10 de julio de 2026
Designaciones judiciales opacas, acceso a la información restringido, la protesta social criminalizada y la equiparación de las demandas de los movimientos sociales con el lobby financiero. Todo apunta a un objetivo: limitar la participación ciudadana y acorazar al Ejecutivo.
Espacio público limitado. El protocolo antipiquete, diseñado al inicio de la administración Milei, es la cara más violenta de su entramado restrictivo.
Foto: Getty Images
En la superficie, la narrativa oficial se sostiene sobre el lenguaje de la libertad y la desregulación, pero por debajo despliega una ingeniería jurídica inversa: un andamiaje de decretos, protocolos y proyectos de ley cuyo único objetivo es regular y restringir la capacidad de participación y control de la ciudadanía. Designaciones judiciales cada vez más opacas, el acceso a la información bajo llave, la protesta social criminalizada y la capacidad de incidencia social equiparada con el lobby financiero. El mapa de las reformas prefigura el blindaje del Ejecutivo frente al escrutinio público.
Uno de los últimos movimientos de este diseño se dirigió al mecanismo de designación de los jueces de la Corte Suprema, el Procurador General y los magistrados federales. Mediante la modificación del decreto 222/2003 –firmado bajo la presidencia de Néstor Kirchner y considerado un hito en transparencia institucional–, el Gobierno de Javier Milei redujo los plazos y eliminó etapas críticas para que la ciudadanía pueda evaluar el perfil, las declaraciones juradas y las eventuales incompatibilidades de los candidatos propuestos.
«En todas las medidas, lo que ocurre es que se limita la transparencia y se restringe la posibilidad de impugnaciones por parte de la ciudadanía», advierte Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, en diálogo con Acción. Para la especialista, el impacto es estructural: «Deja más hermético y opaco que nunca los criterios de designación de quienes tienen la responsabilidad de administrar la Justicia».
Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la lectura coincide en la gravedad del retroceso. Clara Lucarella, coordinadora del Programa de Democracia de la entidad, señala que estas instancias permitían que el Ejecutivo considerara opiniones diversas antes de enviar un pliego definitivo. «Ninguno de los motivos esgrimidos en el nuevo decreto resulta lo suficientemente robusto para justificar la modificación de decretos que estuvieron vigentes durante veinte años y dotaron de transparencia y legitimidad a los procesos de designación», argumenta. La urgencia del oficialismo se traduce en una pérdida deliberada de legitimidad de origen para los jueces que deben custodiar la Constitución.
Una ley a medida
De manera paralela, el oficialismo avanza en el terreno legislativo con el proyecto popularmente denominado «Ley de lobby». Bajo un nombre atractivo –«Ley de transparencia y publicidad en la gestión de intereses»– se esconde un dispositivo de vigilancia que asimila los organismos de derechos humanos con las corporaciones.
«El Ejecutivo vuelve a utilizar irónicamente las palabras», afirma Rocca. Reconoce que es necesaria una ley, pero considera que el proyecto oficial es «una tabla de la vigilancia y, sobre todo, del impedimento de participación y petición ante las autoridades, que tiene rango constitucional. El problema fundamental es que no distingue entre la gestión de intereses que involucran factores económicos de la gestión de intereses en materia de defensa y protección de los derechos constitucionales».
El texto propuesto exige que cualquier persona física o jurídica que desee contactar a un legislador o funcionario para alcanzar una propuesta deba registrarse y quedar bajo la lupa de una autoridad administrativa que no tiene autonomía política. Al carecer de «umbrales cuantitativos» –como sí existen en legislaciones como la estadounidense, que define con precisión quién es un lobbista profesional pago–, la ley atrapa a todos en la misma red.
Rocca lo ilustra de forma descarnada: «Si mañana Adolfo Pérez Esquivel o Estela de Carlotto quieren ir a hablar con un legislador o un funcionario para advertir sobre la vulneración de algún derecho fundamental, estarán impedidos. En un país donde el Gobierno dice que está para facilitar los intereses de grupos económicos importantes y extranjeros, como con el Súper RIGI, no parece que esta ley fuera necesaria para regular a esos grupos. El proyecto viene a controlar a la sociedad civil».
Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), subraya el valor social que esta norma pretende congelar: «Durante estos últimos años ha sido sintomático el uso que se hizo por parte de las organizaciones de discapacidad, de salud, ambientales y de derechos humanos de la herramienta de discutir con legisladores. Este proyecto busca limitar ese involucramiento de los movimientos sociales para incidir en las políticas públicas».
También la modificación de la Ley de Acceso a la Información Pública (a través del decreto 780/2024) opera en esta línea, restringiendo qué es considerado información pública y ampliando de forma arbitraria las excepciones para no entregar datos. «Reducir el acceso implica que el Estado pueda actuar con mucha mayor opacidad, impidiendo el control por parte de la sociedad civil y el periodismo de investigación. Menos información inevitablemente lleva a un menor control», define Lucarella. Este cerco informativo se complementa con el silenciamiento de agencias técnicas de control. Así se configura un escenario donde la toma de decisiones económicas y los contratos estatales –beneficiados por regímenes de excepción como el RIGI– quedan fuera de la vista de la comunidad.
El control también se da en el espacio público. El protocolo de actuación policial frente a manifestaciones públicas, diseñado por el Ministerio de Seguridad en el inicio de la administración Milei, constituye la cara más violenta de este entramado restrictivo.
Morales detalla cómo este protocolo excede las facultades del Ejecutivo: «Cortar las calles o sancionar el corte no es algo que le corresponda a un ministerio. Eso debiera estar regulado en el Código Penal o las legislaciones locales. Lo que generó el protocolo es una limitación, una disuasión a participar en la protesta. Cada vez que nos manifestamos tenemos que estar cuidándonos de su aplicación».
El saldo de la puesta en marcha de estas directivas no se mide en orden urbano, sino en cuerpos: «Trajo consecuencias enormes: además de detenidos y personas criminalizadas, hay muchísimas personas heridas, entre ellos periodistas y fotógrafos», señala Morales. El caso Pablo Grillo es el más emblemático.
Plan de lucha
Al unir los puntos de este mapa, resulta imposible hablar de hechos aislados. «En conjunto, lo que vemos es que, tanto en las calles como en ámbitos institucionales o procesos de designación, el Gobierno lo que hace es recortar la participación pública y de esa manera blindar todas sus decisiones, evitar que estén sometidas a un escrutinio estricto», resume el abogado del CELS.
Ante este repliegue democrático, las organizaciones de la sociedad civil coordinan una estrategia que combina la persistencia en la acción, la articulación comunitaria y la batalla en los tribunales. «La erosión democrática no es algo que sucede de un día para el otro, sino que se da paulatinamente», sostiene Lucarella y marca la necesidad de una atención permanente frente a lo que en otros países de la región comenzó como regulaciones difusas y terminó con la clausura total del espacio cívico.
Para Rocca, la Argentina tiene una larga tradición de lucha y resistencia social, con logros importantes en materia de derechos humanos. Y es contra ese activo ciudadano que apuntan las reformas oficiales. «Este plan económico no cierra con la resistencia de una sociedad y su capacidad de torcer el rumbo. Entonces, van por estos mecanismos para romper esta participación ciudadana», concluye.
