7 de diciembre de 2022
El veredicto del tribunal de la causa Vialidad y la respuesta de Cristina Fernández, renunciando a cualquier candidatura para 2023, sacudieron el escenario político. Historia del proceso.
Mensaje. «No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, Magnetto, el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros», dijo la vicepresidenta tras el fallo.
Foto: NA
La vicepresidenta Cristina Fernández respondió a la primera condena en su contra con un renunciamiento. Tras describir la que considera una podredumbre del Poder Judicial, que quedó expuesta en una serie de chats filtrados este fin de semana, sentenció: «No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre de 2023 y me vuelvo a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero». Minutos antes de esta declaración había sido condenada en el caso Vialidad a 6 años de prisión e inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerada «autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta» en perjuicio del Estado. Las consecuencias de la decisión de Fernández, que comunicó desde sus redes sociales después del veredicto, aún son inconmensurables. En términos jurídicos está habilitada a postularse a elecciones porque la sentencia no está firme.
«No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted, Magnetto, el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y la Corte Suprema de que me metan presa. Pero mascota de usted nunca, jamás», afirmó, vehemente, la vicepresidenta interpelando al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, a quien señala como el titiritero en las sombras de la condena en su contra.
La referencia al CEO es por una serie de chats filtrados, de los que dieron cuenta Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna este fin de semana, en los que queda expuesto que dos altos ejecutivos del multimedios invitaron a cuatro jueces federales, al fiscal General porteño Juan Bautista Mahiques, al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Marcelo D’Alessandro, a un empresario publicitario y a un exespía relacionado con Horacio Stiuso a pasar unos días en la estancia del magnate Joe Lewis en Bariloche. En esos chats, que se sospecha que pudieron ser captados de un hackeo al celular de D’Alessandro, se observa cómo todos los protagonistas coordinan para encubrir el posible delito de dádivas en el que habrían incurrido. Cristina mostró esos mensajes. Entre los cuatros jueces que viajaron a Lago Escondido figuran Julián Ercolini, instructor de la causa Vialidad, y Carlos Mahiques, camarista de Casación y padre de Ignacio, fiscal que también participó de la instrucción del caso en que ahora fue condenada la expresidenta. El mismo día de la condena, la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare, imputó a todos los pasajeros del vuelo privado y a los dos ejecutivos de Clarín que se estima que invitaron a la aventura: Jorge Rendo, presidente de Clarín, y Pablo Casey, director de Legales de Telecom.
Para la vicepresidenta no hay dudas: su condena es política, no jurídica. Según explicó este martes, «la condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. Esto es lo que me están cobrando, por eso me inhabilitan» señaló.
Con su renunciamiento, la vicepresidenta busca desarticular la maniobra política-judicial en su contra. Es decir: antes de ser proscripta –la sentencia no está firme–, se corre por decisión propia. Un desafío directo al poder real al que le resaltó que no tendrá fueros. Mientras tanto ¿habrá un operativo clamor?
Jueces. Basso, Gorini y Rodríguez Uriburu dictaron un fallo que fundamentarán en marzo.
La condena
El Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, condenó este martes a Cristina Kirchner y a otros ocho acusados en el juicio de Vialidad por administración fraudulenta. No hizo lugar al delito de asociación ilícita que había pedido la fiscalía, que reclamó para la vicepresidenta una pena de 12 años de prisión.
En la síntesis de los fundamentos –que se conocerán completos el 9 de marzo– los magistrados resaltaron que existieron «vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al Grupo Báez. Lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)». Hubo cuatro absoluciones: las de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner.
El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, explicó en C5N post veredicto que «Cristina no puede cometer el delito que le adjudican porque los fondos estaban asignados a la Dirección Nacional de Vialidad», que es un ente autárquico. No los administraba ella. Por eso dijo que «el tipo penal que se utiliza es ilegal». También sostuvo que «el fallo es arbitrario» porque «no tiene pruebas contra Cristina». Y concluyó: «Al caer la asociación ilícita no hay ninguna forma ya de vincular a Cristina Fernández con las obras que se están analizando. Como jefe controlaba esa asociación. Pero si no existía la asociación ¿cómo hacen para vincularla con los casos de corrupción? Lo que correspondía es que como hicieron correctamente con De Vido es que a ella también la absuelvan. No hay ninguna explicación técnica» de por qué no lo hicieron, se quejó. «El fallo constituye un prevaricato», añadió.
Esta condena se articula con los recientes pedidos de reabrir casos paradigmáticos de persecución contra la vicepresidenta que están cerrados como Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Todo indica que el veredicto de este martes es el punto de largada de la nueva avanzada judicial contra Cristina que tiene por objetivo impactar de lleno en la campaña electoral de 2023.
Una causa política
La causa de Vialidad se inicia por una denuncia de dirigentes de Juntos por el Cambio en 2016 y versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados a Báez en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas. El impulsor fue Javier Iguacel, quien era director de Vialidad Nacional. Al día siguiente de asumir en el organismo, Iguacel ordenó una auditoría solo para las obras viales en esa provincia que luego tradujo en una denuncia penal. El caso se terminó instruyendo en el juzgado que comanda Ercolini en Comodoro Py. Fue elevado a juicio en 2019, año electoral.
La acusación de los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola se tomó de la presentación de los denunciantes y sostiene que se dieron irregularidades en las 51 obras, aunque solo se auditaron 5 y a pedido de la defensa. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por los diversos testigos que prestaron declaración en el juicio.
¿De qué se la acusaba a Cristina Fernández? De ser la jefa de una asociación ilícita que asignó de forma irregular recursos para solventar las obras adjudicadas a Báez. La acusación tiene similitudes con la causa del Memorándum con Irán porque se achacan decisiones de gobierno, todos actos legítimos que contaron con la intervención del Congreso. Se consideran «instrumentos del delito», por ejemplo, leyes sancionadas por el Congreso como la Ley de Presupuesto.
¿Cuándo se hará efectivo el cumplimiento de la sentencia? Cuando quede firme. Para que esto suceda, el veredicto –ya se adelantó que será apelado– debe ser revisado primero por la Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema, que ratificarán o rectificarán lo resuelto por el TOCF 2.
En la Casación intervendrá la sala IV, que está integrada por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, visitantes de Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Junto a ellos está Javier Carbajo, designado por Macri en ese tribunal. Si lo que resuelven estos camaristas es recurrido, el caso escalará a la Corte, que no tiene plazos para expedirse. Es decir, podrá administrar cuándo emitir su resolución.
