9 de julio de 2026
Con los triunfos electorales en Colombia y Perú, la ultraderecha gana terreno en una región atravesada por la polarización. El fantasma del fraude y la política injerencista de Estados Unidos profundizan la reconfiguración del mapa político.
De la Espriella. El nuevo presidente de Colombia se impuso en la segunda vuelta por apretado margen.
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Las últimas elecciones presidenciales en Colombia y Perú han dejado varias cuestiones que es imprescindible analizar.
La primera es la extrema polarización de sus sociedades. Los dos candidatos más votados en la primera vuelta fueron los que ostentaban ideologías y propuestas diametralmente opuestas y el resultado, en el balotaje, fue de una diferencia tan mínima que, en una democracia sana, obligaría al ganador a considerar seriamente la posibilidad de incluir algunas propuestas rivales. ¿Es posible la gobernabilidad cuando el 50% del país no está representado?
Segundo punto de enorme importancia no solo en estos comicios sino en todos los que vendrán este año y el próximo en Nuestra América es qué grado de transparencia y parcialidad hay en los escrutinios.
El tercero –y vinculado con el anterior– es el control de los votos que vienen del exterior y su peso para definir el resultado final.
Y cuarto, la injerencia extranjera, es decir la nueva metodología que el imperio ha estrenado el año pasado en las elecciones legislativas de Argentina y que busca garantizarse Gobiernos latinoamericanos manipulables y adictos.
Dos casos distintos
En junio, los balotajes en Colombia y Perú mostraron sociedades divididas en mitades casi perfectas, pero con posiciones ideológicas totalmente opuestas. La izquierda colombiana representada por Iván Cepeda y la peruana, por Roberto Sánchez, perdieron por muy pocos votos frente a Abelardo de la Espriella (un híbrido entre los presidentes ultras Javier Milei y el salvadoreño Nayeb Bukele) y la derechista Keiko Fujimori, respectivamente.
Sin embargo, los casos son muy distintos. Es cierto que el colombiano Cepeda –como sucesor de Gustavo Petro– no logró la presidencia, pero no se puede hablar de fracaso. Desde el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, Colombia nunca pudo tener un Gobierno progresista porque, sencillamente, los candidatos que no fueran del establishment eran asesinados (con la venia de la oligarquía local y la embajada de Estados Unidos). Así sucedió el 9 de agosto de 1994, en Bogotá, con Manuel Cepeda, padre de Iván.
Petro, como primer gobierno izquierdista, aumentó los salarios, bajó el desempleo, la pobreza, la inflación y dejó una matriz de izquierda consolidada con un bloque mayoritario en el Congreso. Lo que mostró esta elección es que casi la mitad de la sociedad colombiana se izquierdizó, no está dispersa en partidos pequeños, no quiere depender de EE.UU. ni apoya reducir el Estado.
Perú, en cambio, está empobrecido, fragmentado y sumergido en la ingobernabilidad. En 10 años, desde que terminó su mandato el expresidente Ollanta Humala (2016) hasta el 28 de julio de este año, cuando Keiko Fujimori reciba el bastón presidencial de manos de José María Balcázar, habrán ocupado la Casa de Pizarro diez presidentes (varios de ellos no electos).
Esta fue la cuarta vez que Keiko se candidateó. Las tres anteriores perdió. Lo que sucedió esta vez es que el voto antifujimorista, disperso en varios partidos, no logró ser mayoría por apenas 49.641 votos de un total aproximado de 19 millones de sufragios.
Nueva etapa. Keiko Fujimori junto a sus seguidores, después de ser confirmada como nueva presidenta de Perú.
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Nueva alerta roja
En el momento del escrutinio, una alerta roja de peligro se encendió tanto en Colombia como en Perú: ¿es fiable el conteo de votos? En ambos países el computo electoral se ha mercantilizado o privatizado de tal manera que el Estado ha perdido el control sobre las actas.
En Perú, la sospecha de fraude se focaliza especialmente en los votos de los peruanos en el exterior. Entre la primera vuelta y el balotaje se cambió el marco legislativo flexibilizando la forma de enviar los resultados. En el caso de Argentina, por ejemplo, las actas fueron enviadas a Lima el miércoles dos horas antes de que se cerrara la posibilidad de impugnarlas y no –como es lo normal– el lunes posterior a la elección.
