18 de noviembre de 2023

Ricardo Gotta

El presidente no puede surfear los escándalos de una trama en la que se cruzan cancilleres, pasaportes y delitos sexuales. Caída de credibilidad, a un año de las elecciones.

A menos de un año de concluir su mandato, una serie de escándalos acecha al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou. El último, un verdadero terremoto –que se devoró a parte de su Gabinete– fue la entrega en 2021 de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El incidente supone una trama de corrupción y complicidades no exenta de lazos con los carteles narcos. Las implicancias no se apagan: la causa prosigue y es probable que el propio mandatario sea citado a indagatoria.
Para colmo, hace unos días, Lacalle recién había llegado a Estados Unidos (encuentro de la Alianza para la Prosperidad y reunión con Joe Biden) cuando se conoció un audio que incriminaban a su canciller, Fernando Bustillo, quien ni siquiera pudo acompañarlo a la Casa Blanca y debió quedarse en Montevideo, donde renunciaría a las pocas horas. El presidente quedó perplejo.
Bustillo es íntimo de Luis Almagro (secretario general de la ONU) y de Luis Lacalle Herrera (padre del Luis; exmandatario entre 1990 y 1995). Solía organizar asados regados con tannats del litoral oriental, en la Argentina cuando fue embajador (2005-2010). Luego pasó por España (2012-2020). En Cancillería sucedió a Ernesto Talvi, quien a seis meses de asumir contradijo la exigencia presidencial de definir al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro como una dictadura: salió eyectado; tal como ahora Bustillo, al que la publicación del referido audio lo hizo renunciar.

El hecho
Carolina Ache Batlle, diplomática de carrera del Partido Colorado, fue vicecanciller hasta el 19 de diciembre de 2022, cuando dimitió acorralada por la Justicia y por compañeros de Gobierno. Había llegado avalada por su tío, Eduardo Ache, «el Turco» (expresidente de Ancap, empresa de combustible uruguaya; exministro de Industria y asesor de la ultraderecha de Cabildo Abierto), imputado por coimas millonarias y lavado en la causa Odebrecht. En 2021, Carolina le concedió un pasaporte uruguayo a Marset, quien estaba detenido en Dubái por ingresar a Emiratos Árabes con documentación paraguaya trucha. Empujada por Cancillería, Interior y Presidencia, no observó ciertas alertas sobre antecedentes de «narcotraficante peligroso» ni dos alarmas de Fiorella Prado, excónsul en Emiratos.
Sendas investigaciones de La Diaria y Búsqueda prendieron la mecha y la Fiscalía abrió una causa. No es nuevo el disgusto del Gobierno con los fiscales que ponen ojo clínico en maniobras pocos claras de la administración central.
¿Quién es Marset? Nació en 1991 en Uruguay como Sebastián Enrique Marset Cabrera. Sus otras identidades: el brasileño Luis Paulo Amorin Santos o el boliviano Gabriel de Souze Beumer. Figuró como productor de espectáculos o agropecuario. En las recomendaciones para el otorgamiento del mentado pasaporte lo calificaron como «futbolista uruguayo»: jugó en los clubes paraguayos Capiatá, Rubio Nú y River, aunque él mismo compró los fichajes. Su primera causa como narco fue a los 21 años: aterrizó en un campo de su país con 450 kilos de marihuana en una avioneta de Juan Domingo Viveros Cartes, «Papacho», tío del expresidente paraguayo Horacio Cartes, de revelados lazos con el narcotráfico.
Marset fue sindicado como autor intelectual de los asesinatos del empresario Mauricio Schwartzmann (setiembre de 2021) y del fiscal paraguayo Marcelo Pecci (mayo de 2022), quien estaba en Colombia, de vacaciones con su esposa embarazada. La DEA lo involucró con la Operación Wayra (2012) y el Operativo Halcón (2013). Fundador del Primer Cartel Uruguayo (PCU), brazo del brasileño Primer Comando de la Capital.
Igual le otorgaron el pasaporte y Marset viajó de Dubái a una lujosa mansión de Santa Cruz de la Sierra, su centro de operaciones hasta que escapó meses después, a poco de que llegara la DEA: lo requería por la antinarco Operación a Ultranza PY. Está prófugo con sus hijos y su pareja, la uruguaya Gianina García Troche.
Su abogado, Alejandro Balbi, fue quien tramitó el pasaporte: es el actual presidente de Nacional de Montevideo, amigo íntimo del Turco Ache. También del influyente asesor presidencial Roberto Lafluf, a su vez íntimamente ligado con el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el asunceño Alejandro Domínguez Wilson-Smith, quien por su parte forjó su poder bajo el influjo del entonces presidente Cartes, mientras este era hombre fuerte del club Libertad, entidad relacionada con los narcos. 
Los círculos siempre se cierran en el mismo punto.

