6 de julio de 2026

En lo político, parece haber quedado atrás el episodio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, que generó un fuerte desgaste del presidente de la nación y su Gobierno y dejó herida su credibilidad en uno de los conceptos básicos enarbolados desde el inicio de la gestión, relacionados con el carácter honesto del Gobierno frente a la corrupción de políticos caracterizados como «la casta». Cierto es que en la política argentina todo resulta efímero y a los pocos días parece desaparecer de la agenda. Sin embargo, resulta obligado pensar que va sedimentando en la conciencia ciudadana.

De cualquier manera, el Gobierno se lanzó a una campaña de borrón y cuenta nueva, a los efectos de generar una sensación de inicio de etapa sin haber tenido costo político.

En realidad, ni este Gobierno ni ningún otro pueden pasar por alto episodios como el de Adorni, que penetran en pliegos muy diversos de la sociedad, desde clases medias a sectores humildes, ya que la corrupción es un tema sensible.

Lo cierto es que ante la demora de casi tres meses en dar una salida política, sectores del establishment, tanto local como de Wall Street y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) reclaman que se activen lo que denominan «reformas pendientes». Se trata de seguir con esta fase de su modelo, cuyas cuestiones fundamentales son, entre otras, la Ley de Tierras, conocida como «Ley de inviolabilidad de propiedad privada», que esencialmente apunta a abrir el acceso a las tierras más ricas de la Argentina a los grandes capitales extranjeros. Centralmente, los puntos de interés son las zonas mineras, las agrarias, las fuentes de agua y petróleo, y nuestras riquezas en lo que ahora se denomina minerales raros. En tal sentido, ya se aprobó anteriormente la Ley de Glaciares reclamada por las mineras internacionales, como condición de sus inversiones.

Esta iniciativa viene acompañada por la modificación de la Ley de Manejo de Fuego, que restringe y sanciona la actividad de incendiarios que medran con las tierras quemadas, a las que luego compran a precio de saldo para realizar importantes emprendimientos inmobiliarios y hoteleros.

Modelo con antecedentes
El Gobierno, a través de su nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, que es presentado –en contraste con Adorni– como un avezado negociador político, también va por otras cuestiones centrales. Entre ellas, el Súper-RIGI, que genera concesiones únicas en el mundo a las inversiones extranjeras, fundamentalmente las mineras. Se les otorga inmunidad jurídica por 30 años, la fijación de tribunales extranjeros para dirimir eventuales conflictos y sustanciales ventajas impositivas y aduaneras. Todo lo cual asegura grandes ganancias para los eventuales inversores y, en cambio, para el erario público local augura importantes pérdidas de ingresos.

Van también por completar la sanción de la Ley de Zonas Frías, que tiene como propósito incrementar los alicaídos ingresos impositivos del Gobierno, sobre la base de que una cantidad importante de ciudadanos tributen más y dejen de percibir subsidios en sus tarifas.

Con el mismo sentido está planteada la iniciativa requerida por el FMI de que un millón y medio de trabajadores, que hasta ahora están eximidos, se incorporen al pago de Impuesto a las Ganancias.

Por último, el Gobierno se propone modificar la ley electoral eliminando las PASO, con el claro propósito de obturar la posibilidad de que la oposición se una utilizando esta fórmula democrática de dirimir sus diferencias en una elección interna.

En el plano de la política internacional, es dable destacar la sostenida inclinación proestadounidense de Javier Milei, particularmente su exaltación de la figura de Donald Trump, plasmada en la decisión de concurrir a la celebración del aniversario de la independencia norteamericana realizada en la embajada de dicho país en Argentina. Milei hizo historia, ya que fue el primer presidente argentino en asistir a un evento de esa naturaleza.

Más críticas aún fueron sus declaraciones de días anteriores, cuando dijo que «logramos hacer cosas que ni los militares lograron hacer. Y lo hicimos en tres meses». De esta forma, el presidente admitió que su programa económico es el de la dictadura, con la diferencia de que no necesitó del terrorismo de Estado para imponerlo.

En este esquema de significativa transferencia de ingresos desde los sectores medios y humildes de la sociedad hacia el poder económico concentrado y los acreedores externos, se registraron, en julio, y una vez más, importantes incrementos en las tarifas de servicios públicos. Por estos días se difundieron datos que dan cuenta de la magnitud de la agresión al bolsillo popular. En lo que va del actual mandato presidencial, la electricidad aumentó un 494%, el gas natural 2.070%, y las garrafas, que son usadas por tres millones de hogares de los sectores más humildes, pasaron de 3.500 pesos en 2023, a entre 30.000 y 35.000 pesos luego de la «liberación» de su precio dispuesta por el actual Gobierno.

En definitiva, el Gobierno y el establishment intentan dar vuelta la página tras el escándalo de Adorni, con el objetivo de profundizar el modelo que, como el propio Milei reconoce, es el mismo de la dictadura, el que también llevaron adelante, con sus características particulares, Carlos Menem y Mauricio Macri. Las consecuencias sociales de tales proyectos quedaron a la vista en el pasado y vuelven a salir a la luz en el presente.

Compartir