve rutas nacionales. Son más de 4.000 kilómetros que atraviesan 57 municipios. El año pasado, la inversión de Vialidad Nacional cayó un 85,9% respecto a 2023, lo que hizo de Buenos Aires la provincia más perjudicada por estos recortes.
La consecuencia fue la paralización de proyectos estratégicos, entre ellos, la Autopista Presidente Perón en sus tres tramos; la transformación en autopista de la Ruta 7 entre Carmen de Areco y Chacabuco, y la Variante Chacabuco; la construcción de la Autopista de la RN 33 y el Paso Urbano El Cholo, en Bahía Blanca; y la Autovía de la Ruta 3 entre Cañuelas y Azul.
Al cierre de esta nota, la causa en el juzgado de Papavero no registraba mayores movimientos.
