30 de abril de 2026

Ya no resulta novedoso el escenario de contracción económica que venía preanunciando el conjunto de entidades gremiales empresarias no corporativas, especialmente lo expresado en los documentos de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), y que en la última medición del EMAE se demuestra palmariamente:
-Caída del 3,2% interanual de la producción industrial con 11 de los 16 sectores en franco retroceso;
-el nivel general de la capacidad utilizada es del 53 %, la menor desde el macrismo; es decir, casi la mitad del aparato productivo esta ocioso;
-los pocos sectores «beneficiados» son el agro, minería y combustibles, vinculados a la dolarización de la economía, no generan empleo ni derraman. La mayoría de los sectores en caída, como construcción, industria y comercio (que dependen del mercado interno, o sea de ingresos en nuestra moneda nacional), son los que tradicionalmente generan más empleo.

En un informe del CESO del 8 de abril, citado en Página/12, se consigna que desde diciembre de 2023 se habrían perdido cerca de 500.000 puestos de trabajo, de los cuales 270.000 provienen de registrados (públicos y privados) y con más de 220.000 pérdidas de los no registrados, evidenciando el crecimiento de la precarización laboral y una informalidad que afecta al 45% de la población activa.
Mientras cae el consumo básico, un ejemplo alarmante es el del 17,2% menos de consumo en la leche fluida, que es uno de los indicadores más sensibles del poder adquisitivo en caída libre, o el casi 14% menos de ventas en unidades en supermercados y autoservicios, cuando se observan porcentajes de incremento desde diciembre 2023 en materia de tarifas de servicios públicos que superan en casi tres veces el índice inflacionario que publica el INDEC.

Esto impacta sensiblemente en los ingresos de las familias más vulnerables y también de las clases medias, así como afecta los costos empresarios en energía e insumos, es decir impacta en los presupuestos cada vez más desequilibrados de las pequeñas y medianas empresas.

Por lo expuesto, lo que realmente avanza en nuestro país es el fenómeno de la estanflación, a través de una política decidida a aplicar un ajuste brutal del gasto público plasmado, entre otras cuestiones sensibles, en obra pública cero y la disminución gravosa de aportes a provincias y a los sectores sociales más vulnerables.

Mientras tanto, la inflación está en escala ascendente desde hace diez meses.

Mar de fondo
En ese marco, aparecen síntomas preocupantes en el escenario industrial. Se habla de depresión empresaria a partir de las decisiones de cierres definitivos de empresas de larga trayectoria industrial y tecnológicas, que podrían producir un efecto cascada en muchas pymes que forman parte de la red vinculada de proveedores, ante el panorama sin perspectivas esperanzadoras que arroja este modelo neoliberal «salvaje», donde solo avanzan las corporaciones monopólicas. Reinan allí los sectores con ingresos dolarizados y fuerte concentración, de origen extranjero, que solo pueden augurar cero derrame, mínimo empleo y escasas divisas para el país.

Ante este brutal ataque a la industria («la mejor política industrial es no tener política para la industria», dijo Caputo), las grandes cámaras corporativas, como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), solo atinan a manifestar: «Estamos de acuerdo con el camino que se tomó, pero no con las formas, exigimos más respeto». Lo cierto es que estas entidades empresarias se jugaron por este modelo, le escribieron la «modernización» de las leyes laborales que nos retrotraen más de un siglo atrás y abogaron por la apertura indiscriminada y por la quita de impuestos directos que hizo caer la recaudación fiscal, lo que lleva a la parálisis científica, educacional y de la obra pública.

Quizás por ello aparece un mar de fondo interno entre los genuinos industriales, aquellos «no beneficiados» que se resumen en las palabras de despedida del renunciante director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, quien después de más de 20 años como economista jefe de dicha entidad afirmó: «La Argentina fue, es y tiene que ser un país industrial».

Las organizaciones gremiales del empresariado nacional comprometido deberán continuar forjando un profundo debate para instalar en la sociedad los valores de defensa del bien común y de la justicia distributiva, poniendo eje en el mercado interno y la soberanía económica, la preservación de nuestros recursos humanos y naturales. En definitiva, tienen el desafío de promover la ampliación de un bloque que enfrente decididamente a la aplicación de este modelo antisolidario e inhumano que se cierne sobre nuestro pueblo.

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