Peor aún, para impugnar un acta o pedir la nulidad de una mesa hay que pagar. Roberto Sánchez debería haber abonado más de 3 millones de soles (equivalente a 1.100.000 de dólares aproximadamente), para poder revisar los cómputos sospechosos, algo que Juntos por el Perú no podía afrontar.
En el caso de Colombia, como advirtió el presidente Petro mucho antes del día de la elección, el cómputo de sufragios está en manos de una empresa –Thomas Greg & Sons– que a pesar de su elegante nombre británico pertenece a dos colombianos con un escandaloso prontuario en fraudes: los hermanos Bautista.
En la década del 80, Camilo y Fernando Bautista fueron condenados a 9 años de cárcel en EE.UU. por estafar a 25 entidades financieras y falsificar documentos. Los hermanos presentaban falsos balances sobre importación y exportación de café para conseguir créditos que nunca pagaban. Los exconvictos son quienes manejan hoy el software electoral gracias a un contrato firmado en 2007 con el gobierno de Álvaro Uribe.
La tercerización de este crucial acto cívico de la democracia se extiende incluso a las mesas de votación ya que, en muchos casos, sus presidentes son gente contratada a empresas privadas de «conteo».
Trump también vota
Durante la segunda mitad del siglo XX, con sistemas políticos monitoreados desde Washington y asolados permanentemente por golpes de Estado cívico-militares genocidas, los Gobiernos progresistas de América Latina no podían ejercer sus políticas ni concluir sus mandatos.
En las primeras décadas del siglo XXI, en cambio, a pesar de los golpes (Venezuela 2002, Honduras 2009, Paraguay 2012) y los intentos de magnicidios (Rafael Correa, Evo Morales), los Gobiernos nacionales y populares realizaron un giro antineoliberal y a favor de la soberanía e integración regional, entre otros cambios importantes.
Ante este surgimiento, los poderes económicos locales y EE.UU., además de intensificar la batalla cultural en contra de lo que llamaban «populismo», adoptaron nuevas estrategias, como la guerra judicial (lawfare), que terminaría encarcelando y proscribiendo a expresidentes como Lula da Silva y Cristina Fernández para asegurarse de que no serían reelegidos.
Con el triunfo de Donald Trump en 2017, llegó a nuestra región una nueva turbulencia caracterizada por el avance de la ultraderecha y la sucesión pendular de Gobiernos progresistas y reaccionarios. En 2018, cuando Lula todavía estaba preso, Jair Bolsonaro inauguró las presidencias de ultraderecha antiestatistas, neoliberales, militarista, explícitamente sumisas a Washington y con un comportamiento y un discurso altamente violento.
Mediáticamente empezó a instalarse la idea de que la extrema derecha había llegado para quedarse, aunque los Gobiernos de Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil y México lo desmintieran. Ante el riesgo de perder terreno, Trump sumó desde 2025 una herramienta más: la extorsión.
En Argentina, el norteamericano amenazó con ahogar económicamente al país si no se votaba a Milei y envió a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, con un salvavidas de 20.000 millones de dólares. También amenazó horas antes de las elecciones a los pueblos de Honduras y Colombia.
Esta nueva modalidad de injerencia explícita (antes se hacía en forma simulada a través de los embajadores) es llevada a cabo por la Casa Blanca a través del chantaje y de la amenaza de violencia.
Por si acaso algún Gobierno piensa en rebelarse, Trump eligió a Venezuela para exhibir un castigo ejemplar. El pasado 3 de enero, en pocas horas el presidente Nicolás Maduro fue secuestrado y confinado a una cárcel estadounidense por la fuerza de las armas.
Ahora Brasil está bajo el acecho de la Casa Blanca. En tres meses, Lula buscará su reelección y Flavio, el hijo de Bolsonaro, la presidencia. Por ahora el actual presidente le saca 10 puntos de ventaja al ultraderechista (encuesta de Datafolha); pero Lula deberá enfrentar la embestida de los algoritmos, las fake news y las campañas híper personalizadas de las redes. ¿Están las fuerzas progresistas preparadas para esta guerra?
