Mientras en Estados Unidos familiares de las víctimas fatales del cuestionado fármaco reclaman sanciones contra el laboratorio que lo produce, en nuestro país se disparó la discusión a partir de un proyecto para prohibirlo en la Ciudad de Buenos Aires.
26 de abril de 2019
Epidemia. En América del Norte ya hay más de 200.000 muertos por el consumo de opiáceos. (GETTY IMAGES)
Cientos de estadounidenses se concentraron en Washington el viernes 5 de abril para protestar contra la autoridad sanitaria (FDA) y el Departamento de Salud (HHS), a los que responsabilizan de aprobar «opioides peligrosos» como el OxyContin y de haber sido demasiado laxos cuando la epidemia de opiáceos ya era clínicamente evidente en el país.
OxyContin provocó 218.000 muertes entre 1999 y 2017, según estadísticas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Su fabricante, el laboratorio Purdue Pharma, facturó alrededor de 31.000 millones de dólares por su medicamento estrella. Un informe reciente de Project-Sindicate redactado por el profesor de bioética Peter Singer aseguró que el laboratorio sobornó a los médicos para que recetaran su marca comercial con «premios» de hasta 200.000 dólares.
Los sitios STAT+ y ProPublica publicaron recientemente un correo electrónico confidencial de febrero de 2001 del entonces presidente de la farmacéutica, Richard Sackler, en el que recomendaba a sus directivos que la mejor forma de evitar una crisis de imagen era «culpar a quienes abusan del medicamento, que son los verdaderos culpables y el problema». La revelación de este correo enardeció aún más a los familiares de las víctimas.
Principio precautorio
El debate por el OxyContin y otros medicamentos basados en la oxicodona se instaló en Argentina a partir de un proyecto de los legisladores porteños Marta Martínez y Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, que propone prohibir su venta en la Ciudad de Buenos Aires, «como aplicación del principio precautorio de defensa de la salud de la población ante la existencia de denuncias y de elementos probatorios de los daños causados por su consumo». Los diputados fundamentaron su iniciativa con estadísticas del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) que estimó que al menos 300 personas fallecen anualmente en el país a causa de esta droga.
Marcelo Peretta, secretario general de SAFyB, ratificó a Acción las estadísticas pero se manifestó opuesto a la prohibición: «Hay que regular y no prohibir, porque con ese criterio, prohibamos todo y que no haya más medicamentos en Argentina. Nosotros proponemos la trazabilidad de todos estos opiáceos, para hacer un seguimiento de quién lo importa, quién lo distribuye, quién lo dispensa y quién lo consume». En cuanto al consumo, Peretta apunta a «un sector de alto poder adquisitivo, que se vinculó con el medicamento especialmente en sus viajes a Estados Unidos, donde era una droga de adicción muy común». Entre los consumidores de oxicodona, Peretta menciona a Ricardo Fort, «quien lo declaró públicamente», Michael Jackson, Prince y Whitney Houston.
Daniel Alvarado, presidente de Farmacéuticos sin Fronteras, agrega a la lista de celebridades que convirtieron a la oxicodona en una droga de culto a la serie Dr. House, «cuyo protagonista consumía ese medicamento y era presentado como un genio».
«En Estados Unidos hubo liberación de los controles, con el agravante que allá se permite la publicidad de medicamentos en televisión y la consecuencia fue que se generó una adicción a través de medicamentos legales, porque también ocurrió con el clonazepan y los ansiolíticos», señala Alvarado.
El titular de Farmacéuticos sin Fronteras tampoco está de acuerdo con la prohibición y considera que la situación de Estados Unidos «no es extrapolable» a la Argentina, «donde los controles son más estrictos, pues los ministerios o secretarias de salud de la Nación y las provincias reparten un formulario clasificado en la Lista 1 de la ley 17.818 de Estupefacientes entre los colegios médicos y estas recetas, original y duplicado, se presentan en la farmacia, donde el profesional debe asentarlas en libros oficiales y enviar el duplicado de retorno a la autoridad sanitaria».
