24 de abril de 2026
El Gobierno de CABA parece embarcado en una misión: barrer todo signo de pobreza. Sin embargo, los planes de inclusión social o de urbanización de barrios de emergencia no aparecen en su horizonte.
Las fuerzas en la calle. Operativo antiinmigratorio en Liniers.
Foto: Captura
Desde la detención de simples vendedores callejeros de paltas, pasando por razias antiinmigrantes o la reducción de las viandas escolares, todo indica que, en vez de implementar políticas de asistencia hacia los más vulnerables, lo que se busca es expulsar directamente a las personas pobres de la ciudad.
Esto que quizás en otras épocas eran solo consideraciones de la oposición, lo comenzó a expresar abiertamente el jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuando anunció que se detendrían las obras en villas de emergencia para lanzar un plan de créditos para la clase media. Además, oficialmente se confirmó que el programa se financiará con fondos redirigidos del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que se ocupa de la construcción de viviendas populares. Por si quedaban dudas, el propio jefe de Gobierno lo dejó en claro en febrero de este año al declarar que no se construirán «viviendas nuevas y regaladas» en los asentamientos porteños y describió a la política de urbanización como un «fracaso».
Con el objetivo de «frenar la expansión de las villas», Macri también prohibió el ingreso de materiales en la Villa 31 y suspendió proyectos iniciados en 2020 que mejoraban la infraestructura de agua corriente y saneamiento en la Villa 21-24, dejando a más del 88% de las familias con problemas sanitarios, según denunciaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Observatorio Villero de La Poderosa.
En la misma línea se pueden registrar otras acciones, como la clausura de negocios del barrio 31 y confiscación de mercadería, según denunció la misma publicación. También la detención sistemática de distintos vendedores ambulantes, seguida de cerca por la agrupación Mapa de la policía, y señalada por la agrupación Vendedores Libres como una política de «criminalización de la pobreza».
Por otra parte, en las últimas semanas se conoció, a partir de la Auditoría de la Ciudad, que los fondos destinados a las viandas que les dan comer a los miles de estudiantes de las escuelas públicas porteñas fueron reducidos en 860 millones de pesos. El ajuste incluye el cierre de jardines maternales y grados que afectarán a más de 100 instituciones del Estado.
Este recorte, que en general es del 3,4% en el total de las políticas alimentarias, afecta otras áreas clave como políticas de adicciones en un 12,4% y asistencia a personas en situación de calle, en un 4% menos, según el Centro de Economía y Política Argentina (CEPA).
«Datos, no relato»
Sin embargo, a partir del análisis de los números, uno a uno se van cayendo los argumentos que esgrime el Gobierno porteño para justificar el recorte. Por ejemplo, los datos muestran que la urbanización de villas se hizo con «créditos hipotecarios a 30 o 40 años, con tasas de interés ajustadas a la capacidad de pago de cada familia», según la ACIJ, no con entrega gratuita. Y según la ONG Techo, las políticas de integración no fracasaron. Por tomar solo dos casos, en la Villa 20 la red formal de agua y saneamiento había crecido un 56% para 2023. Y en Playón de Chacarita las conexiones informales se habrían reducido en un 75% gracias a las obras de integración.
Sobre la idea de «erradicación de villas» propuesta por diferentes sectores inmobiliarios y políticos, el abogado Nicolás Gallardo, perteneciente a la agrupación Polis Ubana: Laboratorio de soluciones urbanas, recordó que «ya se intentó en la época de la dictadura con la villa de Retiro y no funcionó. Vos podés pasar con la topadora y tirar abajo las casas, pero la gente no desaparece. Se fueron al Conurbano. Solo mudaste los problemas, no solucionaste nada. Porque la gente en algún lado tiene que vivir», y agrega que en realidad la propuesta de la derecha en la Ciudad es más profunda: «No es solo que no quieren que haya pobreza, no los quieren ver, quieren que desaparezcan. Lo mismo con la gente que vive en situación de calle: si los sacás del subte van a ir a la plaza y si los sacás de la plaza van a ir a la puerta de tu casa».
Por otra parte, en lo que parece una acción conjunta con el Gobierno nacional en contra de los sectores más vulnerables, también a principios de año se realizaron «razias antiinmigratorias» por parte de fuerzas federales en diferentes barrios como Liniers y Flores. El ataque fue apuntalado por distintos influencers libertarios, como Iñaki Gutiérrez, quien aseguró en un posteo viral que «el 70% de los habitantes de las villas son extranjeros y deben ser expulsados». Nuevamente, los números los desmienten: las estimaciones oficiales indican que a nivel Nación, solo el 10% de los habitantes de barrios de emergencia son extranjeros, mientras que, en CABA, apenas al 34%, o sea, la mitad de lo denunciado.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha denunciado que muchos de estos procedimientos, llevados a cabo por la Policía Federal y Dirección Nacional de Migraciones, ya han llegado en algunos casos a otros distritos del AMBA, como Lomas de Zamora, y se realizan también sobre menores.
En declaraciones a FM En tránsito, Diego Morales, director de litigios y defensa legal del CELS, señaló que: «Estos operativos no pueden hacerse con niños y adolescentes ya que su privacidad y autonomía están especialmente resguardadas». Además, advirtió que la incorporación de fuerzas de seguridad federales «empieza a generar condiciones para que el tema migratorio sea considerado un tema de seguridad nacional cuando no lo es». Y los números también lo demuestran: tan solo del 6% al 16% es la presencia de extranjeros presos en nuestro país, según la Procuración Penitenciaria de la Nación en su reporte del 2025.
