27 de abril de 2026
Poco tiempo antes del tiroteo en la escuela santafesina, el Gobierno habilitó la tenencia de fusiles semiautomáticos y la baja de la edad mínima para portar armas. Una invitación a matar y a morir.
Esto había ocurrido durante la noche de un lunes en la antesala de una sucursal bancaria cuando el usuario de un cajero automático halló una tarjeta de crédito dentro de la ranura y, por si su titular volvía, la dejó sobre el teclado numeral.
En ese instante, un hombre que acababa de usar el cajero aledaño, le dijo:
–Pásela por debajo del portón para que no se la lleve algún «fisura».
Así es como ciertos ciudadanos de bien suelen denominar a las personas en situación de calle.
El destinatario de ese consejo le hizo caso. Y a continuación, el otro, un cincuentón vestido de elegante sport y muy afable, le soltó a boca de jarro:
–Hace unos meses, acá mismo, tres «fisuras» me quisieron robar. Por lo menos, esa fue la impresión que me dio.
Entonces, relataría que, casi por reflejo, extrajo el revólver calibre 22 que siempre portaba en la cintura y comenzó a gatillar. Su remate (verbal) fue:
–Dos de ellos resultaron con heridas leves. El tercero logró escapar. Pero yo me comí un juicio. Fui condenado a dos años de prisión en suspenso, además de tener que hacer trabajos comunitarios.
Fue un epílogo, diríase, suave, en el contexto de un fenómeno todavía no tomado debidamente en cuenta: la profusión actual del «gatillo fácil civil».
Claro que esta historia ni siquiera fue reflejada por la prensa, a diferencia de otros episodios recientes que sí han tenido repercusión mediática; aunque no por esa tendencia propiamente dicha, sino a raíz de alguna característica llamativa del ejecutor o de la situación de marras.
No está de más explorar semejante problemática.
Dialéctica del fuego graneado
Basta con remontarse al tiroteo unilateral del 16 de marzo en la Escuela N° 40 Manuel Belgrano, del municipio santafecino de San Cristobal, después de que un chico de 15 años (cuyo nombre se mantiene en reserva por ser menor) sacara de su mochila la escopeta que le había robado al abuelo, matando así al alumno Ian Cabrera, de 13 años, además de herir a otros ocho estudiantes.
Fue bien al estilo de la masacre de Columbine, el colegio secundario del estado norteamericano de Colorado, donde, en 1999, dos alumnos mataron con carabinas a 12 condiscípulos.
Hasta ahora, en Argentina hubo un solo caso resonante en esa modalidad. Fue a fines de 2004 en Cármen de Patagones, la ciudad bonaerense más austral, cuando un estudiante secundario del Instituto Malvinas Argentinas malogró a tres alumnos, hiriendo a otros cinco.
El autor del hecho, apodado «Pantriste» por sus compañeros, era –según los peritajes– esquizofrénico. Y su acto quedó como un hecho aislado.
Hubo, desde luego, otros incidentes de esta naturaleza, pero sin muertes.
Ahora, en cambio, tanto por la aparición inusitada de pintadas anónimas en establecimientos educativos, como por mensajes de WhatsApp, los tiroteos escolares –solo en grado de apología– han comenzado a florecer entre algunos adolescentes como hongos después de la lluvia.
No son menos alarmantes los asesinatos a balazos cometidos por policías fuera del horario de servicio (o sea, cuando son civiles a secas, sin estar atados a la obligación de llevar encima sus armas reglamentarias).
Ese fue el caso del suboficial de la policía porteña Lucas Adrián Gómez, quien, estando de franco el 12 de marzo, acribilló en la localidad bonaerense de Ituzaingó a Juan Cruz Leal, de 21 años, solo porque le «pareció» que lo asaltaría, cuando, en realidad, iba a jugar al fútbol.
Ese también fue el caso, apenas tres semanas después, de la cabo 1ª de la Policía Federal María de los Ángeles Martínez, mientras compartía un vehículo de aplicación con otros dos pasajeros. La cuestión es que –según su testimonio–, al atravesar las calles de Almagro, había empezado a sentirse mal y le pidió al chofer que frenara. Pero él no lo hizo. Y su malestar mutó en paranoia, por lo que desenfundó su pistola. Y los tres hombres resultaron gravemente heridos.
