11 de julio de 2024

Carlos Romero

La política de Milei para los menores que delinquen: punitivismo y estigmatización. Actores políticos, judiciales y de organizaciones civiles alertan sobre un retroceso en la materia.

Desde que La Libertad Avanza llegó al Gobierno, se multiplicaron las voces de actores políticos, judiciales y de organizaciones civiles que alertan sobre un franco retroceso en materia de protección de las infancias. El reciente anuncio del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años vino a completar un panorama donde, a esta retirada del Estado como principal garante de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se suma el recrudecimiento de su faceta punitivista.

«Evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores» y «terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien» es lo que señala el comunicado difundido en X por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, al que su par de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó: «Las consecuencias de años de zaffaronismo, sumadas al desastre educativo y la mentira del Estado presente sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas, el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados».

Ocurre que, como argumento para su ley penal juvenil –cuya redacción oficial seguía sin conocerse al cierre de este artículo–, el Gobierno plantea que «el crimen organizado se aprovecha de los niños y adolescentes para delinquir», ante lo cual su respuesta es mano dura para las infancias y aplicarles penas de cárcel.

Datos reales
Desde el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc), la abogada Claudia Cesaroni afirmó que «es mentira» que haya aumentado la criminalidad juvenil: «En la Ciudad de Buenos Aires, en 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y seis tenían 16 o 17 (es decir, en edad punible). En total, un 6%». En la provincia de Buenos Aires el mismo año hubo «61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16, 17 años (punibles). Menos del 10% del total».

Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, consideró que, frente a la legislación vigente, que «es muy vieja, de la dictadura militar, y es mala y tiene muchas ambigüedades», lo que se necesita es una norma «que privilegie medidas alternativas a la privación de libertad». Es decir, lo opuesto a lo que impulsa LLA. «Lo que el Gobierno anunció es muy malo y no soluciona ninguno de los problemas de la Justicia penal juvenil, al contrario. El borrador que se viralizó propone la privación de libertad o procesos penales aún para chicos que cometan delitos leves, cuando el derecho internacional apunta a que la Justicia penal intervenga cada vez menos», aseguró Hernández. Por eso, en la mirada de la Defensoría, «cuando un pibe de 14, 15 años comete un homicidio, no es que no haya que hacer nada, hay que hacer un montón de cosas, pero no desde la óptica penal».

Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fue claro: «Creer que con la baja de la edad de punibilidad se va a garantizar mayor seguridad a la ciudadanía es una mentira». Además de su escasa injerencia en el mapa del delito, Moreno se preguntó: «¿Y qué hacemos con esos chicos? Para eso existen las políticas sociales, pero hoy están siendo desfinanciadas».

En tal sentido, Cesaroni recordó que «la inmensa mayoría de los casos en que participan adolescentes y niños no punibles son delitos contra la propiedad, derivados de condiciones de vulneración de derechos, pobreza extrema y falta de políticas públicas». Justamente, la antesala del anuncio de Cúneo Libarona y Bullrich es un Estado que se volvió ausente para las infancias, como surge del presupuesto real en derechos de la niñez: «Si se toma el crédito vigente de 2024, es un 72,7% menor que el ejecutado en 2023 y un 78,5% menor que el ejecutado en 2021», informó en abril el colectivo Infancia en Deuda (IED) ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Un efecto inmediato, indicó IED, fue que el Gobierno de Javier Milei «decidió reducir drástica e intempestivamente la asistencia» a los comedores, negando la posibilidad de alimentarse a un gran número de chicas y chicos.

Asimetrías provinciales
Hernández comenzó por señalar que la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) fue degradada a Subsecretaría de Políticas Familiares, y que «en los primeros meses del año hubo una parálisis en su gestión». Tampoco se convocó al Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, fundamental para ordenar la política pública a nivel país, y se acumularon problemas administrativos: «Programas como el de Acompañamiento al Egreso (PAE), se pagó tarde, se pagó mal, y no hubo nuevas altas de la Ley Brisa, que otorga una reparación económica para hijas e hijos cuyas madres fueron víctimas de femicidio».

En cuanto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la prestación Alimentar, donde el Gobierno «inyectó bastante dinero», el defensor adjunto precisó que existen diferencias etarias: «Los chicos de 0 a 2 años inclusive, que además reciben un subsidio por la Ley 1000 días, cubren la canasta alimentaria y están en un 60%, 80% de la canasta básica total; pero los de 15 años, que solo reciben AUH y, algunos, Progresar, no llegan ni siquiera a la canasta alimentaria».

El funcionario se refirió a «una reconfiguración del federalismo», que se traduce en el no giro de recursos de la Casa Rosada para compensar las asimetrías provinciales. Los datos son contundentes: durante el primer semestre de 2024, la ejecución de las partidas destinas a niñez y adolescencia fue un 26% menor en términos reales que en igual período de 2023.

Las caídas interanuales más significativas se verifican en los programas de Obras Públicas (virtualmente, sin movimiento); Educación, con un 74% menos; y la propia Subsecretaría de Políticas Familiares (exSenaf), con un retroceso del 40%. En lo educativo, por ejemplo, los fondos ejecutados por Becas Progresar cayeron un 61%.

En ese escenario, Hernández destacó la gravedad de lo sucedido con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (Plan ENIA), fuertemente desfinanciado. «Por una cuestión ideológica, despidieron a 619 trabajadores nacionales que estaban en el ámbito provincial. Y sobre los insumos, que eran métodos anticonceptivos, no tenemos información de que hayan sido repartidos», indicó. Se trata de un programa que «entre 2017 y 2021 bajó en promedio un 56% el embarazo adolescente, y en algunas provincias, hasta el 72%». Por eso, «no se entiende por qué dar de baja una política pública con este nivel de rigurosidad y evaluación», lamentó el defensor.

Para Moreno, quien también es secretario del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (CoPaJu), lo que hace LLA «en términos jurídicos se llama sacarles efectividad a los derechos», es decir, mantenerlos vigentes en lo formal, pero desfinanciarlos. «Es lo que está pasando con este Poder Ejecutivo Nacional –aseguró el asesor tutelar–, que lo ha dicho claramente: no cree en la justicia social, no cree en los derechos sociales, con lo cual todo lo lidera el mercado».