16 de abril de 2013
Claves del control de precios en supermercados y negocios
de venta de electrodomésticos y el proyecto de la súper tarjeta. Puja distributiva. Las maniobras con el dólar ilegal.
Acuerdo en las góndolas. Una herramienta importante para controlar la inflación, que requiere otras medidas más profundas. (Martín Acosta)
Dos temas se han instalado en la discusión económica y en el devenir cotidiano de la población: los acuerdos de precios con supermercados y el valor del dólar ilegal.
El control de precios en supermercados y cadenas de electrodomésticos, que comenzó por dos meses entre febrero y marzo, ya se ha extendido hasta mayo y según los comentarios podría durar más tiempo aún. Debe resaltarse el apoyo que este ha tenido, no sólo de la población, sino también de los supermercados, en especial los pertenecientes a las cadenas más chicas.
El control de precios es una herramienta importante y evidencia que el Gobierno está tomando medidas contra la inflación, una orientación bienvenida, pero que no soluciona por sí misma el problema; se requieren medidas mucho más profundas, que tienen que alcanzar el examen de los costos, tanto de los grandes distribuidores de mercancías como de sus proveedores oligopolizados. Sería interesante que el Estado avance en el estudio de costos de toda la cadena de comercialización de alimentos y artículos de primera necesidad, para analizar quién se queda con la parte del león. Es sabido, y está ampliamente documentado, que los productores de los insumos primarios, como la leche, el trigo o las legumbres, por citar algunos, reciben una escasa proporción del precio del producto que llega a la góndola para el consumo de la población.
Intervenir en esta cadena resulta indispensable, para que todos sus integrantes puedan lograr una rentabilidad razonable, a la vez que todo este movimiento debería expresarse en precios más baratos para el consumidor.
El acuerdo de precios está en marcha, y los súper deben lidiar con sus proveedores, que presionan por seguir aumentando sus precios. Esta dinámica afecta a los beneficios de comercialización de los supermercados, aunque ya venían mostrando amplios márgenes. Como una estrategia para atacar ese margen tensionado, apareció, desde las organizaciones de los supermercados, la idea de crear una tarjeta de crédito que les cobre una comisión por su utilización de sólo el 1%, cuando las tarjetas tradicionales suelen cobrar el máximo permitido por la ley que las regula, la 25.065, que es un 3%.
Mucho se ha comentado sobre esta súper tarjeta, ha habido muchas idas y vueltas, mientras que las medidas concretas aún son escasas. Comenzó hablándose de un nuevo plástico bancario con supuesta exclusividad, desplazando así a las tarjetas habituales, lo cual generaría una gran complicación para los usuarios. Posteriormente, tomó cuerpo la emisión de una tarjeta no bancaria, sin exclusividad, que surgiría en principio de la unión de los plásticos ya existentes de los grandes supermercados; también se ha comentado que la nueva tarjeta aplicaría una tasa máxima de interés del 22%, aunque lograr su adecuado financiamiento resulta un gran desafío. Con esta dinámica, el tiempo que media entre la escritura de esta nota y el momento en que llega al lector, puede hacer cambiar muchas de las características comentadas. No obstante, todo este movimiento, esas discusiones, han estado presionando a los bancos para que bajen sus comisiones. Más aún, la reducción de las comisiones de las tarjetas se ha presentado como una acción para sostener el congelamiento de precios. Sin embargo, esta política posee diversos efectos sobre los sectores, ya que mientras la baja de comisiones sería permanente, trasladando renta de los bancos a los supermercados, el beneficio a los consumidores sería transitorio, mientras dure el congelamiento.
La rentabilidad de los bancos, que en los últimos años ha venido mostrando tasas históricamente altas, no se va a alterar por un cambio en las comisiones de las tarjetas de crédito. Los principales ingresos que los bancos obtienen de los plásticos emitidos son, por lejos, los intereses cobrados por la financiación de las compras. La tasa promedio que se aplica es del 34% anual, según las últimas informaciones del BCRA, un promedio en el cual están incluidos los bancos públicos que cobran tasas mucho menores que los privados lucrativos. Más altas aún son las tasas que cobran las tarjetas no bancarias, incluidas las propias de las grandes cadenas de supermercados.
Un beneficio que influiría directamente sobre los consumidores, mejorando su poder adquisitivo, sería avanzar en la reducción de las tasas cobradas por ese financiamiento con tarjeta de crédito, colocando nuevos límites máximos. Si bien esta aspiración fue durante décadas de difícil materialización, se convirtió en una posibilidad concreta a partir de las atribuciones que le otorga al Banco Central su nueva carta orgánica votada el año pasado, con amplias facultades para regular las condiciones de los créditos y sus costos.
Fuera de la ley
Se ha instalado ampliamente en los medios de comunicación un pormenorizado seguimiento de la cotización del dólar blue o marginal, eufemismos para evitar mencionar su verdadera condición: dólar ilegal.
Se trata de un mercado reducido y cuya cotización no se sabe a ciencia cierta quién la fija ni cómo, precisamente por estar al margen de la ley. Si sumamos al estrecho mercado que lo sustenta, la elevada especulación que lo guía, puede derivarse rápidamente, aún desde el sentido común, que su valor no refleja en absoluto el devenir de la economía nacional. No obstante, la extrema difusión que se le otorga influye en la formación de las expectativas de muchos agentes económicos. En algunos casos, se aprovechan los valores ilógicos del dólar ilegal para aumentar los márgenes de ganancia en las transacciones que se realizan en las diversas actividades económicas y no puede dejar de reconocerse que es un elemento que enturbia las relaciones en la economía.
La presidenta del Banco Central fue clara al respecto en una entrevista con la Agencia Paco Urondo. Mercedes Marcó del Pont expresó: «Ahora hasta dicen desdoblamiento o devaluación después de las elecciones. Son cosas que no van a ocurrir, porque el Gobierno tiene una política de fondo que se va a mantener». Cabe destacar que la autoridad monetaria tiene todas las posibilidades de cumplir con esas promesas, dado que mantiene un saldo de reservas internacionales más que suficiente para lograrlo, al que deben sumarse las divisas que ingresarán por las ventas de los cereales y oleaginosas, más las medidas de administración de divisas que se han implementado desde 2012.
En el último año, el ritmo de depreciación de la moneda nacional respecto al dólar ha venido creciendo, y en la actualidad, el valor del dólar que se fija en el mercado oficial de cambios viene creciendo a un ritmo que ronda el 18 al 20% anualizado. Esta conducta indica la decisión de que el peso argentino frene su tendencia a la apreciación, es decir, encarecerse respecto a otras monedas.
Es cierto, no es el dólar súper alto de 2006 y 2007, pero el tipo de cambio real multilateral aún está en niveles bastante por encima del que primó durante la convertibilidad. No obstante este nivel está afectando a algunos sectores que evidencian problemas para exportar, pero debe tenerse en cuenta que el tipo de cambio es sólo una de las múltiples condiciones que hacen a la competitividad. El Gobierno puede disponer de una serie de beneficios como subsidios o financiamiento en condiciones accesibles, para mejorar la competitividad en los sectores que lo requieran. Es parte de una política industrial que hay que ir desarrollando.
Debe quedar claro que una devaluación brusca y de magnitud, como buscan muchos de los que están especulando con el valor del dólar ilegal, no es en absoluto una opción, puesto que, en el actual entorno de demanda sostenida, un aumento brusco del dólar se iría inmediatamente a precios y bajaría el poder adquisitivo de los salarios, alimentando una inflación dañina para la economía.
—Alfredo T. García