A tales situaciones se les agregan reyertas intravecinales, intrafamiliares, crímenes de género y riñas callejeras, siempre con armas de fuego.
La ley del revólver
Pocos meses antes, en noviembre, el Ministerio de Seguridad había proclamado la reglamentación del régimen que habilita la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas, desregulado en junio pasado por el decreto 397/25 que firmó el presidente Javier Milei y la otrora ministra de esa cartera, Patricia Bullrich. De manera que ahora hay fusiles, subfusiles, carabinas y ametralladoras para todos y todas. Un salto cualitativo, ya que hasta entonces aquella ferrería era solo de uso militar.
Tal decisión fue precedida por otras dos medidas tendientes a flexibilizar el mercado de armas. La primera consistió en reducir de 21 a 18 años la edad para ser «legítimo usuario», y la segunda fue ofrecer un trámite digital de «tenencia exprés» para hacer más ágil su obtención.
Esto había tenido una gran acogida en cierto sector de espíritu público muy proclive al ejercicio de la «justicia por mano propia». No es una novedad que los sueños de la inseguridad crean monstruos.
Pero en el marco actual, lo que el Poder Ejecutivo en realidad oficializó es un semillero de matanzas, malentendidos macabros y suicidios involuntarios. De hecho, solamente el 39% de los asesinatos nacionales son en ocasión de robo, los restantes son muertes causadas –así como suelen caratular los partes policiales– «por cuestiones del momento».
La hora de los ingenieros
Visto desde una perspectiva histórica, el precursor mundial de las ejecuciones ciudadanas fue el «Justiciero del Metro de Nueva York». Influenciado –tal como luego lo confesaría– por la película El vengador anónimo, donde Charles Bronson interpreta a un hombre alicaído por el asesinato de su esposa que decide limpiar a balazos las calles de la Gran Manzana. Este individuo subió a un vagón en Manhattan para acribillar a cuatro muchachos negros de porte sospechoso, ante la atónita mirada de 20 pasajeros. Corría la tarde del 22 de diciembre de 1984 y esa sombra letal acababa de adquirir estatura de mito. Su detención ocurrió ocho días después. Era Bernhard Goetz, un ingeniero delgado, frágil y racista, que había sufrido un robo en 1981. El tipo fue condenado a solo ocho meses de cárcel.
El primer émulo autóctono de Goetz tardó casi siete años en desatar su festín de plomo. Fue el ingeniero Horacio Santos, quien durante el ya remoto 16 de junio de 1990 persiguió en auto por el barrio de Devoto a dos pibes que le habían hurtado un pasacassette, hasta liquidarlos con cinco precisos balazos.
Antes de morir, no representaban ningún peligro para él.
Desde entonces el ejercicio de la «justicia por mano propia» se multiplicó con «vengadores» provenientes de todos los estratos sociales; desde remiseros a empresarios, pasando por jubilados y hasta jueces, como el fallecido Claudio Bonadio, quien en 2001 mató con seis tiros a la espalda a dos malhechores.
Pero, además, el uso de armas por parte del ciudadano común no es sino una fuente inagotable de tragedias para ellos mismos.
Porque andar «calzado» para evitar asaltos no parece ser un buen negocio, dada una dificultad de índole práctica: es casi imposible desenfundar, apuntar y disparar sobre alguien que lo tiene a uno encañonado. Los números no mienten: el 77% de los homicidios en ocasión de robo se deben a la resistencia armada del damnificado.
En consecuencia, cuando se habla sobre los beneficios e inconvenientes del uso civil de las armas, lo que realmente la sociedad discute es la legitimidad de la aún no bautizada «Doctrina de la Seguridad Vecinal», cuyo corpus se cifra en dos pilares: «Hay un Estado ausente» y «La gente está cansada».
Se trata de una polémica que –por el solo hecho de serlo– deja al desnudo nada menos que los bajos instintos que anidan en los seres más insospechados.
Una maldición que el régimen libertario no deja de alentar.
