22 de abril de 2026
Documentos hallados en domicilios de represores revelan redes de inteligencia y encubrimiento del genocidio. Avanzan investigaciones judiciales mientras el Gobierno pone trabas a la búsqueda de la verdad.
Archivo del Ejército. El Gobierno de Milei dispuso un conjunto de medidas que obstaculizan el acceso a documentación de la dictadura.
Foto: Adrián Perez
El viernes 10 de abril, tres funcionarios del juzgado de Daniel Rafecas, un auxiliar fiscal y un grupo de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) salieron de un edificio en la avenida Santa Fe al 1100 de la Ciudad de Buenos Aires con dos cajas llenas de papeles. Acababan de allanar la casa en la que vivió Carlos Guillermo Suárez Mason, uno de los jerarcas de la última dictadura militar. Muerto hace 20 años, Suárez Mason seguía guardando secretos sobre la represión. La búsqueda de los archivos se mantiene vigente a 50 años del último golpe de Estado, impulsada fundamentalmente por víctimas y referentes de derechos humanos, que aún siguen bregando por conocer hasta los últimos rincones de un sistema clandestino que esconde lo sucedido con sus víctimas y encubre a sus perpetradores.
Una de las primeras decisiones que tomó la administración de La Libertad Avanza (LLA) fue incidir sobre el acceso a los archivos. La punta de lanza fue el Ministerio de Defensa. Desde esa cartera se negaron a enviar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los bebés robados durante los años del terrorismo de Estado. Después llegó la decisión de desarmar los equipos de relevamiento y análisis (ERyA), que funcionaban desde 2010 y habían sido creados para buscar documentación en los archivos de las Fuerzas Armadas que pudiera contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad. Oficialmente se presentó la eliminación de los equipos como el fin de la «persecución» o los «carpetazos» contra los militares.
Javier Milei también derogó el decreto 715 que Néstor Kirchner había firmado en 2004 habilitando a la Conadi a acceder a documentación en poder del Estado a fin de encontrar a los chicos que habían sido robados. Las modificaciones que el presidente introdujo en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) hicieron que ningún organismo oficial esté facultado para acceder a la documentación en poder de las Fuerzas Armadas, denunciaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, Memoria Abierta e HIJOS Capital.
Mecanismos de obstrucción
Ante lo que se percibe como una política de obstrucción por parte del Gobierno, el abogado Pablo Llonto hizo una serie de presentaciones para que sean los tribunales los que investiguen si existen archivos de inteligencia en distintas dependencias oficiales. El letrado abona a la teoría de que, pese al decreto 2.726/83 del dictador Reynaldo Bignone y a las órdenes de incineración de Cristino Nicolaides, la documentación no se destruyó y debe estar en algún lado.
No hubo demasiados avances en las pesquisas que reclamó Llonto, con la única excepción de que el fiscal Eduardo Taiano empezó a citar a oficiales que prestaron funciones en el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) inmediatamente después del fin de la última dictadura para consultarles si, para entonces, había archivos de la represión. Llonto había demostrado que en 1986 la Marina tenía información sobre distintas víctimas que habían pasado por el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y la envió al juzgado que investigaba el secuestro de Heinrich Metz, ejecutivo de Mercedes-Benz, ocurrido en 1975. Algunas fichas daban cuenta de que los seguimientos a los sobrevivientes de la ESMA continuaban incluso en democracia.
«Es doloroso ver cómo a los jueces que deberían investigar a fondo la existencia de archivos de la represión esto les importa muy poco. Casi siempre tienen que ser las víctimas y las querellas las que aportan las pruebas. A lo largo de la democracia han ido apareciendo documentos sueltos. Esto quiere decir que tal destrucción de los archivos no existió y que hay copias u originales en varios lados, hay que buscarlos, citar testigos y hacerlo rápido, en todas las causas, pero sobre todo en las de Primer Cuerpo, ESMA y Campo de Mayo», reclama Llonto en diálogo con Acción.
Desde que se iniciaron las causas, hubo allanamientos en las viviendas de represores. Rafecas requisó, por ejemplo, la casa de Carlos Alberto Martínez, una figura clave de la inteligencia de la dictadura, ya que estuvo al frente de la Jefatura II del Ejército y de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) durante aquellos años. En el allanamiento se encontraron documentos desconocidos que sirvieron para entender el rol del espionaje dictatorial. También se hallaron documentos que redactó el propio Martínez durante la democracia, como su sugerencia para impulsar causas contra militantes de los 70 cuando se reabrieron los procesos contra los represores de la dictadura –política impulsada por algunos referentes del elenco oficial actual como Victoria Villarruel–. Martínez también mantenía intercambios epistolares con el dictador Jorge Rafael Videla.
En 2012, la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, allanó la casa de Videla. Allí se encontraron documentos oficiales, así como algunos que fueron confeccionados como estrategia de defensa. Videla también guardaba algunos libros que no llegó a publicar en los que se refería al rol de la inteligencia durante la dictadura.
Tesoros escondidos
¿Por qué Rafecas allanó el departamento de Suárez Mason después de muerto? Porque en febrero se publicó el libro Si lo contás, te mato, en el que el periodista Gustavo Sammartino relata sus encuentros con uno de los «duros» de la dictadura. El 31 de marzo, Sammartino declaró ante Rafecas. En ese testimonio contó que Suárez Mason tenía manuscritos con sus memorias y que le había dicho que los archivos de la dictadura los tenía en Estados Unidos, donde él había estado prófugo.
En el juzgado de Rafecas aún estaban inventariando la documentación secuestrada. En principio, el interés estaba puesto en los manuscritos con las memorias de Suárez Mason, confiaron las fuentes consultadas por este medio.
«En ese marco, se vuelve evidente la importancia de la diversidad de archivos. No se trata solo de los documentos administrativos que durante años se buscaron sistemáticamente –y cuyos equipos hoy están siendo desarticulados o desfinanciados–, sino también de avanzar en la apertura y desclasificación de archivos secretos, directamente vinculados con la represión, así como en la recuperación de archivos personales que permanecían en manos privadas. Otro punto clave es el rol de la justicia. Estos hallazgos muestran que sólo a través de investigaciones judiciales serias y profundas –como los allanamientos– es posible acceder a este tipo de documentación. No hay otro dispositivo con esa capacidad de irrupción en espacios donde los archivos fueron deliberadamente ocultados», sostiene la antropóloga Valeria Barbuto, investigadora de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
«A su vez, lo que aparece con fuerza es el funcionamiento de la impunidad –agrega Barbuto–. Los responsables no solo cometieron los crímenes, sino que desplegaron distintas estrategias para borrar, ocultar o incluso apropiarse de los registros, trasladándolos al ámbito privado. Ese ocultamiento no fue azaroso. Y ahí emerge un elemento particularmente significativo: la conservación de esos documentos sugiere que los perpetradores preveían, de algún modo, una eventual rendición de cuentas. Es posible pensar que esos archivos eran resguardados como herramientas para construir una versión justificatoria de sus actos o incluso para edificar una memoria propia. Sin embargo, el resultado es exactamente el inverso. Cada documento que aparece no hace más que reforzar la evidencia del carácter sistemático del plan represivo. Aquello que pudo haber sido guardado como resguardo o defensa termina operando, una y otra vez, como prueba en su contra».
Por estos días, abogados y abogadas que intervienen en las causas de lesa humanidad discuten la posibilidad de impulsar medidas en los tribunales tendientes a recabar información guardada por los propios represores. Es otra vía para no dejar ningún rincón sin explorar en la búsqueda de datos que esconden sobre el destino de las víctimas y la identidad de los responsables.
