17 de abril de 2026

Esta semana se expresaron dos visiones totalmente contrapuestas sobre el panorama económico y social de la Argentina y lo que cabe esperar en lo inmediato. Ambos enfoques tuvieron como marco el encuentro convocado por la AmCham (American Chamber of Commerce), la entidad que agrupa a las empresas estadounidenses que operan en el país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue contundente: «En los próximos 18 meses (tiempo que resta hasta las próximas elecciones presidenciales), Argentina viviría el mejor momento económico que se recuerde», dijo. Vaticinó luego que «a partir de abril vamos a tener una desaceleración importante» de la inflación, que ya tiene «certificado de defunción». Y agregó «hemos logrado estabilizar la macro, que es una condición necesaria para que haya inversiones».

Un día antes, en un reportaje periodístico, el máximo directivo de la cámara, Alejandro Díaz, sostuvo por su parte que «no visualizamos una lluvia de inversiones ni mucho menos durante 2026 y 2027». Tampoco se espera, dijo, que en los próximos 12 meses «vaya a haber un incremento importante del poder adquisitivo de la gente, que tracciona los sectores de consumo». Anticipó, asimismo, que «vamos a tener seis u ocho años donde la vulnerabilidad social no es menor».

Optimistas
Los discursos de los funcionarios del Gobierno muestran un optimismo que no se condice con las cifras sobre la evolución de la economía. Y menos aún reflejan la realidad que enfrentan día a día la mayoría de los y las argentinas. El ministro de Economía, además, ante la persistente suba de precios, modificó su propio diagnóstico en el sentido de que la inflación sería un fenómeno exclusivamente monetario. En esta ocasión atribuyó el alza de los últimos meses al «ataque de la política», que supuestamente existió durante el año pasado.

El argumento, en rigor, va en contra de los principios de la democracia y la división de poderes, ya que desacredita el rol del Congreso de la Nación cuya función es debatir los proyectos elaborados por los legisladores y modificar o rechazar los presentados por el Ejecutivo.

Al margen de las voces oficiales, fue Díaz quien describió algunos de los aspectos más preocupantes de la situación actual. Sostuvo, por ejemplo, que «la agenda gira alrededor de los sectores que hoy asoman como polos de desarrollo de la economía local: agroindustria, energía, minería y economía del conocimiento (…), las empresas que no estén en esos sectores probablemente van a requerir, a partir del nuevo modelo de apertura de la Argentina, una fuerte reestructuración de su modelo de negocio, con las dificultades que ya hemos visto en otros países que lo han hecho».

En la Argentina, agregó, «tenemos 27 sectores económicos y, si vemos que los beneficiados son cuatro o cinco, tenemos que pensar qué va a pasar con los otros 20 (sic) y, por ende, cuáles son las consecuencias macroeconómicas de eso».

Advirtió luego que «si no crece la demanda, mi oferta está claramente condicionada por ese crecimiento y los indicadores de factores exógenos para incentivar el aumento del consumo no son tan claros». Díaz añadió que «no hay ningún elemento para pensar, excepto que haya un cambio en política relevante, que hoy no visualizamos, una recuperación profunda en los próximos 18 meses».

Choques
Los mensajes esperanzadores del oficialismo chocan, además, con la tendencia negativa en materia de inversiones, relevada por una conocida consultora privada. «Tras una baja del 1,3% en diciembre, y una merma del 6,6% en enero, la caída del 11,4% de febrero parece confirmar un enfriamiento en los niveles de inversión», sostiene ese informe.

También el Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de crecimiento para Argentina. La economista del organismo, Petya Brooks, comentó que la rebaja de 0,5 punto porcentual para este año (con lo que el pronóstico quedó en 3,5%), «se debe en gran medida al menor impulso de la actividad que vimos en la segunda mitad del año pasado».

Por cierto, los asalariados privados registrados acumulan ocho meses de contracción, y frente a noviembre de 2023, la pérdida en la cantidad de trabajadores/as privados es de 206.300, a lo que se suma una caída de 77.000 asalariados públicos.

Bajas que fueron parcialmente compensadas por un incremento de monotributistas y autónomos, que han ido en continuo crecimiento. Una postal de lo que ocurre cuando los trabajadores/as en relación de dependencia pierden su trabajo y recurren a alternativas independientes, que en su mayoría son más precarizadas.

Los salarios privados registrados, en tanto, aumentaron en febrero un 1,6% nominal y los públicos un 2,3%. Se trata de la sexta baja real consecutiva, mientras el bimestre muestra el menor nivel desde 2017 (con excepción de 2024, que fue más bajo).

En paralelo, con la suba del 3,4% del Índice de Precios al Consumidor en marzo, se acumula un alza del 9,4% durante el primer trimestre, lejos de la estimación del Presupuesto 2026, que calculó una inflación del 10,1% para todo el año.

Desde luego, impactó el encarecimiento de la energía por el conflicto bélico en Oriente Medio, aunque también incidieron alzas tarifarias y otros reacomodamientos de precios internos.

La perspectiva, mal que les pese a los dirigentes libertarios, no parece dar margen para el optimismo, mientras el modelo en curso va dejando a cada vez más trabajadores/as sin empleo, daña a sectores como la industria (que utilizó apenas el 54% de su capacidad instalada en el primer bimestre, nuevo mínimo desde la crisis de 2002), la construcción y el comercio, para beneficio de unos pocos rubros.

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