4 de abril de 2026

Adriana Meyer

El informe anual de CORREPI registra más de mil casos en la gestión de Milei y advierte un aumento sostenido del promedio mensual en intervenciones de fuerzas de seguridad.

El Gobierno que encabeza Javier Milei es el que más ha reprimido y matado durante estos 42 años de democracia. A esta conclusión llegó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) al presentar su informe anual con la actualización del listado de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. El informe registró 10.181 muertes en manos de las fuerzas de seguridad en democracia, de los cuales el 10,37% tuvo lugar durante el gobierno de La Libertad Avanza: 1.056 casos. Solo en 2025 hubo 507.

María del Carmen Verdú, abogada y fundadora de CORREPI, expresó: «Estamos en números que nunca antes habíamos imaginado y que se ven todavía más claros cuando comparamos los casos por gestión». Y reiteró que «si con Macri dijimos que había un estado de excepción, ahora afirmamos que esto es un cambio de régimen». La comparación mensual de muertes le da a la gestión de Bullrich y Milei el récord histórico de 42,2 casos por mes. Y los dos años de gobierno libertario suman 285 casos de asesinatos por tiros por la espalda.

Algunos hechos tuvieron más cobertura mediática, como los casos de Octavio Buccafusco, asesinado por la UPPL (Unidad de Policía de Prevención Local) de Vicente López, y la fotógrafa trans Treinti, que murió tras ser embestida por un patrullero de la Policía Bonaerense. En tanto, Gendarmería mató al bagayero Fernando Gómez y al estudiante Ivo Rodrigo Torres en la zona de la frontera con Bolivia. Por otra parte, sigue desaparecida en Neuquén la joven Luciana Muñoz.

Hace un año los datos ya marcaban un avance de gravedad contra los derechos y garantías de las personas. «Desde el primer minuto, la banda de Javier Milei, Patricia Bullrich y compañía se lanzó a reestructurar profundamente el Estado y todo el sistema normativo público y privado y, en apenas un año, buena parte de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida fueron recortados o destruidos, a la vez que redujeron o eliminaron las garantías que en otros tiempos nos permitían defenderlos», dice el informe. «Vino una larga lista de decretos y resoluciones ministeriales que repusieron de facto la Doctrina de Seguridad Nacional: protocolo “antipiquetes”; el Comando Unificado Urbano y el Comando Unificado de Seguridad Productiva; la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad; la Unidad Especial de Agentes Encubiertos; la dudosa línea 134 y la incorporación de nuevos pertrechos para la represión. Además, se sancionaron leyes del Congreso como la de Reincidencia y Reiterancia, “Antimafias” o la más reciente que tiene media sanción de baja de edad de punibilidad, entre otras. También señalamos entonces que, como consecuencia directa de ese cambio de régimen en general, y en particular el endurecimiento del sistema penal y la ampliación de facultades a las fuerzas de seguridad, en apenas un año se advertía un gran incremento de las muertes bajo custodia y los fusilamientos de gatillo fácil, las dos modalidades preponderantes en el Archivo, y advertimos que una proyección de esas cifras hacia el futuro auguraba un récord absoluto de muertes a manos del aparato estatal en periodo democrático», vaticinó la Correpi.

Y así fue. La cifra de 1.056 asesinados en lo que va del gobierno de Milei, proyectado a los dos años de gestión que faltan, muestra que estaremos por encima de los peores guarismos registrados por la gestión de Mauricio Macri: 18,93% con 1.927 casos en 4 años y la de Alberto Fernández, que lo superaba apenas con el 19% y 1.929 casos en 4 años, teniendo en cuenta que en esa gestión fueron muchos menos los casos de gatillo fácil, pero la enorme incidencia del Covid en lugares de detención produjo récord absoluto de muertes bajo custodia.

Gatillo fácil en alza
Los casos de fusilamiento con el arma reglamentaria en esta etapa libertaria ya suman 285. Por supuesto, sigue pendiente el reclamo de Correpi, el Cels y la Comisión Provincial por la Memoria de derogar la obligatoriedad de portación del arma cuando los efectivos se encuentran fuera de servicio. La mayor cantidad de muertes de civiles o particulares sigue ocurriendo cuando los funcionarios de las fuerzas federales se encuentran fuera de servicio. «Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de Estado y que la impunidad es un atributo del poder», sostiene el documento.

Un lugar particular tienen los femicidios de uniforme, que son la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. En los 25 meses de la gestión Milei, se registraron 38 femicidios, travesticidios y transfemicidios a manos de miembros de las fuerzas.

En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención incluso patrulleros, fueron 715 personas. Confluyen los clásicos «suicidios», que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda, a los que, invariablemente, no se presta auxilio o se hace tardíamente. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados «coches-bomba» (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica.

Letalidad porteña
A juzgar por las cifras del Archivo, la Policía de la Ciudad sigue siendo la fuerza más letal del país, ya que, si comparamos la cantidad de casos de gatillo fácil de esa fuerza contra la tan temida Policía Bonaerense en el mismo período, desde su creación, el 1º de enero de 2017, resulta que la Policía de la Ciudad tiene registrados desde esa fecha 195 muertes (excluyendo muertes bajo custodia), contra 630 en iguales circunstancias de la Bonaerense. Pero según datos oficiales de los propios ministerios, la Ciudad tiene 27.000 efectivos aproximados, contra más de 100.000 de la provincia, por lo que su letalidad es muy superior.

Los y las militantes de Correpi afirman: «Compartimos y aprendemos de familiares que han perdido a sus pibes y pibas, transformando ese dolor en organización, en búsqueda no solo de justicia en los tribunales sino por la conciencia: cuidar el presente y las memorias que nos sostienen, defender a lxs niñxs y adolescentes, y construir comunidad frente a la violencia estatal». El Archivo de Casos de Correpi cumple 30 años, desde aquella primera vez que fue presentado en Plaza de Mayo en 1996, y se ha convertido en una herramienta para el debate sobre la represión en democracia como política de Estado en Argentina. Una herramienta que permite determinar que a fuerza de gases, balas, detenciones arbitrarias y heridas graves, la administración libertaria consiguió liderar como la más represiva desde 1983.

Compartir