Torre Ejecutiva
Claro que la entrega de un pasaporte a un narcotraficante se cruza con otros escándalos que salpican al Gobierno. Conviene hacer un repaso.
Escándalo I. Gustavo Penadés Etchebarne está en el pabellón D de la cárcel uruguaya de Florida, desde el 10 de octubre a la espera del juicio por 21 delitos sexuales (11 de explotación a menores, 4 de abuso muy agravado, 3 de abuso agravado, 1 de violación, 1 de corrupción de menores y 1 de desacato). Exprofesor de historia del Liceo Militar Mauvezin y viejo dirigente blanco, fue jefe de campaña de Luis Alberto Lacalle en el balotaje 2009 con el Pepe Mujica. Diputado, luego senador, hasta que estalló la bomba que el Gobierno intentó ocultar sin disimulo.
Escándalo II. Lo hubiera sido aun si no se tratara del principal custodio del presidente de la Nación: Alejandro Astesiano. Está preso en Punta de Rieles desde hace 13 meses: lideró una banda que proveyó documentos y pasaportes a 8.000 ciudadanos rusos (muchos vinculados con lavado y narcotráfico), quienes gestionaron créditos para comprar propiedades y luego se marcharon del Uruguay. Astegiano y su socio, el ruso Alexey Slivaev, cobraban 20.000 dólares por trámite. Sin remilgos, tenían su oficina en el cuarto piso de Torre Ejecutiva.
Escándalo III. Torre Ejecutiva es el edificio sede del Gobierno central, frente a la mítica estatua de José Gervasio Artigas en la Plaza Independencia. Presidencia ocupa del décimo al doceavo piso. En el undécimo tiene su búnker Roberto Lafluf, director de la agencia publicitaria Avisa, modelador al detalle de la imagen de Lacalle Pou desde hace una década. Cuando estalló el incidente del pasaporte de Marset, el Durán Barba oriental convocó a su oficina, «por orden del presidente», a Bustillo, Ache y la cúpula del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber y Guillermo Maciel. Debían ingresar, aún de a pie, por el garaje. Reuniones tensas, acusaciones cruzadas. Mientras la fiscalía acentuaba la pesquisa. El poderoso asesor dirigió la estrategia: ordenó borrar chats más otros datos de los celulares y destruyó documentación incriminatoria.
Pero Ache había hecho copia de audios y de hojitas varias. Hace unos días se los presentó al fiscal. Por caso, el audio de un llamado de Bustillo cuando trascurría la investigación. 
A: –Tengo todo preparado para presentar mañana (en el juzgado).
B: –Aguantá a ver si podemos enderezar esto porque es un desastre (…) Que por lo menos no te guaranguee con las preguntas. Una salida para evitar dar los WhatsApp.
–No hay manera.
–Busquemos la vuelta. Te dejan repegada al cuete, ta…
–Me los va a pedir la fiscalía.
–Ta’bien, pero es otro cantar. Hay que ir ganando tiempo e ir llevándola. Si te mandan al frente, vos perdé el celular…
Al hacerse pública, la última frase lo catapultó a la renuncia. Lacalle Pou estaba en Washington. Regresó al tercer día. Desde el avión instruyó a la vice Beatriz Argimón para una urgente reunión en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, con los implicados y los referentes de la coalición de Gobierno. Pero uno de estos, el exmilitar Guido Manini Ríos mantiene el encono por el despido en mayo de su protegida Irene Moreira, exministra de Vivienda, por extrañas entregas de créditos inmobiliarios (sí, otra bomba). Y antes de la reunión declaró: «Ningún funcionario pudo haber actuado por cuenta propia».
Esa noche se conocían las renuncias de Heber, Maciel y Lafluf. Se sumaban a la de Bustillo. Horas después, la del director de Comunicación de Cancillería, Horacio Abadie, amigo de la infancia del presidente.
Lacalle Pou, un surfista experto, no puede surfear los escándalos. Enfrenta una progresiva caída de popularidad, que llegó al 23%, la más baja de su mandato. Lo esmerilan el desempleo (8,3%), la situación económica y la inseguridad. Y los escándalos, claro. ¿Qué ocurrirá cuando el fiscal de la causa pasaporte lo cite a declarar?