23 de julio de 2024
Legisladores oficialistas se reunieron con condenados por crímenes de lesa humanidad. La influencia de Villarruel, el rol de Bullrich y la mirada del Gobierno sobre la dictadura.
Beltrán Benedit. Para el diputado entrerriano, los genocidas son «patriotas».
Foto: NA
El Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires pidió autorización para visitar a Patricia Daniela Calarco Arredondo, la única mujer que queda detenida tras la represión del 12 de junio pasado. El Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, denegó el permiso. Para las funcionarias provinciales, ingresar a las cárceles que dependen del Gobierno nacional no parece ser una misión sencilla. No tuvieron las mismas dificultades los seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) que ingresaron al penal de Ezeiza para entrevistarse con Alfredo Astiz y otros represores que están presos allí.
Bullrich está ofuscada. El viernes pasado, el juez Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires, le pidió explicaciones por la visita del 11 de julio. Obligado es el magistrado que tiene a su cargo la ejecución de la pena de Astiz y otros represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Antes, el juez Alejandro Slokar, coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, lo había exhortado a investigar el incidente y tomar las medidas que fueran necesarias.
La ministra apuntó contra Slokar, dijo que le llamaba la atención el pedido de información y que había diputados que entraban todo el tiempo a la cárcel. «Como los organismos de derechos humanos», acotó. Sin embargo, para los grupos humanitarios no resulta tan sencillo, como quedó expuesto tras las detenciones masivas de junio en las inmediaciones del Congreso. El 19 de junio, una comitiva llegó hasta el primer piso de los tribunales de Comodoro Py para reclamar a la jueza María Servini que liberara a los detenidos. Allí, el abogado Eduardo Tavani también dijo que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) no estaba logrando entrar a los penales como podía hacerlo antes.
Desfile militar. Villarruel y el presidente Milei pasearon en tanque el 9 de julio.
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Doble estándar
«La posibilidad de ingresar a las cárceles del SPF implica un trámite bastante extenso –explica María Elena Naddeo, secretaria general de la APDH–. Como organismo de derechos humanos, nosotros tenemos un convenio que tardó varios meses para su concreción. En esta etapa tuvimos una entrevista con las autoridades del SPF donde se llevó una documentación y después pudimos empezar a normalizar el ingreso a los penales para ver a determinados presos. No es tan sencillo».
Para el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Leopoldo Moreau, el episodio de la visita de los diputados libertarios a los genocidas dejó en evidencia el doble estándar de Bullrich como responsable del SPF. «Con la transferencia del SPF del Ministerio de Justicia al de Seguridad por primera vez recibimos denuncias que combinan los apremios ilegales con la violación de la Ley de Inteligencia. Tres detenidos del 12 de junio, que son detenidos por razones políticas, denunciaron ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de organismos y actividades de Inteligencia que habían sufrido interrogatorios de carácter político-ideológico», advierte.
Durante la campaña, Carlos Manfroni –excolumnista de la revista Cabildo, coautor junto a Victoria Villarruel de Los otros muertos y actual jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad– había publicado en el diario La Nación que los equipos de Bullrich se encontraban trabajando en una «solución» para los detenidos de lesa humanidad mayores de 70 años –lo que equivale a decir para todos los que están en las cárceles por haber secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido personas–. En sintonía con Manfroni, Bullrich, durante el año pasado, había hablado de militares «injustamente presos» y se había comprometido a solucionarlo.
Ministra. Patricia Bullrich se molestó con los jueces que pidieron informes sobre la visita a condenados por crímenes de lesa humanidad.
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Sin quejas
La visita del 11 de julio expuso una trama que muestra que hay distintos actores del oficialismo que trabajan por la libertad de los perpetradores de la última dictadura. La excursión al penal de Ezeiza se concretó dos días después del desfile militar que protagonizaron el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel y que terminó con ellos dos a bordo de un tanque militar. A las horas, el diputado nacional Beltrán Benedit envió una invitación a sus compañeros del bloque de LLA para ir al penal. Se sumaron cinco: Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci. La particularidad de todos ellos es que tienen cercanía con Villarruel, que hace más de dos décadas milita en organizaciones que impugnan los juicios de lesa humanidad.
Al menos Benedit lleva un tiempo yendo a la cárcel. El diputado entrerriano, que es dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se refiere a los criminales de lesa humanidad como «patriotas» o como «excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista». En alguna oportunidad, lo acompañó Ferreyra Ugalde a la otra cárcel donde se concentran los represores, la Unidad 34 de Campo de Mayo. Allí también hubo visitas de los funcionarios del Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri, que entusiasmaron tanto a los reclusos que hasta empezaron a redactar propuestas para resolver su situación legal.
Más allá de algunos reconocimientos simbólicos, el colectivo de lesa humanidad –integrado por los represores presos y sus familiares– cree que el Gobierno de Milei no está haciendo lo suficiente por ellos: que no impugna los juicios y que los mantienen privados de su libertad. Una de las que frecuentemente exterioriza ese reclamo es Lucrecia Astiz, hermana del exmarino. Posiblemente la visita de los seis diputados haya buscado aplacar esos ánimos.
En lo que coinciden distintos actores que intervienen en los procesos por crímenes contra la humanidad es que, en los últimos tiempos, no se registraron quejas por las condiciones de detención. En Tribunales tenían la información de que el SPF planeaba trasladar a los detenidos de la Unidad 31 de Ezeiza a unas casitas que tiene dentro del complejo, lo que les daría mayores comodidades. Hay también un viejo reclamo para que esa unidad quede destinada únicamente a las mujeres privadas de su libertad.
La gran pregunta es cómo el sistema político metabolizará el papel que juegan seis legisladores que consideran «patriotas» a quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron durante las décadas de 1970 y 1980. Hay varios pedidos para que sean removidos de sus cargos por inhabilidad moral. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a decir que eran actos individuales y que tampoco le consta que se hayan entrevistado con condenados por crímenes contra la humanidad.
