8 de junio de 2026
A pesar de las evidencias que revelan su impacto positivo en la salud de la población, el oficialismo pretende derogar la Ley de Etiquetado Frontal. El derecho a la información y el lobby de las grandes empresas.
Por mayoría. La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue sancionada en 2021.
Foto: NA
Con casi idénticos argumentos a los que usaba el lobby de la industria alimentaria cuando se debatía en el Congreso la Ley de Etiquetado Frontal, el Gobierno de Javier Milei impulsa su derogación. Pese a las evidencias que dan cuenta de un impacto positivo, y sin ningún indicio en sentido contrario a nivel sanitario o económico, el oficialismo incluyó su arremetida contra los octógonos negros en el marco de un paquete de proyectos de leyes diversas, pero con dos objetivos comunes: responder a los intereses de las grandes empresas e instalar agenda.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (27.642), más conocida como Ley de Etiquetado Frontal, fue sancionada en 2021 por amplia mayoría y reglamentada en 2022. Tras su aprobación, las compañías pidieron varias prórrogas para adaptarse a la nueva normativa, y no detuvieron su lobby en contra de la medida. De hecho, en 2024, la actual gestión –a través de una regulación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)– implementó una modificación y estableció que el cálculo de nutrientes excesivos se realizara solo sobre componentes añadidos durante el proceso de elaboración, excluyendo los intrínsecos del alimento. Esto ya redujo la presencia de sellos por exceso de azúcares, calorías, sodio y grasas. Ahora, van por su erradicación.
Entre los motivos esgrimidos contra la ley vigente se incluyen que los octógonos generan confusión, que demonizan productos, que son un obstáculo para el comercio y la exportación y hasta que son sellos «hippies» o que implican un «exceso de paternalismo», como dijo el diputado libertario Alejandro Bongiovanni ‒impulsor de la derogación, junto a su par Daiana Fernández Molero‒ en una de las muchas entrevistas que dio por estos días.
«La ley, desde su sanción, viene transformando el consumo de las y los argentinos. Varios estudios refieren que el patrón de consumo alimentario ha ido modificándose por mejorar las elecciones al utilizar el etiquetado frontal como herramienta ante la compra», señala el nutricionista Ignacio Porras, de Fundación Sanar, una de las más de 300 organizaciones que firmaron un comunicado en repudio al embate contra la normativa. «Se ven reducciones de más del 60% en productos como gaseosas y bebidas azucaradas o yogures. Y una disminución en un 50% en la intención de compra de productos como galletitas. Este consumo vira hacia productos con menos sellos o sin sellos. No existe ningún tipo de argumento sanitario basado en evidencia científica que respalde esa decisión», sentencia sobre el intento de derogación.
La Encuesta Nacional sobre Consumo Responsable, Hábitos Sustentables y Capital Social del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social (CENARSECS) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA midió el impacto de la implementación de la Ley de Etiquetado, en un relevamiento de alcance federal que se concretó antes de la campaña por la eliminación. Un 79% de la población respondió que realizó algún tipo de cambios en sus compras en función del etiquetado y el 61% dijo que bajó el consumo de alimentos o bebidas por contener sellos. «Es decir, tres de cada cinco argentinos bajaron el consumo de alimentos o bebidas por el hecho de que cuentan con sellos de advertencia, a solo dos años de la implementación plena de la Ley», resume el informe.
Evidencia regional
La evidencia no es solo local. En Chile, país pionero en el sistema de etiquetado, están cumpliendo una década desde la implementación de los sellos de advertencia. Camila Corvalán, directora del Centro de Estudios de Entornos Alimentarios en el INTA de la Universidad de Chile, cuenta a Acción: «Lo que nuestros estudios muestran es que ha tenido un impacto positivo en las compras y la ingesta. Ha disminuido el consumo de alimentos poco saludables y eso se traduce en una disminución del consumo de sodio, azúcares, grasas saturadas, que son nutrientes que se han relacionado con la aparición de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, cardiovasculares, etcétera. Lo interesante es que nuestros estudios muestran también que esta disminución ha ocurrido sin impactar ni en los salarios ni en los ingresos del sector industrial de alimentos».
El lobby empresarial también fue intenso en el país vecino. «Un momento particularmente álgido fue cuando se lanzó una campaña comunicacional en televisión, radio, financiada por un holding de industrias de ultraprocesados», repasa Corvalán. Lo que frenó esa embestida fue «un apoyo bastante transversal de la academia, las sociedades científicas, organismos internacionales, para avanzar en la implementación de los siguientes límites de la regulación. Tanto es así que hace ya algunos años el CEO de Nestlé y otras compañías declararon públicamente lo beneficiosa que resultó la regulación y las oportunidades que dio también en términos de innovación alimentaria».
En Perú, donde una medida de señalética sobre los alimentos se implementó durante la pandemia, la evidencia también es favorable. «Se han visto cambios en reformulación de productos que han disminuido el contenido de azúcar y ha generado cambios de consumo: vimos reducción del consumo de azúcar en niños en edad preescolar y una apertura a la norma de parte de madres de familia», destaca Lorena Saavedra, docente e investigadora de la Universidad San Ignacio de Loyola. «Más allá de eso, la ley permitió darle base legal a otras normas para continuar con los temas de alimentación saludable, como normas sobre puntos de venta en las escuelas». Señala que «igual que en Chile, en Perú no hubo impacto negativo para las empresas», aunque sí «dificultades para monitoreo y fiscalización».
Las profesionales calificaron como «muy lamentable» y «un retroceso» el proyecto de derogación en Argentina.
Los umbrales y la verdad
Múltiples voces se alzaron en defensa de la ley local, reconocida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como la mejor de la región. Al mismo tiempo, hay espacios que proponen una modificación del sistema: no eliminar la normativa, sino cambiarla.
La Sociedad Argentina de Nutrición (SAN) se pronunció en contra de la derogación pero pidió «una profunda revisión» del sistema actual. En línea con su planteo de 2021, cuando se debatía la normativa, la entidad considera que el problema es basarse en el modelo de la OPS, regido por «umbrales móviles», que mide la relación entre nutrientes críticos de cada producto, en lugar de «umbrales fijos», definidos según recomendaciones máximas de consumo de esos nutrientes. Esa discusión ya se dio en el Congreso en su momento y se eligió la modalidad vigente hasta hoy.
Desde el Gobierno deslizan que irían por una ley mejor, pero primero apuntan los cañones para derribar la actual. Entre otras cosas, plantean la necesidad de usar un criterio más acorde con los de otros países de la región. «Armonizar con el Mercosur no puede implicar un retroceso en materia de derechos –expresó la Federación Argentina de Graduados en Nutrición–. La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es utilizada por la población para elegir qué consumir. Llamamos a tomadores de decisión a que rechacen la derogación de la ley. Derogarla significa tapar la verdad».
