7 de julio de 2026
Foto: Sandra Rojo
¿Cómo protege hoy el Gobierno a las mujeres y diversidades que sufren violencia machista después de haber desmantelado las áreas, los programas y los equipos especializados que tenían esa responsabilidad?
Hace exactamente dos años, organizaciones feministas y de derechos humanos –ELA, Fundeps, FEIM, Ni Una Menos, Mujeres x Mujeres y ACIJ– presentaron una demanda en la Justicia para exigir esa respuesta. Dos años después, en los tribunales siguen durmiendo la causa, sin dar ninguna solución: la Corte Suprema mantiene pendiente desde mayo de 2025 un recurso para restablecer una medida cautelar que ordenaba frenar el desarme de esas políticas, mientras el Ministerio de Justicia aún no acreditó en la causa cómo garantiza actualmente la prevención, la atención y el acceso a la Justicia para las víctimas, obligaciones que siguen siendo responsabilidad del Estado. La causa principal está en manos del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1, a cargo del juez Enrique Alonso Regueira, que la tiene cajoneada.
A poco de asumir Javier Milei, en apenas unos meses, desarticuló políticas construidas durante años para brindar atención y asistencia a víctimas. Lo llamativo es que, mientras eliminaba programas y despedía personal especializado, nunca explicó cómo lo reemplazaría. Porque la Ley 26.485, de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, sigue vigente, del mismo modo que la Ley Micaela –que establece capacitaciones obligatorias en género y violencia todo el personal de los tres poderes del Estado– y obligaciones internacionales asumidas por la Argentina como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que fijan estándares de políticas para proteger a las mujeres de la desigualdad estructural y la violencia machista.
Curiosamente, la única propuesta promovida por el oficialismo en estos años, además del desmantelamiento de políticas públicas, apuntó a desalentar las denuncias y a reforzar el mito de que las mujeres mienten: me refiero al proyecto de ley que aumenta las penas en casos de falsas denuncias de violencia de género y abuso sexual, impulsado por la senadora Carolina Losada, con el apoyo del Gobierno. Esa iniciativa se fundamenta en que una supuesta avalancha de denuncias falsas y miles de varones afectados. Un reciente relevamiento del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos derribó con datos precisos y actualizados las mentiras que repetían Losada y legisladores y funcionarios libertarios. Sobre más de 8 millones de investigaciones penales registradas en 19 jurisdicciones del país durante los últimos tres años, las falsas denuncias representan el 0,09% del total. Este dato no acredita ningún fenómeno criminal de escala que requiera agravamiento de penas. Además, 9 de cada 10 casos de falsas denuncias corresponden a conflictos de otra índole, que no son de violencia de género ni intrafamiliar.
Mientras tanto, los femicidios continúan ocurriendo con una frecuencia estremecedora: uno cada 44 horas.
Detrás de cada uno hay una historia conocida: en algunos casos, denuncias previas, amenazas, restricciones incumplidas, pedidos de ayuda e hijos e hijas que quedan huérfanos.
Las estadísticas de la Corte Suprema reflejan que el 83% de las víctimas conocía a su agresor; la mayoría fueron asesinadas por parejas o exparejas; decenas de niñas y niños quedaron sin madre. Esos femicidios son la punta del iceberg. Por debajo, hay miles de mujeres que enfrentan cotidianamente violencias de género sin encontrar protección oportuna ni efectiva.
El Gobierno sostiene que eliminó estructuras para hacer más eficiente al Estado, pero cuando la Justicia le pregunta quién protege hoy a las mujeres en situación de violencia, no logra responder.
Solo en el primer semestre de 2026 se registraron 121 víctimas fatales de violencia de género en Argentina, según el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro: 105 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 5 transfemicidios y 11 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Los derechos no desaparecen porque un Gobierno decida dejar de nombrarlos. Tampoco las violencias.
