7 de junio de 2024
El sector enfrenta caídas interanuales, igualadas solo por los meses más duros de la pandemia de 2020. Incertidumbre en las cadenas de pago de pymes y despidos.
Hecatombe. La actividad industrial cayó un 14,9% interanual, mientras que el primer cuatrimestre reflejó una contracción interanual del 11,3%.
Foto: NA
El fuerte retroceso de la actividad económica registra pocos antecedentes históricos. El último dato oficial del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), de marzo, revela una caída del 8,4% interanual. El declive hubiera sido aún más pronunciado si no fuera por el repunte (+14,1%) registrado en la actividad agropecuaria. Como se sabe, ese rebote estadístico es consecuencia de la baja base comparativa del año pasado afectado por la sequía. En algunas actividades, el nivel de retroceso alcanzó los dos dígitos. Por ejemplo, la construcción cayó el 29,9%, la industria manufacturera el 19,6% y la actividad comercial un 16,7%.
La caída industrial interanual de marzo es aún mayor según otro indicador del INDEC. En efecto, el índice de producción industrial manufacturero (IPIM)) revela una contracción del 21,2%. Esto implica un retroceso productivo a niveles de junio de 2020, cuando la pandemia estaba en su punto más alto. Por otro lado, la totalidad de las dieciséis divisiones estadísticas de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. La hecatombe productiva es de tal magnitud que hasta un rubro de primera necesidad (inelástico, en términos económicos) como «Alimentos y bebidas» tuvo un retroceso del 14,2%.
El derrumbe industrial incluso incluye sectores ligados a la actividad agropecuaria, a pesar del repunte de este rubro por la buena cosecha 2023/2024. En el primer trimestre de 2024, las unidades vendidas de todos los segmentos de maquinaria agrícola registraron caídas interanuales. Las más importantes fueron las ventas de tractores (‒31%), sembradoras (‒24,9%), cosechadoras (‒16,1%) e implementos (‒12%). El sociólogo Daniel Schteingart apunta que nunca antes, desde que comenzó a publicarse el IPIM ‒«ni siquiera en la pandemia»‒, se produjo una baja tan generalizada.
El dato que completa este panorama es el bajísimo porcentaje de utilización de la capacidad instalada ‒maquinarias‒ en las fábricas. En marzo de 2024, la utilización de la capacidad instalada industrial se ubicó en un 53,4%, nivel muy inferior al del mismo mes de 2023, que alcanzó el 67,3%. En esa línea, el registro actual es casi idéntico al peor momento de la pandemia, cuando alcanzó el 53,3% en junio de 2020.
Los últimos datos de Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) revelan que la caída no se detuvo en el mes de abril. Según su Índice de Producción Industrial (IPI), la actividad cayó un 14,9% interanual. Esto determinó que el primer cuatrimestre de 2024 cierre con una contracción interanual del 11,3%.
Maquinaria agrícola. Las unidades vendidas de todos los segmentos del sector, en el primer trimestre del año, registraron caídas interanuales de entre el 30% y 12%.
Foto: Getty Images
Tensiones
Lo cierto es que la industria comenzó a registrar tensiones en su cadena de pagos. Según un informe reciente de la UIA, el 53% de las empresas reportó haber tenido dificultades para afrontar ‒por lo menos‒ algún tipo de compromiso de pago (salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos, impuestos). «Se registraron los niveles más bajos de la serie en las variables de producción y ventas, lo cual indica una agudización de las dificultades en el entramado productivo industrial, especialmente en las pymes», plantea el reporte. El informe continúa señalando que «se registró el porcentaje más alto de empresas con caída del empleo y un deterioro notable en relación a relevamientos previos (…) pocas empresas identifican (28%) que es un momento macroeconómico para invertir». El despido o suspensión de operarios incluyó a compañías de la talla de Pepsico, General Motors, FV, Acindar, FATE, Whirpool, Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), Longvie, Johnson & Johnson, Mirgor, entre otras. A su vez, la menor producción fabril generó una menor demanda de energía. Según la consultora especializada Economía & Energía (dirigida por Nicolás Arceo), el consumo de electricidad en las industrias cayó un 5,5% interanual en abril. Aún en ese contexto, el Gobierno interrumpió por unos días el suministro de gas a más de 150 industrias y empresas (petroquímicas, petroleras, cerealeras, caleras y empresas agroindustriales) localizadas en los polos productivos de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. A esto se sumó el corte casi total a las estaciones de GNC de Córdoba, Rosario y Buenos Aires.
Este episodio desnuda las fuertes falencias de gestión de la administración libertaria que van desde cuestiones «pequeñas», como la demora en la descarga en la planta de regasificación de Escobar (provincia de Buenos Aires) por falta de pago de un buque de gas natural licuado (GNL) que Enarsa tuvo que encargar de urgencia a la petrolera brasileña Petrobras, hasta cuestiones más estructurales como el retraso en la finalización de las plantas compresoras de Tratayén y Salliqueló que habrían duplicado la capacidad de transporte del Gasoducto Néstor Kirchner. La falta de pago de 40 millones de dólares a los contratistas de esas obras derivó en la adquisición de gas importado por un importe cercano a los 500 millones de dólares. En otras palabras, la «motosierra» indiscriminada en la obra pública generó una pérdida cercana a los 450 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones de especialistas.
A pesar del «industricidio» en curso, la Unión Industrial Argentina (UIA) mantiene su apoyo político a la gestión Milei. Ese respaldo empresario es fogoneado por el poderoso Grupo Techint y es secundado por empresas como Arcor, Ledesma y Peugeot. Sin perjuicio de esto, las cámaras sectoriales que agrupan a empresarios mercadointernistas están haciendo sentir su descontento en el seno de la central industrial. Así, la mesa chica de la entidad reclamó «la urgente necesidad de implementar políticas que permitan sostener la demanda, considerar el impacto en la industria nacional de la apertura comercial sin antes bajar impuestos, los recientes aumentos de tarifas y la pérdida de empleo», a través de un comunicado fechado el 24 de abril. La convocatoria a una implicación estatal de este tipo tiene poco eco en un Gobierno libertario que confía ciegamente en las leyes del mercado.
