14 de marzo de 2026

La estrofa que titula este artículo hace referencia al tradicional tango «Naranjo en flor», y la traigo a colación porque parece definir el requisito que debe cumplir la mayor parte de la población, según el Gobierno libertario, para poder en algún momento beneficiarse de una economía estable y en crecimiento.

Lo que queda claro, por ahora, y ya van más de dos años de gobierno de La Libertad Avanza, es que la fórmula de gestión mantiene la propuesta de repartir padecimientos entre los sectores populares. En primer lugar, a través de un prolongado proceso inflacionario –marzo sería el décimo mes de subas crecientes en el índice de precios minoristas–, sin indicios de una próxima baja.

Al incremento de 2,9% durante febrero se le sumará en marzo, según se espera, la incidencia del incremento en los combustibles, derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sin embargo, relativizó el alza del costo de vida al comentar que «la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos». Justificó el proceso afirmando que se debía a «más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente».

Ganadores
Por cierto, la «corrección» de la que habla Caputo tiene ganadores y perdedores. Y entre estos últimos es inocultable que figuran los asalariados y jubilados, que tienen por delante una perspectiva de mayor pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos.

En febrero se anotaron subas por encima del promedio en rubros básicos como «Alimentos y bebidas» (3,3% en el nivel general, con aumentos del 7% para la carne) y «Vivienda, agua, gas, electricidad y otros» (6,8%).

Es preocupante que la Canasta Básica Alimentaria, que determina el nivel de indigencia, pasara a costar el mes pasado un 3,2% más que en enero, con lo que ya lleva cinco meses consecutivos con mayores variaciones que el nivel general del IPC.

La gradual retracción de la demanda local que se deriva de esas subas, junto a otros factores, tiene como contrapartida un creciente deterioro de las condiciones en las que se desenvuelven las pymes y explica el número creciente de quiebras empresarias, con sus consecuencias en el frente laboral.

Según datos brindados por cámaras de pequeñas y medianas empresas, cerraron cerca de 30.000 compañías en el primer bienio del Gobierno libertario, una cifra superior a la registrada entre 2019 y 2023.

En ese contexto, entre noviembre 2023 e igual mes de 2025 se registran casi 200.000 asalariados privados menos. Perdieron su empleo en ese lapso más de 66.000 trabajadoras y trabajadores en la construcción, 60.000 en la industria manufacturera y 22.000 en actividades inmobiliarias y de alquiler.

Estas señales de la realidad económica y social podrían inducir a los funcionarios a pensar que algo no anda bien, pero lejos de poner en duda el modelo que aplican, lo reafirman, como hizo esta semana el presidente Javier Milei.

Inversiones
La «Semana argentina» fue organizada en Nueva York con miras a «atraer inversiones al país», y para tentar al auditorio compuesto por ejecutivos de multinacionales, el jefe de Estado sostuvo que «Argentina es un excelente caso de negocios».

Desde luego, como ya ocurrió en anteriores experiencias neoliberales, algunas megacompañías extranjeras pueden desarrollar actividades muy lucrativas, más aún cuando se ofrecen rebajas de impuestos y concesiones normativas de todo tipo.

Frente a esa política vengo sosteniendo que lo ideal sería que la explotación de los recursos estratégicos queden en manos de empresas estatales, como garantía de beneficios compartidos con toda la población.

También puede ser adecuada la asociación del Estado con el sector privado, si se logra de ese modo acceder, por ejemplo, a tecnologías de punta o innovaciones de distinto género. Véase el caso de las políticas que aplica la Comisión Europea con las empresas extranjeras. Se propone que el sector público ayude a sostener la demanda de áreas estratégicas industriales a través de contrataciones públicas. Estas operaciones deben tener en cuenta «requisitos de origen de la Unión Europea, de bajas emisiones, o ambas». También se exige que los inversores extranjeros no superen el 49% del capital invertido y garanticen que al menos el 50% de la plantilla de las empresas sea europea en todas las categorías, incluyendo los puestos calificados.

A un modelo de Estado presente que brega por el desarrollo industrial, el esquema libertario le contrapone la entrega de la casi totalidad de los beneficios al socio privado.

Pese a tanto esfuerzo las inversiones tardan en llegar, y en el interín ya se sienten las consecuencias del ataque de Estados Unidos a Irán. Si antes del conflicto bélico ya se tornaba dificultosa la salida a los mercados internacionales de deuda, con las perspectivas de que el conflicto continúe las complicaciones serán mayores. Entre abril y diciembre se deben afrontar vencimientos por unos 12.000 millones de dólares de capital e intereses de la deuda, de los cuales 3.500 millones corresponden al Fondo Monetario Internacional, 4.200 son bonos y 3.200 millones con otros organismos, entre los más relevantes.

El difícil panorama exterior y la alicaída economía interna parecen anticipar un tercer año de sufrimiento y sacrificios de los sectores populares y capas medias, condenados a la espera de una mejora que cada día luce más lejana. 

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