20 de junio de 2025
Tres accidentes con ómnibus de larga distancia encendieron las alarmas. La falta de inversión, mantenimiento y controles aumenta la siniestralidad vial en el país.
Postal cotidiana. Un ómnibus volcó en el cruce de las rutas 51 y 76. Causó la muerte de cinco personas y 29 resultaron heridas.
Foto: NA
Javier Milei decidió paralizar la obra pública desde el 10 de diciembre de 2023, de ese modo, el mantenimiento de la red caminera nacional de 40.000 kilómetros prácticamente desapareció. Además, a partir de esa fecha dejó de distribuir entre las provincias el cobro realizado en el impuesto a los combustibles que debía ser destinado a Vialidad Nacional (VN).
Eliminar la obra pública también implica, al final del camino, mayores erogaciones económicas: por un lado, las pérdidas por atenciones sanitarias y en días laborables de los afectados y, por el otro, la reparación de las rutas nacionales que llevarán a un gasto mayor que el producido por el mantenimiento sostenido.
En simultáneo, el Gobierno eliminó regulaciones al transporte que eran ejecutadas por la Comisión nacional de Regulación del Transporte (CNRT), como las licencias interjurisdiccionales. Así, las empresas con vías concesionadas dejaron de invertir en mantenimiento el dinero que ingresaba por cobro de peajes.
El abandono de la red caminera de todo el país se ve reflejado en la fragilidad del estado de rutas. La Ruta Nacional 9 estuvo durante varias semanas habilitada solo en el sentido Ciudad de Buenos Aires-Rosario, mientras que, en la dirección contraria, Vialidad Nacional señalaba dos alternativas posibles: a través de la Ruta Nacional 8 y desde allí a CABA o dirigiéndose por Entre Ríos a través de la Ruta Nacional 12 hasta la Ruta Nacional 9.
Según el Gobierno nacional, actualmente se realiza mantenimiento en 30 rutas a lo largo de todo el país. A través de sus publicaciones en el sitio web de Vialidad Nacional, se reflejan trabajos en las provincias de Jujuy, Entre Ríos, Catamarca, Chubut, La Rioja, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, San Luis y Buenos Aires. En particular, el Gobierno nacional decidió atender las emergencias luego de las inundaciones acontecidas en Bahía Blanca en la Ruta Nacional 3.
Sin embargo, para Graciela Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, esta es una realidad a medias. La dirigenta señala que existen obras ejecutadas entre un 70% y un 90% que se encuentran paralizadas. Ejemplo de ello es la autopista Juan Domingo Perón o Ruta 6, en la provincia de Buenos Aires.
Según Aleña, el año pasado quedaron sin transferirse 300.000 millones de pesos, así desfinanciaron la obra pública. Ese dinero es el que deriva del impuesto al combustible que pagan todos los consumidores al cargar su tanque y fue creado en el año 2001. «La plata está –dice Aleña–, pero no la quieren dar, son un desastre todas las rutas».
Por otro lado, la secretaria general agrega que los concesionarios de las rutas nacionales 8 y 9, desde que conocieron el plan del Gobierno para no renovar los contratos, dejaron de realizar el mantenimiento y se quedaron con el dinero obtenido. «Se llevaron el dinero del peaje y nunca queda preso ninguno», agrega.
Desde el 9 de abril que el Gobierno no renueva los contratos, y desde entonces, Vialidad Nacional se hace cargo de los trabajos de mantenimiento. Se van a privatizar 9.000 kilómetros, ampliando los 40.000 kilómetros existentes. «No habrá comunicación entre los pueblos, habrá provincias que podrán hacerse cargo de los trabajos, como las mineras, y otras que no», agrega Aleña.
Anticipa la gremialista que, en ese contexto, Vialidad Nacional pasaría a convertirse en Subsecretaría, según el proyecto de Federico Sturzzenegger, ministro de Desregulación y Modernización. Perderán su empleo cerca de 4.000 trabajadores y el residual no alcanzará para atender las necesidades de los más de 25.000 kilómetros que quedarán desatendidos.
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, aseguró: «Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución». También definió: «Queremos que la Justicia le ordene al Estado nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente».
Siniestralidad en ascenso
Diego Giuliano, exministro de Transporte del Gobierno de Alberto Fernández, refirió a Acción los efectos que produce la administración libertaria. «A menor control –define–, mayor índice de siniestralidad y pérdidas de vida humanas». Durante 2024, se alcanzaron los 3.238 siniestros, con 3.894 víctimas fatales. Son 10,67 vidas diarias que se pierden.
Ruta Nacional 33. Sin obra pública, el estado de las calzadas se deteriora.
Foto: Patricio Murphy
Según detalla el exfuncionario, «desde la asunción del Gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023 y la suspensión generalizada de la obra pública, se ha observado un deterioro significativo en el estado de las rutas nacionales».
En Santa Fe, las rutas nacionales 11 y 34 han sido escenario de accidentes fatales en 2024, con al menos 60 muertes registradas. Esto se le atribuye a la falta de mantenimiento y al deterioro de las calzadas, que aumentó por la paralización de la obra pública nacional.
El 6 de abril pasado un ómnibus que volcó en el cruce de las rutas 51 y 76, en Buenos Aires, causó la muerte de cinco personas y 29 personas resultaron heridas. El 10 de mayo, en la Ruta Nacional 8, en Capitán Sarmiento, volcó un micro que dejó más de 50 heridos. El 13 de mayo, en la Ruta Nacional 3, en San Miguel del Monte, colisionaron un micro y un camión. Murieron cuatro personas y hubo 16 heridos.
Para Giuliano es indispensable una «fiscalización activa» para reducir la siniestralidad. Organismos como la Organización Internacional de Comercio (OCDE) y la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), consideran que los controles sistemáticos de alcoholemia, velocidad y estado técnico de vehículos reducen los accidentes.
En la autopista Rosario-Córdoba no existen más los servicios de grúas para atender emergencias. Roly Santacroce, intendente de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, denunció la situación a través de sus redes sociales. «No hay director de Vialidad Nacional con quien hablar», dice. «Dejaron la autopista totalmente a la deriva, el Gobierno provincial y el nacional deslindaron las responsabilidades al municipio».
El organismo fiscalizador de transportistas y medios de transporte es la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT). La misma mantiene su dotación de personal estable desde la asunción del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, los trabajadores del organismo señalaron a Acción que fusionarán distintas reparticiones disminuyendo la dotación del área.
Mediante el Decreto 196/2025, el Poder Ejecutivo Nacional modificó la Reglamentación General de la Ley N° 24.449 de Tránsito y Seguridad Vial. El Gobierno eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), quitando, de esta manera, un control para determinar las capacidades de conducir mercancías peligrosas, transporte de pasajeros, etcétera.
El aumento de la siniestralidad vial se potencia con la falta de inspecciones de la CNRT en descansos de choferes, condiciones de vehículos, habilitación de empresas, cumplimiento de seguros y frecuencias. También fueron habilitados los transportes de mercaderías o ganado los fines de semana «turísticos», agregando más tránsito a las rutas durante días de mayor circulación vehicular.
Menos controles de los vehículos por falta de revisiones obligatorias incrementan los riesgos mecánicos. Asimismo, debilita la trazabilidad del transporte público, lo que perjudica la seguridad de los pasajeros.
Según el Instituto de Seguridad Vial (ISEV), durante el año 2022 los operativos integrales de CNRT y fuerzas provinciales generaron descensos temporales en accidentes fatales en las rutas nacionales controladas.
