23 de septiembre de 2023

Pablo Leonardo Uncos

El presidente Nayib Bukele, de gran popularidad, impuso un modelo represivo contra las pandillas que logró trascender a la región. Derechos humanos vulnerados y lecciones no aprendidas de la historia.

El Salvador transita un año y medio bajo el régimen de excepción, medida que la Constitución prevé por 30 días, pero que se ha extendido indefinidamente. Desde entonces, el controvertido presidente Nayib Bukele goza de gran popularidad, basada en un régimen de hiper mano dura y propaganda permanente. Varias organizaciones internacionales reportan violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pero el «efecto Bukele» se expande en la región, y buscará su reelección en las presidenciales salvadoreñas del próximo año.
El 26 de marzo de 2022, en medio de una ola de homicidios que dejó 87 muertos en ese fin de semana, Bukele ordenó, vía Twitter, una sesión de emergencia a la Asamblea Legislativa. Al día siguiente todo El Salvador amaneció bajo un «Régimen de Excepción», que suspendía garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso y la libertad de expresión. Sin embargo, en otro mensaje en esa red social, Bukele prometía que, «para la inmensa mayoría de personas, la vida continúa normal».
No fue así. Cifras del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hablan de más de 68.000 detenidos en un año y medio, de las cuales «más de 3.000 fueron arbitrarias». Así lo denunció la organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal. Su conclusión fue lapidaria: «Sin investigación previa fueron capturadas miles de personas que han sido sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes […]. Se transitó así del terror de las pandillas a la violencia sistemática del Estado».
Por su parte, partidos de la oposición, como el izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN), denunciaron «judicialización de la política». Así, le explicó a Acción el diputado Jaime Guevara, jefe de facción del FMLN en la Asamblea Legislativa: «El régimen de excepción, extendido en forma indefinida e injustificada, se ha trasformado en un régimen de persecución política». Guevara reconoció «logros» de la policía salvadoreña al capturar algunos cabecillas de las maras, pero denunció persecuciones contra líderes sociales, sindicalistas y militantes: «Hace poco salió de prisión uno de nuestros asesores que trabaja aquí, en la Asamblea. Lo detuvieron en la vía pública por un problema de parqueo, le aplicaron el régimen de excepción y se fue seis meses a la cárcel».
Los informes de las organizaciones internacionales señalan que, bajo el Régimen de Excepción, tales prácticas son comunes y muchos detenidos terminan en juicios colectivos de más de 300 personas, en donde es inviable ejercer una defensa. Sin embargo, el 1 abril de este año Bukele celebró, vía Twitter, que El Salvador transitaba, con cero homicidios, «el momento más seguro de su historia». Un mes antes, el World Prison Brief –base de datos internacional sobre los sistemas carcelarios del mundo– denunciaba que, bajo el Régimen de Excepción, el país tenía una tasa de 1.540 personas en prisión por cada 100,000 habitantes, lo que se traducía como el 2% del total de la población salvadoreña encarcelada.

Guerras de propaganda
Bukele supo capitalizar el lenguaje exaltado y polarizador de las redes sociales. Se puede construir un «ranking de influencia» buscando en Internet los nombres de los presidentes centroamericanos. Allí Bukele se impone con 17 millones de ítems, en solo cuatro años de gobierno. Completan la lista el nicaragüense Daniel Ortega –con 11 millones, para una trayectoria de más de cuarenta años–, seguido del resto de los mandatarios, con cifras muy inferiores. El fenómeno Bukele se puede cuantificar en violaciones a los derechos humanos, pero también en récords de tendencias, tuits y seguidores.
En diálogo con Acción el activista salvadoreño por los derechos humanos Benjamín Cuéllar Martínez, miembro fundador de la agrupación VIDAS –víctimas demandantes por violaciones a los derechos humanos–, admite que Bukele «vendió exitosamente su modelo a los salvadoreños y al resto de la región. Ciudadanos ecuatorianos y argentinos quieren repetir la experiencia salvadoreña. Pero combatir la barbarie de las maras con la barbarie del Estado solo incrementa la barbarie».
Paradójicamente, Bukele utilizó imágenes de presos hacinados en Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT) como parte de una estrategia exitosa de propaganda política. Que el país más pequeño de América abriera una de las cárceles más grandes del mundo, con capacidad para 40.000 reclusos, generó intensos debates en la comunidad y opinión pública internacionales. Frente a esos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó en dos oportunidades al Estado salvadoreño para que explicara la situación del país, pero el Gobierno Bukele no asistió a las audiencias públicas y acusó –vía Twitter– a la CIDH como «intervencionista».
Sobre este asunto, la directora de la división para las Américas de Human Rigth Watch, Juanita Goebertus, le explicó a Acción que «Bukele forma parte de un clamado populista regional que, a nivel interno, logra grandes réditos políticos, pero que a nivel externo socava y debilita la legitimad del sistema interamericano de derechos humanos». En esa línea, Goebertus puntualizó: «Nos preocupa que líderes políticos de otros países, como algunos candidatos a las elecciones locales de Colombia y a las presidenciales en Argentina, quieran emular el modelo salvadoreño».

Déjà vu
Los especialistas coinciden en que las políticas de encarcelamiento masivo, y sin programas sociales, no se traducen, en el largo plazo y de manera sostenible, en una reducción de los índices de violencia. Al respecto, el prestigioso criminólogo colombiano Fernando Tocora García –autor de Política criminal en América Latina (1990)– le explicó a Acción que «la política criminal de Bukele se afianza en las funciones negativas de la pena, que no debe ser cruel ni inhumana, aun cuando su crimen lo haya sido. Con ello, solo se aumentará el resentimiento y el odio social de pandilleros y de jóvenes que, sin serlo, pueden ser confundidos con ellos».
Por su parte, el activista Benjamín Cuellar advierte: «Esta historia ya la vivimos. El Salvador atraviesa cíclicamente por picos de violencia extrema, treguas, elecciones y rupturas de negociaciones». Como ejemplo menciona al expresidente Francisco Flores (1999-2004), del partido derechista ARENA, que asumió con un promedio de 7.000 homicidios al año y, en poco tiempo, lo redujo a 2.000. «Aquello fue producto de treguas con estructuras criminales. Lo mismo que cuando asumió Bukele», remarcó.
En la pared de su oficina, Cuellar tiene un póster del monseñor Oscar Arndulfo Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por escuadrones de la muerte el 24 de marzo de 1980. El hecho ocurrió durante una homilía en homenaje a víctimas del régimen. Desde el púlpito Romero denunciaba a la Junta Militar que gobernaba de facto, y les exigía a gritos: «¡Paren la represión!». Como producto de una guerra civil de doce años El Salvador llegó a la cifra récord de 75.000 muertos y un millón de desplazados. Cuellar evoca esos años y concluye: «Los niveles de violencia de El Salvador fueron únicos en la región. Ni en la guerra civil de Nicaragua murió tanta gente».